Convocado por la UCR, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, disertó en Paraná sobre “El control republicano en la Argentina y el avance sobre la independencia de la Justicia”
Acompañado por los máximos referentes radicales, el Auditor fue consultado sobre el último informe de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), que señaló graves deficiencias del Estado argentino en la lucha contra los negocios ilícitos.
El documento analiza principalmente el desempeño de los principales órganos de control del Estado y da cuenta de la falta de avances en la lucha contra la corrupción, y detalla las falencias halladas en esos organismos.
Al respecto, Despouy, indicó que la OEA realizó “una serie de recomendaciones, entre las que figura la necesidad de fortalecer los órganos de control” y sostuvo que “el país está entre los primeros puestos en el ranking de falta de transparencia”.
Tras cuestionar la falta de reglamentación de la norma que crea la Auditoria General de la Nación y las consecuencias que ello trae aparejado, sostuvo que lo mismo sucede en aquellas provincias que tienen mecanismos de control, pero “que no funcionan”.
En este marco, mencionó que en Entre Ríos con la reforma constitucional se crearon órganos de control, pero los mismos no funcionan.
“En general, el país tienen debilitados y anestesiados sus órganos de control”, enfatizó.
La problemática de la corrupción instalada en el país atravesó gran parte de la conferencia de prensa que brindó Leandro Despouy: “Según mi experiencia como Auditor General, en el país es un muy difícil juzgar la corrupción”.
En este marco, se mostró de acuerdo con una reforma judicial, pero que apunte a generar más derechos, no a obstruirlos, y que persiga la celeridad a la hora de “juzgar actos de corrupción”.
Puso como ejemplo, el caso del exfuncionaro del área de transporte, Ricardo Jaime, al que recién se pudo investigar una vez que dejó de ser funcionario. “Es gravísimo el problema de la falta eficacia de la Justicia en la lucha contra la corrupción”.
“Hay que reformar la Justicia, pero para desterrar la corrupción y para mejorar y agilizar los mecanismo de control, sostuvo.
Para Despouy, los principales focos de corrupción dentro del aparato estatal proliferan en la entrega de subsidios y en las transferencias que hacen los Ministerios a través de programas sociales.
Criticó la “falta de un control adecuado” y sostuvo que “probablemente en esos dos sectores se den con mayor posibilidad presuntos desvío de fondos”. Y enseguida también puso el eje en “la debilidad que tiene el sistema de ejecución presupuestaria”, donde una cosa es lo que aprueba el Congreso y otra lo que se termina ejecutando. Por ello apuntó: “La discrecionalidad de los fondos públicos es el principal instrumento que genera corrupción”.
“¿La recomendación para que esto se revierta”?. Lo que plantea la OEA, que funcionen los organismos de control”, manifestó.
• El sistema ferroviario en el ojo de la tormenta
Dijo que la ciudadanía tomó en cuenta la importancia que implica la lucha contra la corrupción cuando se produjo la tragedia ferroviaria d Once. “En ese momento puso la mirada en las consecuencias que puede generar la corrupción”.
Refiriéndose puntualmente a los controles que se ejercen sobre el sistema ferroviario, afirmó que “hay observaciones críticas muy específicas”
All Mespotámica, que presta servicios en la provincia, fue una de las empresas auditadas, y se constató que cayó en “gravísimos incumplimientos”, como la falta del pago de canon, pésima prestación de servicios, deficiencias en los pasos a nivel, y falta de mantenimiento.
“En el caso de esta firma en el 2008 dimos cuenta del incumplimiento de esta empresa y que ya estaban dadas las causales de rescisión de contrato”, señaló.
“La Auditoria ha marcado los graves problemas de vulnerabilidad que existen en la red ferroviaria nacional, lo cual ocasiona tragedias evitables, como la de Once”, sostuvo.
