Por: Iván Martínez Zazueta.

Esto lo anunció en su conferencia matutina del martes 19 de diciembre, mientras que a la misma hora en las instalaciones locales de Conagua en Mexicali se llevaba a cabo una reunión entre una comitiva de Semarnat, encabezada por la secretaria Maria Luisa Albores, e integrantes de colectivos en defensa del agua de Baja California, en relación al proyecto de decreto para proteger los recursos hídricos en Mexicali y establecer candados para evitar que industrias de alto consumo de agua se instalen en el municipio, incrementando el estrés hídrico de la región.

La gobernadora justificó la instalación de la transnacional argumentando que “se trata de una empresa embotelladora de agua potable, para consumo humano y para venta en Baja California y en el país”. También sostuvo que la compañía ya cuenta con “los derechos de agua por parte de los agricultores” y argumentó que no se pone en riesgo el consumo de agua en Baja California pues “se está purificando el agua, se está embotellando y es para consumo humano”.

En la misma conferencia, el secretario del agua, Víctor Amador Barragán, un funcionario reciclado de los gobiernos panistas, dedicado a temas financieros y -por lo percibido en sus declaraciones- con pocos conocimientos en materia hídrica, mencionó que los agricultores “les van a vender el agua” a la empresa y lo único que va ocurrir es que van a existir tierras en descanso, que no se van a cultivar. También dijo que esto no viola el convenio de colaboración con el municipio y el gobierno federal firmado en noviembre pasado, pues éste favorece el uso “urbano-doméstico” y la empresa embotelladora se inscribiría en ese ámbito.

Con estas declaraciones se exhibe gran parte de lo que hemos argumentado ante Semarnat y que fue señalado por la CNDH en la Recomendación 01/2020, sobre las irregularidades de las transferencias de derechos de riego a usos industriales a través del uso público-urbano. Es decir, empresas industriales compran derechos de riego en el mercado de agua manejado por el distrito de riego 014 (la famosa SDLR), los transfieren a CESPM y la paraestatal les otorga el servicio de agua por un volumen equivalente (ya potabilizado), saltándose la prelación establecida en la Ley de Aguas Nacionales. Así, la CESPM les “lava” jurídica y físicamente el agua agrícola para la industria. Esta fue la forma en que Constellation Brands obtuvo derechos de agua.

Y es una dinámica que exhibe dos problemas de fondo: por un lado, que el agua disponible en la cuenca (superficial del río Colorado y subterránea de los acuíferos de Mexicali-SLRC) fue asignada y concesionada en su totalidad en un momento en que en la región era muy distinta, pues predominaban las actividades agrícolas. Con el tiempo, al crecer las ciudades y las industrias y, por tanto, su demanda de agua, no habiendo volúmenes disponibles jurídicamente para abastecerles, se crearon mecanismos institucionales para transferir agua del campo a los organismos operadores urbanos, es decir, a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos. Esto es una dinámica que ha ocurrido en todo el mundo en regiones con escasez de agua.

Ese es, también, el sentido de la declaratoria de sequía publicada en el DOF el 12 de julio de 2022, la cual establece que para garantizar el abasto público-urbano y doméstico de las regiones con sequía, se podrán transferir provisionalmente y de forma parcial o total volúmenes concesionados para uso industrial y agrícola. Así, el uso público-urbano, al ser destinado a las ciudades, donde radica la mayor parte de la población, tiene primacía sobre el industrial y el agrícola.

Sin embargo, estos mecanismos son engañosos porque en el uso público-urbano se incluye todo usuario abastecido por los organismos operadores, incluyendo a la industria. Esto abre la puerta para que el uso industrial tenga primacía por sobre otros usos, sobretodo en contextos de escasez creciente.

Y más aún si se pervierten a tal grado de ser mecanismos para que industrias de alto consumo de agua se instalen en regiones con alto estrés hídrico, como fue el caso referido de Constellation Brands.

El otro problema de fondo es que al mercantilizar el agua se crean dinámicas para que quien tenga más poder económico pueda obtener volúmenes del líquido no importando que existan usuarios a los que se les recortan sus derechos de agua, en este caso, los agricultores. El agua deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía ofrecida al mejor postor. Ese es el sentido del banco de agua operado por el distrito de riego.

Todo esto se agrava por el estrés hídrico que se vive en la región y por la creciente reducción de los volúmenes disponibles vía ahorros y recortes de la cuota del río Colorado. Esta dinámica también incrementa la sobreexplotación de los acuíferos e incluye distintos impactos ambientales.

Ambos mecanismos descritos (la preferencia y ambigüedad del uso público-urbano y el manejo mercantil-gerencial del agua a través de los distritos de riego) fueron diseñados intencionadamente mediante la Ley de Aguas Nacionales de 1992 como antesala de la implementación del TLCAN y la apuesta por el modelo de industrialización (y urbanización) de corte neoliberal.

