El blindaje del auto protegió al custodio. El asaltante que conducía la moto escapó. El otro quedó tirado en la calle con un balazo en la pierna y fue detenido. Tiene 17 años. Llevaba una pistola 9 mm, robada días antes a una mujer policía de la Federal. 

Fue un episodio más en la interminable serie de la inseguridad, que de tan abundante ya casi está naturalizada, como una anestesia que duerme la sensibilidad incluso si todo termina en tragedia.

Lo de María Eugenia Vidal pasó casi desapercibido. Pero en la semana otras dos personas notorias fueron noticia por hechos de inseguridad y violencia. 

El lunes le tocó al fiscal Carlos Stornelli, cuyos custodios –cuatro, cifra inusual hasta para un ministro– tirotearon y detuvieron a siete colombianos que se trasladaban en dos autos y dos motos por la autopista Illlia. Se estima que otros cuatro sospechosos escaparon. Una banda de once, que no se aprestaba justamente a jugar un partido de fútbol.

El viernes fue Julio Schlosser, presidente de la DAIA, asaltado por motochorros en el barrio de Flores al bajar del auto junto a su esposa, frente a la casa de unos amigos (ver pág. 66). A la mujer le pegaron un tiro en una pierna y le robaron la cartera. La operaron y está fuera de peligro. Al máximo dirigente de la comunidad judía le gatillaron dos veces, pero los disparos no salieron. La Presidenta llamó ayer a Schlosser para transmitirle su solidaridad. Peor es nada.

Las autoridades están abrumadas. Las más de las veces sólo pueden dar explicaciones, o solidaridad. O quejarse, como hace el secretario de Seguridad Sergio Berni, y también algunos funcionarios provinciales o municipales, porque la Justicia y las leyes desbaratan el trabajo de la Policía, cuando ese trabajo se hace.

La inseguridad sigue siendo la mayor preocupación social y lleva años así. Y lo peor es que nadie espera que mejore a corto plazo.

El relato de la “década ganada” tiene, entre otras contracaras, la de la desigualdad consolidada, la marginalidad transmitida de una generación a otra, el desembarco del narcotráfico y la expansión violenta del narcomenudeo ante la contemplación cuanto menos pasiva de quienes gobiernan. Todo esto agrega poder explosivo al cóctel de la inseguridad.

La ex ministra de Defensa y de Seguridad, Nilda Garré, actual embajadora en la OEA, dijo esta semana desde Washington, que “las cifras de violencia se empezaron a acrecentar hace 15 años”. De esos años, once son de gobiernos kirchneristas. Quizás a la señora Garré alguien la llame para reprocharle su desapego a los almanaques, o su sinceridad.

Acá, mientras tanto, las discusiones ideológicas alrededor de la inseguridad provocan alineamientos curiosos. Los funcionarios que operan sobre el terreno en general coinciden, más allá de estar a uno u otro lado de la cortina de hierro que hoy divide al oficialismo y la oposición. Del mismo modo, hay sectores oficialistas y opositores, más vinculados a la elaboración teórica de los principios para la acción, que tienen entre sí posiciones cercanas.

Es saludable la divergencia, porque la síntesis de opiniones diversas puede llevar a dar saltos de calidad en las políticas a ejecutar. Pero esto es Argentina y todos somos argentinos: las más de las veces se discute para ganar la discusión y anatemizar al otro. Después, el que tiene capacidad de acción actúa y el que no tiene poder para actuar suele quedar tranquilo con su conciencia con sólo haber dado testimonio. 

En estas últimas dos semanas abundaron ejemplos al respecto, desde que la Presidenta anunció que la reforma al Código Procesal Penal, que empezará a debatirse en el Congreso, contempla la expulsión del país de extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delitos.

Cuando se conoció el texto del proyecto quedó claro que Cristina había ido en su discurso más allá de lo que dice el texto a convertirse en ley. La posible expulsión de extranjeros termina siendo mucho más limitada de lo que parecía. Pero las palabras presidenciales fueron útiles para desnudar, quizás, el verdadero pensamiento de Cristina sobre el tema; aunque después su acción se recorte para cumplir con las demandas del sector progresista que la acompaña contra viento y marea.

Pero el proyecto, aún en el imaginario que dibujaron esas palabras de la Presidenta, provocó otra muestra de esos alineamientos políticos irregulares. Todo se potenció a partir de aquel tiroteo y detención de los siete colombianos, con intervención de la custodia del fiscal Stornelli.

Uno de los colombianos tiene condena por homicidio en su país, Otro, que había entrado a la Argentina hacía una semana, fue condenado allá por robos reiterados,

El secretario Berni volvió sobre la idea que ya había expresado en setiembre, acerca de la deportación de extranjeros delincuentes. Dijo que “estamos infectados” de ese tipo de migrantes. Y afirmó que esa gente “elige la Argentina para robar porque la ineptitud judicial se los permite”. 

Berni es kirchnerista desde antes que Néstor Kirchner ganase por primera vez la gobernación de Santa Cruz. Pero en este punto se cruza feo con otras columnas del oficialismo. El periodista Horacio Verbitsky encabeza hace rato el batallón de objetores de Berni. En esta ocasión, sumando acusaciones de xenofobia y otras lacras, se alinearon detrás suyo el director de Migraciones, Martín Arias Duval; el diputado y ex titular de la Policía Aeronáutica, Marcelo Saín; y directivos del CELS como Gastón Chiller y Diego Morales.

Para esos oficialistas, criticar a Berni es una manera pasteurizada de criticar a Cristina y su proyecto de reforma del Código Procesal Penal, al que el CELS y sectores como el Movimiento Evita, han presentado un listado de cuestionamientos. 

En cambio, y aún con matices, defendieron la posición de Berni el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados; y el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, quien afirmó que “entre el 50% y el 60%” de los detenidos por esa fuerza en el Microcentro provienen de otros países. En el Ministerio de Seguridad porteño cuentan que esta semana cayó en el barrio de Constitución una banda de narcotraficantes integrada por cinco dominicanos y un argentino. Como se ve, toda parcialidad sirve para reunir masa crítica en la discusión.

Por su parte, el ministro de Seguridad macrista, Guillermo Montenegro, se mantuvo en silencio. Comparte sólo parcialmente las posturas de Berni. Ante sus amigos habría asegurado que “si yo llego a decir la mitad de las cosas que dijo Berni, Macri me echa por facho”.

Berni y Montenegro, que comparten territorio de acción en la Capital, recompusieron su relación personal en las últimas semanas. Berni sorprendió el martes al concurrir al acto por el sexto aniversario de la Policía Metropolitana. Montenegro devolvió la gentileza asistiendo el viernes al cierre de la semana de la Policía Federal.

En la madrugada de ese día, Berni le dio a Montenegro el dato de que el arma utilizada por el motochorro herido horas antes en la casa de María Eugenia Vidal había sido robada a una suboficial de la Federal. Pero el ministro porteño no pudo agradecerle en persona la información. 

El viernes, temprano, Berni viajó a Francia para asistir en Lyon a reuniones de Interpol, cuyo Comité Ejecutivo aspira a integrar. La Presidenta puso a la Cancillería a trabajar a tiempo completo para sostener su postulación a ese alto puesto en el organismo policial internacional. La decisión se tomará el viernes próximo, en Mónaco. 

Todo es política.