Por Bettina Marengo.

En los próximos días el gobierno provincial tendrá oficialmente dos datos cruciales para la negociación salarial con los empleados estatales: la inflación Córdoba de diciembre y los ingresos totales entre coparticipación y recaudación propia. Una semana antes de finalizar el año, en el Panal manejaban una suba del costo de vida en torno a los 20 puntos con respecto a noviembre. Ahora, los funcionarios estiman que la inflación total del último mes del 2023 superó el 25%. Se quedan cortos: a nivel nacional hay estudios que hablan del 29 o 30% de la mano de la megadevaluación dispuesta por el presidente Javier Milei.

La negociación será por la actualización del salario de diciembre (ya pagado) pero dejará también pistas sobre los meses siguientes, y en la misma entrarán otros temas delicados, como la baja de contratos a agentes de todos los ministerios. Es una disposición del gobernador Martín Llaryora, quien se hamaca al compás de un clima social mileifriendly soportador de ajuste, sobre todo si es sobre empleados del Estado. Desde el Panal sostienen que son contratos que no se renovarán a su finalización, el 31 de diciembre pasado, y admiten que no necesariamente son altas del 2023. No hay número de despedidos o no se informó, pero la orden es que cada ministro defina las bajas en su propia cartera. “Se trata de agentes que no están atados a funciones”, explicó genéricamente una fuente. Ayer, desde ATE elevaron un estado de alerta por la baja de una cincuentena de contratos en Senaf y en dependencias de Salud.

Con la información de la inflación de diciembre y los ingresos en la mano, la Provincia citará de nuevo a los gremios del sector público para acordar la diferencia a pagar del sueldo de diciembre. La reunión puede ser a finales de esta semana o al comienzo de la segunda. Los Llaryora’s boys guardan bajo siete llaves el número a ofrecer para pagar la diferencia a mes vencido, pero aclaran que no va a estar cerca de ese mentado 25%, sino que se tendrá en cuenta los menguados ingresos. Para eso, previamente la Provincia denunció acuerdo paritario con cláusula gatillo ante la Secretaría de Trabajo que está a cargo del schiarettista Omar Sereno. Consultado sobre si la propuesta será de un dígito, hubo silencio en las fuentes. “Los ingresos han caído por coparticipación en baja y por merma de Ingresos Brutos”, que es el principal componente de la canasta impositiva provincial y que está vinculado a la actividad productiva y comercial. 

Como se dijo, no es lo único que se pondrá sobre la mesa con los gremios. El oficialismo ya logró la aprobación legislativa del descuento de dos puntos más de los salarios de los activos para costear la Caja de Jubilaciones, que se suma a los dos puntos aprobados por ley tributaria, y de un punto más para el Apross. La intención del gobierno es escalonar según salario los cuatro puntos extra obtenidos para financiar la Caja, de manera que el impacto pleno se dé en los sueldos más altos, el descuento de los haberes intermedios sea de tres puntos más, y los salarios más bajos aporten dos puntos extra sobre lo actual. “La otra opción es que le devolvamos la Caja a los trabajadores, que es de ellos”, señaló un alto funcionario provincial, en una versión cordobesista de las amenazas de Milei sobre empresas públicas que apunta a privatizar. Otra advertencia va por el lado de poner a consideración de la opinión pública el costo del déficit de la Caja y la posibilidad de que lo paguen todos los cordobeses. “La Provincia tuvo que poner 12 mil millones para cubrir el rojo, no creo que los cordobeses tengan ganas de afrontar todos ese peso”, sostuvieron los funcionarios, que insisten que no tampoco está  en la intención de Llaryora renovar el diferimiento del pago a los jubilados.

Otro tema para el menú con los gremios del sector público es el Apross, sobre el que llueven las quejas por las prestaciones y los pagos a proveedores. El año pasado hubo al menos dos reclamos de los secretarios generales por una serie de falencias de la obra social, que no dejará de ser olbligatoria para los trabajadores del estado. En el Gobierno hablan de reestructuración del Apross, lo que implicaría varias cosas. Por un lado, la nueva dirección que encabeza Pablo Venturuzzi va a salir a competir por afiliados nuevos a precio de mercado en el marco de la desregulación del DNU 70 del Ejecutivo nacional. Los precios liberados de la medicina prepaga, consideran, llevará a un sector de la clase media a buscar opciones más pagables. Por otra parte, y según la Provincia por un reclamo de los gremios, la idea es limitar el alcance de programas de adhesión al Apross que incluyen como beneficiarios a grupos o sectores que no son agentes públicos ni clientes voluntarios.