Volviendo a la conferencia de prensa, el secretario del agua señaló que Embotelladora Niágara les informó que consumiría un estimado de 17 litros por segundo, lo que representa alrededor de 500 mil metros cúbicos anuales (m3/a). Esto convertiría a la embotelladora en el segundo usuario industrial de CESPM con mayor consumo de agua, sólo detrás de Skyworks que, según información de 2018 de la paraestatal, consume casi 600 mil m3/a y superaría a otras plantas embotelladoras y de bebidas instaladas en la ciudad, como Coca-Cola (Arca Continental), que consume menos de 400 mil m3/a; Jumex, con 235 mil m3/a; y Novamex (Jarritos), con casi 200 mil m3/a.

Es, pues, una industria de alto consumo de agua, aunque, por supuesto, no se compara con la dimensión de la planta cervecera de Constellation Brands (20 millones de m3/a). De hecho, ninguna industria en el estado se le compara, ni siquiera la planta de Heineken-Cuauhtémoc Moctezuma en Tecate, que es el mayor usuario industrial de agua en el estado.

Aún así, la planta embotelladora es un proyecto bastante cuestionable, no sólo por el contexto de estrés hídrico de la región, sino porque tan sólo un mes antes se firmó el convenio referido que busca garantizar el agua para uso doméstico y la sostenibilidad de la cuenca, a la par de frenar la industria de alto consumo de agua. En ese sentido, es muy criticable la forma tan burda con la que desde el gobierno del estado se interpreta dicho convenio, pues el secretario del agua argumenta que el entregar agua a una empresa embotelladora no es para uso industrial, sino para consumo humano, que lo único que cambia es la “presentación”, pues el agua se consume en forma de “botellitas”. Bajo ese argumento, una empresa puede venir a embotellar toda el agua de Mexicali (y obtener ganancias por cientos de veces su valor) y no habría problema, pues al final es para consumo doméstico. De la misma forma, la cerveza o los refrescos también son para consumo doméstico, por lo que aplicaría el mismo criterio.

También es criticable su argumento respecto a que el Convenio favorece el uso urbano-doméstico (sic) (los términos correctos son uso doméstico y uso público-urbano) y que la embotelladora se inscribe en ese ámbito, cuando su uso es enteramente industrial; y que hablen de “venta de agua” de los agricultores, no sólo por las irregularidades en las que incurren al vender un derecho de agua que estaba destinada a la agricultura, sino porque promueven una visión empresarial del agua, al concebirla como una mercancía cualquiera.

Ahora bien, aunque insistieron en que el producto (agua embotellada) no será de exportación, sino para consumo humano en Baja California y en “el país”, resulta por demás sospechoso que una industria que busca abastecer a otros estados mexicanos se instale en un municipio que logísticamente se ubica muy alejado de los mismos. Esa es una característica geográfica central de Mexicali, el relativo aislamiento respecto al resto del país, pero como contraparte se encuentra su ubicación fronteriza con California, lo cual constituye una ventaja comparativa para la instalación de industria de exportación a Estados Unidos.

Aunque puede ser cierto que sea para consumo local y eso no es necesariamente algo positivo. Y lo digo porque México es el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo. Esto se debe a dos factores principales: 1) a la penetración de las transnacionales embotelladoras en México a través de feroces estrategias de mercado y publicidad engañosa, beneficiada por la desregulación gubernamental. Este negocio se catapultó durante el gobierno de Vicente Fox, quien triplicó las concesiones de agua a empresas embotelladoras. Y es que es un negocio ultra-lucrativo, pues el agua embotellada puede costar hasta 1000 veces más que el agua del grifo; y 2) al deficiente servicio público del agua, que a su vez proviene del aumento en la degradación de la calidad del líquido provocada por la contaminación industrial-urbana y agroindustrial. Todo esto contribuye a la crisis socioambiental y de salud que impera en el país.

Y además existe el problema de la contaminación plástica. La industria embotelladora es de sus principales causantes y los residuos plásticos son un problema mayúsculo para los municipios, quienes son encargados de la recolección y disposición de basura. También no queda claro si las botellas de plástico se van a traer de otro lugar o si se van a producir en la misma planta, pues eso conllevaría un mayor consumo de agua. De acuerdo con la Red de Huella Hídrica para fabricar una botella de plástico se requieren hasta tres litros de agua.

Por último, creo que algo también muy criticable en términos políticos es que un gobierno que se dice progresista promueva un tipo de industria y una política del agua de corte eminentemente neoliberal.Y que no hagan caso a los posicionamientos de su principal dirigente, AMLO, cuando ha sido muy enfático en declarar que las industrias de alto consumo de agua no se deben instalar en la región norte del país, donde existe escasez de agua.

Si ya existía críticas y oposición al proyecto, con las declaraciones de la gobernadora y secretario del agua se incrementaron. Ahora sí que el agua les llegó hasta el cuello.