La causa judicial por el manejo irregular de fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo no sólo alcanzará a Sergio Schoklender y sus supuestos secuaces: el fiscal federal Miguel Osorio pidió que se investigara la responsabilidad de los funcionarios públicos que intervinieron en los contratos.

En su requerimiento de instrucción, presentado ayer, apuntó a todos los responsables de los convenios celebrados con la Fundación que preside Hebe de Bonafini, desde 2003 en adelante, en el marco del plan federal de viviendas. Esto incluye tanto a funcionarios provinciales y municipales (ellos firmaron los contratos y certificaron las obras) como a autoridades nacionales, que hacían el control final y liberaban los pagos.

Poco después de que se conociera la noticia, el ministro de Planificación, Julio De Vido, ratificó que el Gobierno seguirá apoyando el plan de viviendas bajo sospecha (hasta completar erogaciones por $ 1000 millones) y enfatizó: "Está todo en orden desde el punto de vista contable. Pongo las manos en el fuego por las Madres".

El requerimiento de Osorio está en poder del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Es por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, defraudación a la administración y abuso de autoridad.

Video: Hebe se despega de los Schoklender (YouTube-AudiovisualTelam)

Este requerimiento es el primer paso para avanzar en el expediente, que se inició por la denuncia de un abogado particular contra Bonafini, De Vido y Aníbal Fernández. Contratación directa, sin licitación, y presuntos sobreprecios en las obras fueron los ejes de la denuncia ("bastante deficiente", en términos de Osorio, que pidió de todos modos investigar su contenido).

En este expediente se presentaron anteayer los abogados del Ministerio de Planificación Federal, que pagó las obras cuestionadas. La cartera de De Vido le entregó a Osorio un changuito de supermercado lleno de papeles. Eran copias de los expedientes de cada una de las obras de las Madres (firmados por Schoklender como "apoderado general" de la Fundación) y documentos "de donde surge el marco normativo que rige la materia", afirmó el fiscal.

El argumento defensivo del gobierno nacional es que ellos no celebraban los contratos, sólo pagaban a medida que los funcionarios locales iban certificando el avance de las obras. Funcionarios distritales advierten, no obstante, que su libertad de acción estaba acotada: recibían las partidas con una asignación específica (construir viviendas) y con la directiva de contratar a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Sus autoridades también deben ser investigadas, de acuerdo con el fiscal, que afirmó que el caso debe ir "contra los titulares de la Fundación Misión Sueños Compartidos". Repitió la denominación del denunciante, pero tal fundación no existe: la fundación es Madres de Plaza de Mayo y Sueños Compartidos es el nombre de su proyecto para construir viviendas. "Así como también [deben investigarse] todos aquellos que hayan participado en la ejecución del hecho merced a su función de contralor hayan colaborado, con o sin promesa previa, en su consumación o agotamiento", afirmó Osorio. No hizo referencia a nombres propios de funcionarios. Por ahora sólo se investigarán hechos y no personas, dijo una fuente judicial.

Esta causa se tramita en forma paralela con la de Norberto Oyarbide, que investiga a Sergio Schoklender y supuestos cómplices por estafa, lavado de dinero y asociación ilícita. Hubo allanamientos, secuestraron documentos y armas , se inhibieron los patrimonios de los acusados y ayer se inmovilizó un yate que pertenece a Meldorek , empresa que construía para las Madres y pertenecía a Schoklender (que pretendió ocultarlo). Se trata del barco Areté, matrícula REY 044668. La escritura, incorporada al expediente, prueba que Meldorek lo compró el 9 de abril de 2010 y pagó por él 420.000 dólares (los primeros 50.000, en efectivo). Está en el astillero Klase A, de San Fernando, donde ayer lo encontró la Prefectura.

No es el único yate al que apuntan los investigadores. Ayer, detectaron otro que era de Meldorek, pero salió de la sociedad y hoy pertenece a José Fernando Caparrós Gómez, el presidente del Club de Ferrari de la Argentina. La sospecha, sobre la que buscará avanzar la Justicia, es que era financista de Schoklender y compartía negocios oscuros con él.

Allegados a Caparrós dijeron a La Nacion que es un hombre de la city que hizo operaciones de descuento de cheques con las Madres, igual que lo hicieron otras firmas dedicadas a los negocios financieros. Negaron que tuviera vínculos con Schoklender, sus inversiones y sus aparentes maniobras de lavado de dinero, que a pedido del juez sigue investigando el fiscal antilavado, Raúl Pleé.

Schoklender volvió ayer a Tribunales. Pretendía que le dijeran qué delitos le imputan y aclarar que no eran de él las armas secuestradas anteayer de la caja fuerte de Meldorek.

"Son estafadores"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cargó ayer duramente contra los hermanos Schoklender , que administraron los fondos de su entidad durante años. "Son unos traidores y unos estafadores", dijo, y enfatizó: "Que vaya preso el que tenga que ir preso".

Dos causas abiertas

Oyarbide. Este juez investiga la denuncia iniciada por la investigación sobre lavado de dinero de Schoklender. Ya se allanaron todas sus propiedades, así como las de las empresas que se le atribuyen, se inhibieron sus cuentas y se les prohibió a él, a su hermano y a otras personas la salida del país.

Martínez de Giorgi. La causa se inició antes que la otra, con la denuncia de un particular. Apunta a la responsabilidad de los funcionarios que debían controlar las obras que hace la fundación Madres de Plaza de Mayo. Ayer, el fiscal requirió y empezó la investigación.