Amayistas proponen un plan de pago de la deuda municipal con la Provincia

Tras 11 años de gestión, y a pocos meses del fin del último mandato de José Alperovich, la cuestión de la deuda que mantienen los 19 municipios tucumanos con el Gobierno provincial comienza a ser motivo de tensión política entre el oficialismo y el peronismo disidente de la Legislatura.

Los dos parlamentarios que responden al amayismo, Alfredo Toscano y Beatriz Ávila de Alfaro, con el apoyo de los massistas José “Mellizo” Orellana y José Teri, presentaron un proyecto de ley que propone al Poder Ejecutivo (PE) un programa que permita “un saneamiento” del pasivo que mantienen las Intendencias con la Casa de Gobierno.

Según el texto, la idea es que se aplique un mecanismo similar al que se aprobó entre la Nación y las provincias, a fines de 2013, que permite a estas últimas el pago de sus obligaciones en 200 cuotas a un bajo interés.

La iniciativa llega como respuesta política a las supuestas intenciones del alperovichismo de modificar el régimen del “Pacto Social”. Este sistema, aplicado desde que Alperovich era ministro de Economía de Julio Miranda (1999-2003), implica en la actualidad que la Provincia garantiza a los municipios el pago de salarios (“Pacto Sueldos) y de obras (“Pacto Obras”); a cambio, estas administraciones locales ceden al PE la plata que correspondería a sus arcas por coparticipación federal, Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y otros recursos nacionales.

Si bien la Casa de Gobierno aún no dio a conocer formalmente cómo será el nuevo “Pacto Social”, las versiones señalan que “se abriría el juego” para que los intendentes abandonen ese régimen, aunque todavía se mantienen en reserva las condiciones que planteará el PE a los jefes municipales para que logren esa “autonomía”. Los trascendidos marcan que el pago total de las obligaciones podría ser la principal exigencia que plantearían desde 25 de Mayo y San Martín.

Según un informe, la deuda global que mantienen los municipios con la Provincia ascendía en abril a $ 2.110 millones, cerca del 10% del Presupuesto General para 2014 (sin considerar la ampliación aprobada en septiembre pasado). En lo más alto del listado del ranking aparece San Miguel de Tucumán, con obligaciones que rondarían los $ 600 millones. Por ello, los dos legisladores que responden a Domingo Amaya propusieron un régimen que permitiría a la Capital -y las demás administraciones- manejar sus recursos con libertad. En este espacio del peronismo disidente temen que el año electoral y un eventual quiebre político con el alperovichismo deriven en un “ajuste” de los dineros que percibe el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) capitalino, teniendo en cuenta lo abultado de las obligaciones pendientes de la Intendencia para con el PE.

Si bien Toscano y Ávila continúan en el bloque oficialista Tucumán Crece, obtuvieron aval de la bancada massista del Frente Renovador. Orellana (hermano del intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana) y Teri apoyaron con su rúbrica el texto elaborado por los amayistas.

Sorprendió que no apareciera la firma de Gerónimo Vargas Aignasse, también del Frente Renovador. La ausencia del ex diputado nacional en esta avanzada podría estar relacionada con su enfrentamiento con Amaya. Vargas Aignasse, además de haberse lanzado para la Intendencia de 2015, ha expresado en diferentes sesiones de la Legislatura críticas hacia la gestión del “Colorado”.

El proyecto de ley, que todavía no fue tratado en comisión, apunta a la carencia de “una norma que regule la financiación de las deudas municipales con la Provincia. Esto acarrea una constante incertidumbre en los presupuestos municipales, y obliga a la mayoría de ellos a mantener permanentes renegociaciones y la alteración de la asignación de recursos”, plantearon los amayistas. Y solicitaron al PE que les brinde idénticos “beneficios y condiciones” que le otorgó la Nación al firmar el convenio. “(En ese acuerdo se establece) que las deudas provinciales se financiarán en ‘200 cuotas mensuales y consecutivas, equivalentes al 0,495%, y una última cuota equivalente al 1% del capital’; además, los intereses ‘se capitalizarán hasta el 31 de marzo de 2014 y serán pagaderos mensualmente, siendo la tasa de interés aplicable del 6% nominal anual’”, reza el proyecto de ley, presentado el jueves pasado.

En el amayismo no tienen demasiadas esperanzas de que esto llegue al recinto. Pero, por lo pronto, ya plantearon a la Casa de Gobierno una disputa “legislativa” por el millonario monto de las deudas municipales.

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