Unos días más tarde de lo previsto, se pondrá en marcha esta semana la propuesta oficial de renuncia voluntaria a los subsidios por parte de usuarios residenciales de electricidad, gas y agua. Pero en el seno del Ministerio de Planificación –el centro estratégico donde se define quién pagará más por esas prestaciones debido al retiro del aporte estatal– aún no tienen precisiones con respecto a los mecanismos que se utilizarán para encarar el reempadronamiento de todos los clientes y así definir quiénes conservarán el aporte estatal y a quiénes se les será retirado. El resultado de esa operatoria derivará en un aumento de entre dos y cuatro veces, de acuerdo con el tipo de consumo, en la boleta de servicios públicos, para ciertos grupos.

La mayoría de las distribuidoras metropolitanas (Edenor y Edesur en el caso de la electricidad, y Gas Ban y Metrogas para el gas) tenían ayer listos los mecanismos solicitados por el Gobierno para poner en marcha hoy la renuncia voluntaria. Fuentes oficiales, sin embargo, confirmaron que esa ronda de consultas masivas no arrancará hasta mañana o el miércoles.

Hay dos motivos sobresalientes: por un lado, los técnicos de Planificación trabajan contra reloj para ajustar el funcionamiento de la página web que canalizará los pedidos. La otra razón, en cambio, es más estratégica: el Gobierno quiere hacer un anuncio formal con la apertura de la quita voluntaria para generar un efecto contagio entre los usuarios, según explicaron interlocutores habituales de funcionarios.

"Se están terminando la página web y los formularios de renuncia. Cuando eso esté listo lo vamos a anunciar", explicaron allegados al ministro de Planificación, Julio de Vido.

Ese Ministerio concentrará todos los procedimientos. Las páginas web de las distribuidoras tendrán un link que vinculará con un sitio que dependerá de Planificación. Y las oficinas comerciales de las empresas derivarán a ese Ministerio los pedidos que reciban personalmente.

En no más de 10 días, además, Planificación quiere concretar una jugada más ambiciosa. Anunciará el envío de formularios de consulta (una "especie de declaración jurada", según el ministro de Economía, Amado Boudou) a unos cinco barrios de la Capital y el Gran Buenos Aires. Los candidatos son los vecinos de Belgrano, Nuñez, Palermo, Retiro y Recoleta. Pero también se sumarán barrios acomodados de la provincia de Buenos Aires, como La Horqueta.

Será el comienzo de un proceso masivo para reducir los aportes del Estado a los usuarios residenciales. Pero en el Gobierno aseguran que aún no están listos los criterios para definir quién retendrá los subsidios y quién los perderá.

Allegados a De Vido aseguraron que se tomarán en cuenta una serie de variables. Una de ellas será el ingreso "por grupo familiar", pero no sería excluyente. El proceso culminaría con la visita de una asistente social para confirmar las "condiciones de vida".

En medio de la nebulosa técnica y operativa que rodea a esos criterios intentarán trabajar esta semana las asociaciones de consumidores, que tendrán reuniones con el Enre y el Enargas, los entes reguladores de la electricidad y del gas. El Gobierno las quiere como escudo ante posibles críticas. Esos grupos intentarán hacer prevalecer de criterio de que no sólo se cuenten los ingresos sino también los egresos, algo que no ven de buena gana en despachos oficiales. Defenderán dos grandes objetivos: los jubilados en general (hasta el momento sólo retendrán subsidios los que cobran la mínima) y el caso de los inquilinos.