Los datos surgen de un relevamiento interno llevado a cabo por FECIBA y sus cámaras asociadas, desde el 1 de enero hasta el 10 de mayo pasado. Los resultados son reveladores en el marco del debate del proyecto de la Ley de Emergencia Ocupacional y otras iniciativas anexas que se tratarán mañana miércoles en el recinto de diputados.

El informe detalló que “la inflación de productos y materias primas, la indexación de facturas por parte de las empresas concentradas, las subas desmedidas en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, la altísima presión tributaria y una sustancial baja en las ventas, ocupan los primeros puestos entre las causas que están desmoronando el capital de las pequeñas industrias, habiendo repercutido entre un 77 y un 93 % en la debacle”. 

En tanto, señaló que “la apertura indiscriminada de la importación, la inseguridad jurídica desencadenada por las deficientes leyes laborales que enriquecen a abogados y peritos, la competencia desleal y los problemas de financiamiento devenidos de las altísimas tasas de interés, se ubican en el segundo lugar, con una incidencia negativa de entre el 48 y el 73 % en la caída de las empresas que ya cerraron sus puertas o están a punto de hacerlo”. 

De cara al futuro, la variable de proyección también anticipa que a todo lo anterior “se suma la incertidumbre por las próximas subas salariales que las empresas tendrán que afrontar y el pago del medio aguinaldo que deberá concretarse en junio”.

El sondeo aclara que “fundidas” no significa “cerradas”, porque si bien hay muchísimas que suspendieron las actividades (alrededor de un 4,4 % del total), el restante 5,6 % “mantiene una producción mínima con un reducido plantel de trabajadores, en el caso de las industriales, y bajó la calidad y la cantidad de sus prestaciones, en aquellas que se dedican a brindar servicios”.

Ante este escenario, Zylberzstein reiteró que “ninguno de los proyectos opositores de emergencia ocupacional contemplan esas problemáticas”, y agregó que “los empresarios chicos ven caer sus ventas y, en consecuencia, no tienen más remedio que bajar la producción a ese nivel o, en los peores casos, cerrar sus  puertas rápidamente, intentando salvar algo de su capital”.

En este contexto, el titular de la cámara que agrupa a la mayoría de las empresas pequeñas del país destacó que “se necesita la inmediata sanción de una Ley de emergencia pyme” porque resaltó que esa “sería la verdadera ley de protección integral para los trabajadores, sus puestos de trabajo y las empresas que lo generan”.

A su vez, agregó que “la ley de Emergencia Pyme debe proteger a quien da más trabajo; quitar la presión tributaria sobre los salarios tomándolos a cuenta de IVA, desactivar la carga que representan las ART, e imponer, como otros países de la región, una carga tributaria simplificada y diferenciada para las pequeñas empresas”.

Por el contrario, explicó que “con la Ley antidespidos las pymes que aún quedaron en pie estarían yendo inevitablemente hacia la quiebra” porque resaltó que “no disponen hoy de capital para poder afrontar despidos". En ese sentido, reconoció que “con esa norma las pequeñas empresas directamente cerrarán sus puertas, lo que generará una sangría aún mas importante, en la que no habrá ni doble ni simple indemnización, porque directamente no habrá mas trabajo”.

También expresó que el proyecto que tratará la cámara baja debería “apuntar sólo contra los despidos masivos de las grandes empresas que superen un alto porcentaje de la nómina general, y no casos puntuales”. De esa manera, señaló que “la ley evitaría el veto del Gobierno y una situación conflictiva que no le hace bien a ninguna actividad sensible ni a la sociedad en su conjunto".

Por otra parte, el dirigente reconoció como “positivas” las medidas anunciadas por el Gobierno la semana pasada en beneficio de las pymes, pero afirmó que, “deben implementarse de manera urgente” y que, en el corto plazo, “es necesario que se generen más acciones para fomentar el trabajo en el sector”. Pocas horas antes del anuncio, el dirigente había asegurado que tanto la ley antidespidos como también su posible veto ponen en riesgo al 80 % del empleo del país”.

Ante esta situación, finalmente, Raúl Zylberzstein instó, por un lado, a todas las fuerzas políticas del ámbito legislativo a elaborar “una norma más inteligente” que tenga como centro a la mayoría de los trabajadores y, por el otro, concluyó diciendo que “ahora es fundamental seguir trabajando para implementar correctamente las medidas lanzadas por el Gobierno para que no sólo formen parte de un anuncio”.