Cerca de las dos de la madrugada de hoy, el gobierno nacional elevó su documento a la Cámara de Apelaciones del segundo circuito. El Exchange Bondholder Group advirtió sobre las posibles consecuencias globales de un fallo adverso.
Al cierre de esta edición, la Argentina presentaba su documento de argumentación contra los fondos buitre ante la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. El plazo de presentación vencía a la medianoche de la ciudad estadounidense, las 2 de la madrugada del sábado en el país, y el gobierno nacional decidió trabajar hasta último momento en los detalles legales con el equipo de abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y los cuadros técnicos del Ministerio de Economía.
Los pasos de la Argentina son conocidos y apuntan a destacar que una decisión favorable a los holdouts sería violatoria de la ley y perjudicial para el mercado financiero mundial, que perdería la confianza en las reestructuraciones de deuda. Sin embargo, se especulaba en torno de la posibilidad de una propuesta de acuerdo en la línea de los anteriores canjes, como deslizó en noviembre el titular de la cartera económica, Hernán Lorenzino.
Tiempo Argentino se comunicó con fuentes del Ministerio de Economía, que prefirieron no hacer declaraciones hasta tanto no se hiciera efectiva la propuesta argentina.
A lo largo de la jornada tuvo lugar además una presentación del Exchange Bondholder Group (EBG) ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York con el pedido de que se revea la interpretación de la cláusula Pari Passu (trato igualitario, en la jerga financiera) que estableció en noviembre el juez Thomas Griesa, por "infringir inadmisiblemente los derechos de propiedad de terceros inocentes en una violación de los principios fundamentales de equidad".
Los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, encabezados por el fondo Gramercy, señalaron en su texto que el nudo gordiano de la interpretación de la aplicación del concepto de la cláusula de igualdad. "No hay ninguna decisión de ningún tribunal de Nueva York, por no hablar de la Cámara de Apelaciones, que arroje alguna luz –más allá de los preceptos más generales– sobre cómo se debe interpretar una cláusula pari passu, en particular en los acuerdos de deuda soberana", explicaron.
A partir de esa base, apuntaron que de mantenerse la interpretación sesgada que realizó Thomas Griesa en primera instancia los países soberanos y otras entidades emisoras van a pensar dos veces antes de usar la ley, el sistema legal y los servicios financieros de Nueva York, ya que tienen la opción de hacer negocios en otros centros financieros como Londres o Singapur. "Aunque sea entendible la frustración de la Corte, es contra la ley e inconstitucional que una orden judicial viole los derechos de terceros acreedores de esa manera y priorice los intereses de NML", subrayaron.
Además, puntualizaron que avanzar en el sentido que piden Griesa y los buitre sería particularmente injusto porque si el país tiene la capacidad financiera para pagar en tiempo y forma en la actualidad es gracias a que los tenedores que ingresaron a los canjes aceptaron descuentos de más de 70 centavos por dólar. "La decisión viola los derechos de los tenedores en el marco de la Quinta Enmienda, que prohíbe la privación de la propiedad privada para objetivos privados", argumentaron.
Además, apuntaron que la decisiones de la justicia de Nueva York ya influenciaron las percepciones de gobiernos, mercados, emisores e instituciones financieras. Para demostrarlo, recordaron las fluctuaciones de los precios de los bonos argentinos (de hasta un 26%) que se generaron al disminuir la confianza de los inversores, que se ataron a la especulación e incertidumbre a partir de los fallos de Thomas Griesa. "Una resolución definitiva de la Cámara de Apelaciones de Nueva York restaurará la estabilidad", se esperanzaron en su escrito. «
el cronograma judicial
La presentación de la Argentina ante la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York abrió el cronograma que los jueces que la componen habían dispuesto en su fallo del pasado 28 de noviembre, cuando dejaron en suspenso la decisión del magistrado Thomas Griesa que obligaba al país a depositar U$S 1330 millones en una cuenta a favor de NML Capital.
¿Cómo sigue la historia luego de este primer paso? El 4 de enero será el próximo turno y habrá lugar para que hagan una presentación aquellos terceros actores que quieran intervenir y dar su opinión sobre la evolución del caso, oportunidad en la que se esperan fuertes apoyos para la Argentina; el 25 de enero será el turno de los fondos buitre para elevar un documento con sus posiciones, que tendrán en cuenta los lineamientos de los documentos que presentaron el gobierno nacional y los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010; el 1 de febrero habrá un nuevo turno para otorgar las respuestas que correspondan tras la intervención de todos los actores; y finalmente, el 27 de febrero será el momento de que las partes se encuentren cara a cara y viertan sus argumentos orales frente a los jueces Rosemary S. Pooler, Barrington D. Parker y Reena Raggi, para resolver la cuestión de fondo: la interpretación de la cláusula pari passu y su influencia sobre los pagos cotidianos de la Argentina.
Paralelamente a este proceso todavía queda por definir si la Cámara de Apelaciones acepta reunir a los 13 jueces que la componen en total, como pidió el gobierno argentino a principios de noviembre para presentar sus argumentos directamente a los magistrados.


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