En este marco, también se refirió a los millonarios subsidios que el Estado ha otorgado a las empresas sin que éstas den cuenta de un mejoramiento en la calidad del servicio.
Por ello, la Auditoría ha realizado recomendaciones en las que pone de manifiesto la necesidad de “transparentar la entrega de subsidios” y que “el Estado examine que los fondos hayan sido aplicados para la finalidad para la que fueron otorgados”, explicó.
Tras aclarar que “lamentablemente el Estado no está obligado a hacer lugar a las recomendaciones de la Auditoría”, destacó que el expresidente Néstor Kirchner al comienzo de su mandato “fue mucho más sensible a los informes de la Auditoria en lo que concierne a las rescisiones de los contratos”. Y acotó: “Luego las recomendaciones no tuvieron el mismo eco que habían tenido al comienzo”.
• Auditoría en Papel Prensa
En otro tramo de la conferencia, Leandro Despouy, se refirió al rol del organismo de control en el caso de Papel Prensa: “Recibimos una solicitud del secretario de Comercio Interior (Guillermo Moreno) para que hagamos una auditoria. En ese caso, la comisión parlamentaria mixta Revisora de Cuentas se pronunció en contra de su realización por entender que no se aplicaba la ley de administración financiera debido a que el Estado no tenia el 51 por ciento de las acciones”.
“Luego, el año pasado, una nueva composición de la comisión, solicito una auditoría a Artear y a Papel Prensa”, dijo, al tiempo que detalló: “Iniciamos una auditoria sobre Artear y está en trámite una en Papel Prensa. Está en curso y no hemos llegado a finalizar un informe, por lo que no puedo expresarme sobre la cuestión de fondo”, indicó.
• Posible intervención al Grupo Clarín
Más adelante, esta Agencia le consultó sobre la denuncia que realizó el periodista Jorge Lanata en su programa de televisión sobre la posibilidad de que el Gobierno disponga la intervención del Grupo Clarín.
“Nosotros podríamos intervenir sólo si hay una solicitud del Congreso de la Nación. Se trata de una empresa privada y podríamos intervenir sólo si se la transforma en una empresa con mayoría estatal”, explicó.
“Sólo en ese supuesto tendríamos posibilidades de auditar, ya que no podemos auditar la cuestión privada”, subrayó en declaraciones a esta Agencia.
• Declaraciones juradas
Una de las cuestiones que destacó Despouy de la reforma judicial fue el punto que hace referencia a la obligación de resentar sus declaraciones juradas a los funcionarios de los tres poderes del Estado. “Es muy positivo, ya que todos los ciudadanos que cumplen una función publica deben hacer pública su declaración jurada”, dijo.
“Somos servidores públicos, manejamos cosas del orden de lo público y, por lo tanto, estamos obligados a rendir cuentas en forma pública”, remarcó.
• Blanqueo de capitales
El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, es uno de los convocados para este martes por el Senado a un plenario de comisiones en el que se va a tratar el proyecto de blanqueo de capitales.
Tras aclarar que desconoce las preguntas que le formularán los legisladores, resumió: “Siempre milito a favor de un mayor control”.
“Tratare de argumentar para poder probar los beneficios que tiene una mayor participación de los órganos de control”, anticipó.
• Ampliación de las auditorías en el plano ambiental
También se le consultó sobre la marcha de las investigaciones con las que se encontró en la Auditoría, cuando asumió en el 2002: “En general, todos los informes que estaban en marcha se pudieron terminar”. Mencionó uno vinculado a Aerolíneas y otro sobre el Pami, entre otros, y destacó que “se avanzó sobre muchos informes que estaban estancados”.
Resaltó por último que “se amplió muchísimo el campo de las auditorías ambientales”.
De la disertación participaron los diputados nacionales Atilio Benedetti, Fabián Rogel y Jorge Chemes, los legisladores provinciales Agustín Federik y Fuad Sosa, y el presidente del partido, Jorge D´Agostino.






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