Pocos después de las 12, comenzó la sesión en la Legislatura porteña. Pero el inicio fue accidentado debido a un momentáneo corte de luz, que se produjo luego de que se entonaran las estrofas del Himno Nacional.

El chocolate con churros que se repartió entre los presentes, hizo más llevadero el apagón. Luego de solucionado el imprevisto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, a cargo del inicio la sesión, comenzó a desarrollar los temas del día. Luego se hizo cargo Carmen Polledo, que condujo el debate hasta el final del mismo.

Sin embargo, un nuevo desperfecto alteró el normal funcionamiento de la sesión, cuando hubo un problema en el logueo de las computadores de los legisladores.

Finalmente el problema se solucionó y la sesión continuó.

Lo más importante del día fue la derogación de la Ley N° 5464, que creaba el Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que había sido sancionada el 3 de diciembre de 2015. La derogación fue aprobada por 55 diputados (la totalidad de los presentes), mediante un proyecto presentado sobre tablas y consensuado por diversos bloques, según anunció en el recinto el jefe de la bancada del Pro, diputado Francisco Quintana.

Luego expuso el diputado Hernán Arce (Partido Socialista) autor de uno de los proyectos que fundamentan esta derogación. Y la lista de oradores continuó con Natalia Fidel (Suma+), Marcelo Ramal (FIT),Javier Gentilini (FR), Gustavo Vera (BC), Alejandro García (PRO), Fernando Vilardo (AyL), Diego García y Graciela Ocaña(CP), Gabriel Fuks y María Rosa Muiños (FPV) y Daniel Del Sol (PRO).

El Consejo que creaba la ley derogada había sido aprobado sobre tablas y sin discusión y estaba destinado a regular la actividad de quienes se dedican a administrar consorcios de propiedad horizontal.

La ley ahora anulada instituía un Comité Ejecutivo del nuevo organismo, integrado por 11 representantes, 3 de las cámaras de administradores de consorcios, 3 del sindicato de empleados de edificios, 1 de organizaciones civiles de los copropietarios de edificios, 1 de ong en defensa de consumidores y usuarios, 1 del gremio de los trabajadores de administradores de consorcios, 1 de la Defensoría del Pueblo y 1 representantes del Gobierno, del área de defensa del consumidor.

“Como vemos hay varios aspectos de la normativa recientemente sancionada que resultan cuestionables. A estas objeciones previamente citadas cabría agregar la inevitable consecuencia para los cientos de miles de propietarios e inquilinos de nuestra ciudad. Es que, el incremento de costos para los administradores de consorcios será trasladado indefectiblemente al valor de las expensas”, sostuvo el diputado autor del proyecto de derogación respaldado por el cuerpo legislativo.

También se aprobó una modificación a la ley sobre Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de hacer más específicos, improrrogables y perentorios los plazos sobre procedimientos referidos a infracciones laborales o de la seguridad social.

“La modificación pretende determinar de manera taxativa el principio de improrrogabilidad de los plazos, para evitar interpretaciones tanto administrativas como judiciales que contravengan el espíritu de la Ley N° 265 y tornen ineficaces los motivos por los que esta norma fue sancionada, evitando interpretaciones disvaliosas para la protección de los derechos de los trabajadores”, dicen los fundamentos del despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, por iniciativa de los diputados Claudio Heredia y María Rosa Muiños (FPV).

La Ley 265 estableció el procedimiento al cual se debe ajustar la Autoridad de Aplicación para la comprobación y el juzgamiento de las infracciones a las normas que regulan la prestación de trabajo o de la seguridad social o su incumplimiento.

Lo que se votó hoy en la Legislatura con 56 votos positivos y las abstenciones de los diputados Marcelo Ramal (FIT), Patricio del Corro(PTS), Fernando Vilardo (AyL) y el Partido Socialista, modifica el texto de los artículos 30 y 34 de esa ley para hacerlos más claros y precisos ón”.

Predio para un centro cultural y social

Se aprobó una ley de segunda lectura que otorga a la asociación civil “Centro Social y Cultural Andando La Huella” un permiso de uso a título precario por el término de 20 años, del predio bajo la autopista  Perito Moreno, entre las calles Zelada y Cajaravilla, en el barrio Villa Luro. La iniciativa que fue presentada por la diputada María Rosa Muiños (FpV) y pasó por Audiencia Pública obtuvo 56 votos positivos.

La entidad beneficiaria no puede transferir, ceder ni alquilar total o parcialmente el inmueble, así como tampoco cambiar el destino del mismo. Entre distintas acciones y programas, la asociación proyecta capacitaciones laborales y profesionales sobre hábitos saludables y el fomento de la actividad deportiva, además de capacitaciones en materia vial. Para el fomento de la cultura y el deporte, proyecta exposiciones artísticas, plásticas, concursos literarios y obras teatrales, como así también torneos deportivos.

Desafectan tres fracciones de terreno y disponen su enajenación

Fueron desafectadas del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, fracciones de terrenos resultantes de la variación de metros de las ochavas correspondientes a la calle Bermudez en su intersección con la calle Delambre; Concordia en su intersección con la calle Marcos Sastre y Francisco Bilbao en su intersección con la Avenida General Paz. La iniciativa enviada por el Jefe de Gobierno, fue aprobada en primera lectura con 56 votos positivos, y deberá tratarse en audiencia pública. Estas fracciones de terrenos también se declararon innecesarias para la gestión del Gobierno de la Ciudad disponiéndose su enajenación.

Por último, los legisladores manifestaron “su más enérgico repudio a los hechos de violencia y ataque a las instalaciones donde funcionan Radio América y la redacción de Tiempo Argentino” y aprobaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño para que explique el accionar de la Policía Federal en relación con esos incidentes.

Además, el cuerpo parlamentario dio un plazo reglamentario de 30 días al Ejecutivo para que “informe las actuaciones de la Policía Federal” en relación con los incidentes en esos medios de comunicación. Se pide detalles de “qué organismo autorizó la intervención de la Policía Federal en el lugar; describir cuál fue el motivo de la misma y quien firmó la solicitud”.