A la imputación de la Presidenta por la denuncia del fiscal Alberto Nisman y a la pesadilla permanente del vicepresidente Amado Boudou, se suman ministros y secretarios de Estado que empiezan a divisar en el futuro cercano las señales del frío judicial que sentirán cuando estén lejos del poder.

Claro que todavía falta el caso más sensible. En la Casa Rosada esperan con resignación el pedido de indagatoria como sospechoso de Máximo Kirchner para marzo y su eventual procesamiento para el mes siguiente. El hijo de Cristina se convertiría de ese modo en el principal imputado de la causa por presunto lavado de dinero que se le sigue al empresario Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública de la década kirchnerista.

El tsunami judicial que ve venir el Gobierno en las próximas semanas es la razón por la que la Presidenta ha salido a hablar de un partido judicial. La metáfora de Cristina intenta desacreditar a los jueces y fiscales que investigan su gestión para amontonarlos en la misma bolsa que los dirigentes opositores, empresarios y periodistas a los que trata como enemigos en una estrategia que ya perdió la eficacia de los tiempos de credibilidad.