Oficinas alquiladas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el barrio de Congreso fueron allanadas ayer por la policía, que secuestró 12 computadoras y 12 cajas con documentación en la causa en que se investiga al ex apoderado de la organización Sergio Schoklender y a su hermano Pablo por fraude al Estado y supuesto lavado de dinero.

El procedimiento fue decidido por el juez federal Norberto Oyarbide a pedido de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que avisó al juzgado que en esas oficinas -cuya existencia dijo que desconocía, a pesar de que pagaba el alquiler- podría haber papeles relacionados con la contabilidad de la fundación.

La Policía Federal allanó así el tercer piso del edificio de Hipólito Yrigoyen 1534, que Bonafini explicó que era alquilado por el organismo y "usado exclusivamente por Pablo Schoklender y personas de su absoluta confianza".

Allí tiene domicilio Docamer SRL, una firma vinculada a Pablo Schoklender y a Hugo Omar Gallardo, abogado de la fundación y elegido por Bonafini para ordenar las cuentas de la organización tras el alejamiento de Schoklender. Así lo revelan los registros de la base de datos comerciales Nosis.

El lugar está ubicado edificio de por medio con la sede de la fundación, en Hipólito Yrigoyen 1522, a pocos metros de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en Hipólito Yrigoyen 1580.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo pidió a la Justicia que la considerara víctima de los Shocklender en la causa para así solicitar -como particular damnificada por la maniobra- que se tomaran medidas de prueba y acceder a todo el expediente. Resta que Oyarbide decida si hace lugar a su pedido.

Por lo pronto, en un escrito que su abogado Eduardo Barcesat presentó en el juzgado de Oyarbide, Bonafini mencionó que desde que Pablo Schoklender "fue desvinculado de la fundación" recibe llamadas de personas allegadas a él que le pidieron las llaves de las oficinas que usaba. Señaló Bonafini que las personas que llamaban se mostraban apuradas por retirar con urgencia elementos personales que estaban allí guardados. Por eso ayer al mediodía su abogado dejó este escrito en tribunales, junto con dos sobres que contenían copias de una de las llaves de la oficina.

A la hora, el juez Oyarbide comisionó a la policía para que irrumpiera en el lugar. Luego de tres horas y media de revisar, se llevaron 12 computadoras y 12 cajas repletas de documentación. Unos 15 policías salieron del edificio cargando cajas y computadoras. Subieron a una camioneta Ford Ranger doble cabina, color azul, y a una Peugeot Partner blanca, cada uno de los paquetes identificados con una faja blanca en la que se leía "Causa 6522/14".

Según dijeron a La Nacion voceros de las Madres, que se presentaron ayer en el lugar del allanamiento, Bonafini no sabía hasta hace pocos días que la entidad pagaba el alquiler de esas oficinas para Pablo Schoklender. "Nos enteramos por varias fuentes que nos informaron en estos días que esa oficina estaba a nombre nuestro", dijeron colaboradores de Bonafini.

Según la organización, Pablo Schoklender, que fue apoderado de la organización hasta hace un mes, puso a nombre de las Madres esa oficina. "Pero ahí en realidad funcionaba Antártica, una empresa de Pablo", dijo el allegado a Bonafini. Ese domicilio no figura en ninguno de los registros de Antártica. Si aparece registrada en esa dirección Docamer SRL. El abogado Gallardo fue hasta el 22 de abril de 2010 gerente de la empresa. Esa firma pagaba los sueldos del bar Los 70, de Defensa 714, supuestamente perteneciente a Pablo Schoklender.

En la misma dirección también funciona la sociedad Fam Pro SRL, una empresa dedicada a la organización de eventos y publicidad, cuyo gerente era Alejandro Gotkin, presidente de Meldorek, la constructora de Sergio Schoklender.

Cuando La Nacion les preguntó a los colaboradores de la fundación cómo consiguieron la llave de esas oficinas si desconocían su existencia, respondieron: "Se la encontró en estos días, dentro de nuestra sede".

El edificio allanado ayer, denominado Benco, tiene 16 pisos y está al lado de la cochera donde se guarda el automóvil blindado de las Madres, usado para pagar en efectivo los sueldos de los albañiles que construyen las casas de la organización.

Justamente Bonafini denunció anteayer que personas que respondían a Pablo y Sergio robaron de la sede de la fundación documentación contable la noche del 3 de junio.

"No era un camión blindado como dijeron algunos; es un auto blindado, con vidrios polarizados, y es con el que se entra a los barrios para pagar los sueldos", dijo un vocero de las Madres. Sin embargo, tanto Sergio como Pablo Schoklender negaron haber robado nada. Adrián Tenca, letrado de Sergio Schoklender, dijo que la noche en la que según Bonafini se produjo el robo su cliente estaba siendo allanado y que él se quedó a su lado hasta las 5 de la mañana.

Auditoría interna

Pablo Schoklender también negó la denuncia de Bonafini. Gonzalo Romero Victorica y Pablo Slonimsqui, sus abogados, presentaron en el juzgado de Oyarbide un escrito en el que advirtieron que la fundación demoró en entregar al juzgado de Oyarbide los documentos contables que el juez requirió. Al mismo tiempo, señalaron que la entidad "sin control judicial de ninguna clase y, con la intervención de personas cuya identidad no ha sido dada a conocer, estaría realizando una suerte de auditoría interna".

"De ser cierto que la documentación se encuentra sin custodia judicial, que garantice que aquella documentación no va a ser sustraída o manipulada, estaríamos frente a una gravísima irregularidad que podría proyectarse de manera irreparable sobre el curso de esta investigación, acarreando nulidades insalvables", denunciaron los abogados. Y se quejaron porque dijeron que eso viola sus derechos, puesto que sería la fundación la que decida qué documentación presentar y realizaría un peritaje que debería estar a cargo de un órgano imparcial, como el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia.

Solanas denuncia al Gobierno

El candidato a jefe de gobierno porteño por Proyecto Sur, Fernando Solanas, acusó ayer al gobierno nacional de actuar con "liviandad y desparpajo" en el control del manejo del dinero en el caso Schoklender. "Debería haber hecho un control de todo el traspaso de dinero", indicó.