Daniel Scioli no vetará la Ley de Hábitat que determina una “contribución obligatoria” del 10% del valor de las tierras destinadas a la construcción de countries, clubes de campo, barrios cerrados o shoppings.

La medida será de cumplimiento obligatorio cuando el Ejecutivo promulgue la norma y la publique en el Boletín Oficial, antes de fin de año. Afectará a los nuevos emprendimientos que superen los 5.000 metros cuadrados e incluye, por cuerda separada, la posibilidad de expropiar aquellos lotes ociosos o con obras paralizadas en los últimos cinco años. Esta alternativa prevé la intervención previa de los municipios y la posterior aprobación de una ley específica de expropiación.

Hace un mes, en pleno debate de la normativa, el gobernador había advertido con la eventualidad del veto. En ese momento, la Legislatura se disponía al tratamiento del presupuesto. El trámite parlamentario de cálculo de gastos 2013 fue sostenido por todo el Frente para la Victoria, incluido La Cámpora, las bancas tributarias del vicegobernador Gabriel Mariotto y los aliados extrapartidarios del kirchnerismo. En ese punto, las relaciones en el oficialismo legislativo hallaron equilibrio. Y, entonces, el kirchnerismo insistió con la aprobación, después de la media sanción de Diputados. El jueves, el Senado aprobó la ley.

Poco después, para despejar dudas, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, comprometió una aplicación “estricta y de respeto a la propiedad y los derechos adquiridos”.

Para algunos sectores de la oposición, la controversia no se agota: el diputado Francisco de Narváez (Unión-PRO) insistió ayer con el pedido de veto. “ Destruir la propiedad privada no es el camino”, fue la declaración. Su bloque en la Legislatura provincial se opuso en todos los términos a la ley. Como la recurrencia al veto fue descartada por Scioli, anunció que hará un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Por carta, De Narváez le pide a Scioli el cese de la flamante legislación. “Detrás de argumentos supuestamente solidarios se identifica con claridad la matriz ideológica que invade al proyecto”, explica en sus fundamentos. La presunta reticencia de desarrolladores inmobiliarios para invertir sería una consecuencia.

Casi en simultáneo, el diputado Marcelo España (FPV) - uno de los autores de la iniciativa- salió a responderle: “La Ley no se mueve de lo jurídico y constitucional. Si él (De Narváez) no reconoce ambas constituciones está en un problema; puede ser porque es de otro país ”, en alusión a su nacimiento en Colombia.

La Ley incluye la erradicación de mil villas y asentamientos registrados en la Provincia, el 80% en el Conurbano. El déficit habitacional afecta a un millón de familias bonaerenses.