Desde el lunes, día en que el juez de la Corte de Estados Unidos Thomas Griesa rechazó la apelación de la Argentina contra los holdouts, mucho se escuchó sobre la posibilidad de entrar en una cesación de pagos. Para algunos, incluso, desde ayer a la noche cuando se conoció un comunicado oficial que advertía sobre la imposibilidad de pagar el vencimiento en Nueva York, el país ya había entrado en default. Sin embargo, nada es tan inmediato, porque aunque el gobierno de Cristina Fernández no pague el bono que vence el 30 de junio, la declaración de default no ocurrirá hasta un mes después. Esto porque recién en esa fecha caen los Credit Default Swap -el seguro que los tenedores de bonos compran para protegerse contra el impago de sus títulos. Aún con esa "prórroga" técnica, se está frente a un estrecho lapso en el que la Argentina deberá encontrar sí o sí una solución.

La cronología de los acontecimientos, así como la catarata de información al respecto, generan preocupación y apremio, y aunque es real que el default técnico es una posibilidad cierta, en la práctica aún quedan 30 días para evitarlo. La cesación de pagos, en realidad, se formaliza recién un mes después de incumplir el pago del próximo vencimiento (unos u$s 900 millones). Si bien la situación argentina sigue siendo complicada estos tiempos son claves porque le permitirían al país remontar una posible negociación para llegar a un acuerdo con los bonistas.

Para los especialistas, es tiempo que hay que saber aprovechar. “O bien para negociar con los holdouts una forma de pago que nos permita cumplir con el fallo o para dar señales de que la negociación marcha bien y, entonces, ambas partes pidan al juez que suspenda nuevamente la ejecución del fallo”, dijo el director de la consultora Libertad y Progreso, Aldo Abram. Y agregó: “Esto último podría implicar que el Gobierno tenga que dar alguna garantía”.

Por su parte, el economista jefe de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, aseguró que estos 30 días de gracia, “son una buena oportunidad para intentar cerrar un acuerdo del estilo al que se llegó con Repsol”. Y aseguró que otra alternativa sería “emitir un bono por u$s 1.500 millones en el mercado de Nueva York, aunque luego lo embarguen” porque de esta forma “Argentina gana cerrar el juicio sin entrar en default y sin arriesgar la cláusula Rufo”. Esta clúsula, que vence en diciembre de 2014, da a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en el canje.

Por ahora el gran interrogante es ver qué elige el Gobierno: si retoma el diálogo con los holdouts o si el país entra definitivamente y efectivamente en default.