La ejecución de las represas sobre el río Santa Cruz quedó consolidada hace pocos días con la firma de varios convenios entre los presidentes de Argentina, Mauricio Macri y de la República Popular China, Xi Jinping y mientras se define el plazo de inicio de las obras centrales, continúa el de los obradores.

Hay que recordar que las futuras represas, a las que anticipadamente se les impuso el nombre de "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic" serán levantadas por el consorcio chino-argentino Gezhouba Group Company-Electroingeniería-Hidrocuyo, con financiamiento aportado por bancos de China.

El proceso de construcción fue suspendido en diciembre de 2015 por el Gobierno nacional para una revisión técnica y económica del proyecto ejecutivo original, lo cual derivó en una adenda al contrato y luego se produjo una medida cautelar adoptada por la Corte Suprema de Justicia.

La misma tuvo su origen en recursos de amparo presentados por varias organizaciones ambientales, por lo cual el máximo órgano judicial ordenó que se hiciera un nuevo estudio de impacto ambiental, bajo la ley nacional, el cual fue encomendado a la empresa estatal EBISA. 

Igualmente, mientras ello ocurría, en los obradores se mantuvo un movimiento mínimo en tareas secundarias permitidas por la Corte. 

Aranguren señaló que el estudio de EBISA "confirmó su viabilidad" y detalló que la adenda determina que "la obra pasa a ser del Estado Nacional (antes era de la provincia), que producirá energía de base y no de pico (de la demanda)" y además se estableció una reducción de la cantidad de turbinas "sin afectar significativamente la producción de energía".

El funcionario también indicó: "la semana próxima EBISA cursará el informe respectivo a las autoridades energéticas y ambientales a nivel nacional y provincial".

Aranguren espera que estos entreguen sus dictámenes a fines de junio, a partir de lo cual se solicitará al Congreso de la Nación que convoque a audiencia pública para mediados de julio, por lo cual evaluó que recién en setiembre podrán iniciarse las obras.

El Congreso tiene la obligación de emitir un reporte no vinculante de la audiencia pública dentro de los 30 días de realizada la misma, y cuando eso ocurra se pedirá que se levante la cautelar a la Justicia en lo Contencioso Administrativo de Capital Federal, que por ahora impide el avance de las obras de las represas.

CHINA FINANCIA EL 75% DE LAS OBRAS

El proyecto revisado implica un costo global estimado actualmente en 4.000 millones de dólares, de los cuales 75 por ciento será con financiamiento chino y el resto corresponde al Estado nacional.

Respecto del esquema de financiamiento de estas y otras obras de infraestructura energética (usinas nucleares) y de transporte (ferroviario), Aranguren reveló: "en los próximos días se emitirá un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que establece las condiciones para este tipo de crédito concesional, que tendrá una tasa de interés por debajo de la tasa de mercado".

Explicó: "se trata de obras de gran magnitud, para las cuales no son muchos los inversores privados interesados" y sostuvo que este esquema "viene a saldar cuestiones planteadas en los contratos activados con China durante el Gobierno anterior".