Los acusados son María de los Angeles Muñoz, de 45 años, y Claudio Marcelo Lezcano, de 47 años, ambos eran pareja y dueños del local nocturno donde fue encontrada una joven menor de edad que supuestamente ejercía la prostitución. El tribunal integrado por los jueces José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava -los últimos dos asumieron a fines del año pasado- juzgará a ambos por el supuesto delito de trata de personas. Las audiencias de la causa 24/2010 serán el martes 5 y miércoles 6 de marzo próximos. Desfilarán ante el tribunal veinte testigos, ocho lo harán el primer día y los otros doce en el segundo. Actualmente, Muñoz está bajo prisión domiciliaria mientras Lezcano obtuvo la excarcelación.

Procedimiento.

El caso estalló en la madrugada del 1º de noviembre de 2009 luego que personal de Gendarmería allanara Le Coq Doré, un local nocturno sobre la calle Callaqueo que años antes funcionara como whiskería y desde hacía algunos meses había sido habilitado como pub, debido a la sanción de una ordenanza que prohibió la habilitación de cabarés y whiskerías en esta capital. Los uniformados encontraron allí a una menor, de 17 años, que, según las pruebas recolectadas, era obligada a prostituirse.

La investigación había sido encabezada por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas a nivel nacional, Marcelo Colombo, que radicó una denuncia en el Juzgado Federal de Santa Rosa y ordenó una investigación. Las autoridades detallaron que la adolescente fue "rescatada" y puesta a disposición del Juzgado Federal. A su vez, se realizó entrevistas con seis mujeres -cuatro argentinas y dos extranjeras, una de Brasil y otra de Paraguay- mayores de edad que estaban en el local. Ese aporte fue otro de los factores que ayudó a concluir en que se estaba ante el delito de trata de personas.

Detenidos.

En el procedimiento fue detenida Muñoz y acusada del delito de trata de personas. En tanto, su pareja y socio, Lezcano, alcanzó a fugarse. Fue detenido en junio de 2010, varios meses después del allanamiento, casi por casualidad. Se pensaba que había escapado al sur del país, pero personal de civil de la Seccional Segunda santarroseña lo vio en la vereda de una vivienda en Zona Norte. Se montó un operativo que rodeó la manzana y lo detuvieron minutos después en un patio, ya que intentó escapar saltando tapiales.

A mediados de 2010, familiares y conocidos de Muñoz, marcharon para pedir su liberación. Los vecinos entregaron una nota en el Juzgado Federal para que la causa pasara al fuero provincial.

Zabala y una conducta recurrente

Cuando María de los Angeles Muñoz, la dueña de Le Coq Doré, fue detenida, el juez federal Pedro Zabala la había procesado por facilitamiento de la prostitución. Aunque la ley es bastante clara cuando estos delitos afectan a los menores de edad, entendió que no había trata de personas y envió las actuaciones a la justicia provincial. Hubo recursos de la fiscal Marta Odasso y finalmente, la Corte Suprema ordenó que la causa regresara al fuero federal. La mujer y su pareja fueron procesados por trata de personas.

Este caso muestra una conducta del juez Zabala que ha sido criticado por otros funcionarios judiciales ante sus continuas negativas a aceptar las causas sobre el funcionamiento de cabarés en La Pampa como delito de trata de personas y a citar a indagatorias a autoridades municipales implicadas en la habilitación de este tipo de locales.

Una de esas resoluciones fue dictada en la causa donde se investigan las actividades del local El Delfín, de General Acha, habilitado por la municipalidad como cabaré. La fiscalía federal tuvo que presentar una apelación ante la Cámara bahiense para que la causa quedara en el fuero federal como trata de personas.