La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, una entidad que podrá administrar, vender y enajenar inmuebles públicos.

El texto prevé la venta de distintos predios, entre ellos el que ocupa el Tiro Federal que será destinado al nuevo "Parque de la Innovación", un proyecto oficial que promete ser una suerte de "Silicon Valley" porteño y que es fuertemente resistido por los vecinos de la zona.

La creación de la Agencia de Bienes estaba demorada porque el oficialismo no lograba reunirlos dos tercios de votos necesarios para su aprobación. Entre sus críticos, se especula con que se trataría de una entidad que sin control parlamentario se ocuparía de negocios inmobiliarios millonarios.

El proyecto contaba con media sanción desde el año pasado, fue analizado en una audiencia pública con vecinos, y recibió numerosas observaciones de parte de la organización "Buenos Aires No se vende", entre otros.

Ayer se introdujeron modificaciones que le permitieron sumar el apoyo de seis diputados de Suma+, tres de Confianza Pública, tres del Frente para la Victoria (María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia), Javier Gentilini (FR) y Claudio Palmeyro (SP). Entre los cambios, se quitó del proyecto el plan de intervenir en el predio El Dorrego, que también fue resistido desde que se conoció.

Según el presidente del bloque oficialista, Francisco Quintana, quien fue el encargado de detallar la serie de modificaciones que se registraron a la redacción original del expediente, el texto final aprobado fue "el resultado de un esfuerzo conjunto, de una tarea de consenso, de acuerdos entre todos, sabiendo aceptar mejoras que enriquecen la propuesta".

La dirección y administración de la Agencia estará a cargo de un directorio compuesto por siete miembros. El Presidente; el vicepresidente; tres vocales titulares y cinco suplentes, serán designados por el Poder Ejecutivo. Los dos miembros restantes son designados por la Legislatura con la mayoría absoluta de sus miembros, en representación de los bloques opositores.

La norma crea además un Fondo de Desarrollo Metropolitano integrado con el dinero producido por las operaciones realizadas con los bienes inmuebles desafectados. Pero también, con partidas del Presupuesto que se le asignen y con aportes del Poder Ejecutivo.

Parte de esos recursos serán destinados a la urbanización de las villas 30 y 31, según el texto.

Quintana dijo ayer que las modificaciones introducidas garantizan más control, transparencia y representación a la Agencia, dado que se incluyó que deberá confeccionarse un programa de acciones (con los bienes sobre los que decidirá) que elevará al Ejecutivo y por su intermedio a la Legislatura. Pero se hará para su "tratamiento", no especifica que sea necesaria su aprobación. Esa información deberá presentarse antes del 30 de septiembre de cada año.

El diputado Adrián Camps, del Socialismo Auténtico, rechazó el proyecto al sostener que representa "una absoluta inconstitucionalidad al sacar atribuciones a la Legislatura y pasárselas al Ejecutivo", en alusión a la venta o enajenación de los inmuebles públicos de dominio privado que pasarían al control de la Agencia.

Coincidió el socialista Roy Cortina, que señaló que la creación de la Agencia "es un mal proyecto que vende las tierras más caras de la Ciudad". Desde el Frente para la Victoria, Carlos Tomada expresó su apoyo porque ‘en otras ciudades del mundo ha favorecido el desarrollo urbano‘.