Así lo anticiparon a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, en el marco de las negociaciones con las provincias para avanzar con el ajuste comprometido con el Fondo Monetario Internacional .

 

Los gobernadores advirtieron que una condición para acordar el recorte que propone la Casa Rosada es transferir a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires los subsidios al transporte. Al menos fue la coincidencia básica que alcanzaron los funcionarios provinciales que se reunieron con los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne .

Entre los gastos que quiere transferir el Gobierno a las provincias está parte del subsidio al transporte, que ronda los 75.000 millones de pesos. El transporte urbano se lleva 45.000 millones y el de larga distancia unos 30.000 millones.

Pero solo transferirá la mitad de los subsidios urbanos a todas las provincias, o sea 22.500 millones de pesos. Y de ellos, la mitad los absorberá la provincia de Buenos Aires y CABA, es decir 11.250 millones. Este es un costo grande que Vidal y Larreta tendrán que asumir.

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El viernes, el gobierno anunció una suba de $1 por mes del colectivo entre agosto y octubre y de entre 50 y 70 centavos en el ferrocarril, dependiendo del ramal. Pero el cambio no producirá una reducción de los subsidios, solo evitará mayores gastos.

Terminada la ronda de encuentros con ministros de Hacienda, en los próximos días las provincias deben presentar sus opiniones de las alternativas de ajuste y, si las tienen, sumar otras. "No hay nada cerrado; plantearon una serie de opciones sobre las que podemos hacer sugerencias", explicó un ministro del Litoral.

 

Frigerio y Dujovne encabezaron las reuniones con los ministros provinciales Crédito: Min. del Interior

 

Quedó en claro en las reuniones que no hay "condicionamientos" del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre qué partidas achicar; lo que se plasmó en el acuerdo es el objetivo de 1,3% de déficit fiscal para 2019. La forma para llegar a ese número la deben definir los gobiernos. Además del transporte, tampoco se incluyó en los power point que exhibieron en la Casa Rosada el financiamiento a las cajas de jubilaciones provinciales.

En esta negociación no hay, todavía, una posición única consensuada entre los gobernadores de la oposición.

La explicación es que el impacto del recorte varía mucho en función del tamaño de la jurisdicción y el peso de las transferencias nacionales en cada presupuesto. Por ejemplo, la eliminación de programas sociales y de salud afecta más a distritos como Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja mientras que a la región patagónica le pega muy fuerte la "desmantelación" de la red de subsidios que recibe.

Sin esperar la contrapropuesta de los gobernadores, la Nación por decreto eliminó los "plus" que pagaba Anses a beneficiarios de asignaciones familiares de zonas "desfavorables" (por ejemplo, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta). Con el "diferencial" esos beneficiarios duplicaban al del resto del país.

"En ningún ajuste hay algo agradable; pero hay aspectos que pueden negociarse. Alcanzar una posición única no es simple porque los números de cada provincia son distintos. Mil millones de pesos para Córdoba, Mendoza o Santa Fe no tienen el mismo impacto que en La Pampa; La Rioja o en Misiones", graficó un norteño.

Hasta el momento está decidida la transferencia a Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires de las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur; también deberán hacerse cargo -como ya es en el resto del país- del gasto de la tarifa social de agua. La compañía, Aysa, no se transferirá. "Es un paso adelante, pero hay que hablar del transporte", insisten desde Entre Ríos.

La oposición está convencida de que el Gobierno, en el caso del transporte, prioriza el objetivo electoral antes que el económico. Desde el sector insisten en que, así como se aceleran otros tiempos, se debería hacer lo mismo en este caso donde, los principales beneficiarios de los recursos, son distritos gobernados por el Pro y "cruciales" en su mapa electoral.

Varios ministros coinciden en que, más allá de las reuniones, la Nación ya tiene en marcha el recorte y, si no hay acuerdo, seguirá la receta que ya aplicó en el primer semestre, cuando las transferencias discrecionales a las provincias cayeron 5,3% y la obra pública se redujo 20% internanual.

Durante las reuniones los funcionarios nacionales explicaron que -junto con el paquete acordado con el FMI- hay una serie de créditos de organismos multilaterales a tasa baja disponibles para gastos de capital. Como la Rosada no los usará a todos, la propuesta es que las provincias los aprovechen para financiar obras. "Te saco esto pero te doy esto", ilustra uno de los negociadores.

Además, ratifican que con Cambiemos en el poder los gobernadores reciben más recursos automáticos por la devolución del 15% de la precoparticipación que antes iba a Anses y por la "compensación" fijada en el pacto fiscal. En esa línea enfatizan que el año que viene serán "más duros" con el monitoreo del cumplimiento del acuerdo. La respuesta, del otro lado, es que si deben hacerse cargo de gastos que antes no tenían -por ejemplo, programas sociales- no podrán respetar la ley de Responsabilidad Fiscal que establece que las erogaciones corrientes no pueden crecer por encima de la inflación.

Divisiones entre los gobernadores

 

Los gobernadores opositores están divididos, hasta el momento, respecto al camino a seguir en las negociaciones por el ajuste con la Nación. Un grupo que plantea que "hay que romper" y otros que entienden que ese es el peor camino porque quedarían como "responsables" del fracaso.Los acuerdistas advierten que si no hay consenso, la Nación seguirá tomando medidas de recorte como ya viene haciendo y las provincias se quedarán sin ninguna chance de tener algo a cambio como, por ejemplo, las autorizaciones de endeudamiento.Un capítulo aparte lo constituyen los gobernadores de la Patagonia que entienden que su región se llevará la peor parte porque hay una estructura de subsidios -a la energía, a las jubilaciones, a las asignaciones- para desmantelar. Desde el Ministerio del Interior rechazaron que el recorte tenga más fuerza en la Patagonia.