Todas las marcha atrás del Gobierno: del feriado del 24 de marzo a los jueces de la Corte por decreto

Todas las marcha atrás del Gobierno: del feriado del 24 de marzo a los jueces de la Corte por decreto

El Presidente Mauricio Macri revocó numerosas decisiones durante su gestión. ¿Admisión de errores o falta de planificación?

Además del aumento extra del gas, el presidente Mauricio Macri revocó numerosas decisiones, en su mayoría cuando la repercusión pública de esas medidas le provocaba un gran desgaste y no eran temas centrales de su proyecto político, como el traspaso del pago de la tarifa social eléctrica a las provincias. También cuando podía conseguir el mismo resultado, pero por otras vías.

Con los aumentos de tarifas es la segunda vez que el Gobierno va en una dirección y finalmente termina "recalculando". En 2016, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció incremento en las tarifas de gas y luz. Hizo una defensa vehemente ante la Cámara de Diputados que le recriminó no haber convocado a audiencias públicas para debatir el aumento. Fue la Corte Suprema de Justicia quien le dio su primer gran revés al Gobierno y le ordenó retrotraer los cuadros tarifarios, además de dictaminar la obligación de las audiencias.

Otro caso resonante lo protagonizó el propio Macri a pocos días de asumir el Gobierno, cuando designó por decreto a dos jueces en la Corte Suprema de Justicia, evitando el procedimiento de tener el acuerdo del Senado. Fue tal el escándalo que generó esa decisión, que el Gobierno dio marcha atrás, aunque mantuvo a los dos postulantes. Finalmente, los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron enviados al Senado, que los aprobó y en agosto de 2016 juraron como nuevos miembros de la máxima instancia judicial. 

El Gobierno no tuvo la misma suerte con otras medidas, como la baja -sin previo aviso- de 70.000 pensiones por discapacidad, a mediados del año pasado. El criterio económico para la quita, era que no justificaba pagar los $ 4.400 mensuales si el beneficiario tenía bienes a su nombre -incluidos los autos usados que hayan sido fruto de una donación-, un entorno familiar con ingresos cercanos $ 19.200 o que tuviera un cónyuge que percibiera otra asistencia del Estado, como por ejemplo una jubilación mínima de $ 6.377. El Gobierno dio marcha atrás con esa medida, el mismo día en que cientos de personas con capacidades diferentes y sus familiares se habían convocado para hacer una protesta en el Obelisco. 

El Presidente también revocó otras medidas conflictivas, como cuando el Gobierno aceptó la propuesta para saldar la deuda que la empresa de la familia de Mauricio Macri mantiene con el Estado desde el año 2001, cuando tenía la concesión del Correo Argentino. En esa época la deuda era de $ 296 millones, que equivalían a la misma cantidad en dólares, porque regía la Ley de Convertibilidad. Pero la empresa de la familia del Presidente propuso pagar 296 millones de pesos de ahora, como si en estos años no hubiera habido inflación, en 16 cuotas anuales, con 7% de inflación. Ante el rechazo de la fiscal de Cámara y el escándalo que generó la aceptación de esa propuesta, que debía ser homologada por la Cámara Comercial, el Gobierno decidió dar de baja el acuerdo con la empresa de la familia del Presidente.

El Gobierno además dio marcha atrás con un gravamen especial al vinoy cuando facultó al Ministerio de Transporte para poder clausurar ramales ferroviarios y proceder al levantamiento de las vías que considere necesarios. Lo mismo sucedió cuando transformó el feriado del 24 de marzo en una fecha movible, que podía pasar a los lunes o viernes. La decisión de hacer "movible" el feriado que conmemora el último golpe militar provocó una fuerte polémica, que zanjó el Gobierno revocando aquella medida. De todos modos, eliminó los feriados "puente", que se establecían para fomentar el turismo o que hubiera menos días laborables. 

Además dio marcha atrás con la eliminación de los beneficios por zonas en las asignaciones familiares de la Patagonia y el Norte del país, que impactaba a las familias de más de 400.000 chicos de sectores vulnerables. Lo mismo ocurrió con el traspaso a las provincias del pago de la tarifa social eléctrica, una medida que se anunció el 1° de septiembre de este año y se suspendió cinco días después de firmada esa resolución por el entonces ministro de Energía, Javier Iguacel, el mismo funcionario que ahora tuvo que retroceder con la decisión de cobrar una tarifa retroactiva por el servicio de gas. 

Los que aplauden esta política de "prueba y error", aseguran que se trata de un gobierno que está en condiciones de no aferrarse a decisiones equivocadas; mientras que los críticos de la gestión oficial cuestionan la falta de planificación en la toma de algunas decisiones. Ahora, con el freno al pago retroactivo del gas, el Gobierno sumó otra marcha atrás en una medida oficial.  

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