"Anoche, capturamos a tres generales de la aviación que veníamos investigando, gracias a la poderosa moral de nuestra fuerza armada. Tres generales que pretendían alzar a la fuerza aérea contra el gobierno legítimamente constituido", anunció ayer el presidente.

Fue una bienvenida muy al estilo de la revolución bolivariana; la primera presión del mandatario a unos ministros que llegaron con pies de plomo. Maduro acusó a los presuntos sediciosos de "tener vínculos probados con la oposición; en Venezuela hay activado un plan para desestabilizar el país".

En sus 11 meses como presidente, Maduro denunció una treintena de golpes, conspiraciones y magnicidios, sin ninguna prueba; hasta ahora todos quedaron en la nada. Una retórica heredada de Hugo Chávez que ya quedó instalada en el Palacio de Miraflores.

"Si Venezuela fuera desestabilizada, nosotros jamás nos entregaríamos, batallaríamos junto a las fuerzas sociales, militares y políticas. América latina viviría un proceso de desestabilización grave, muy agudo. Por eso es muy importante que la Unasur acompañe el proceso democrático", destacó el mandatario.

"Hay que explicar a Unasur que la protesta para el gobierno es desestabilización y el disenso de militares frente a violación de derechos humanos es conspiración", matizó Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano y experta en temas militares.

Al cierre de esta edición, los detenidos permanecían en la Dirección de Inteligencia Militar. Se trata de tres generales de brigada: José Machillanda, Oswaldo Hernández y Carlos Millán. El segundo fue viceministro de Educación.

El gobierno conocía desde el viernes pasado el malestar de algunos militares ante la violenta represión que encabeza la Guardia Nacional. Incluso los más atrevidos lo habían manifestado a través de las redes sociales. "No hay fisuras en las Fuerzas Armadas", arengó Maduro.

La oposición destacó el momento elegido por el presidente para hacer el anuncio: con la Unasur en Caracas y horas después de la "megadevaluación" que sufre el país al ponerse en marcha el tercer sistema oficial de cambio, llamado Sicad 2.

El "hijo de Chávez" continuó su disertación en Miraflores dejando muy en claro a sus antiguos colegas continentales para qué viajaron hasta Caracas: para dar su visto bueno a las explicaciones oficiales.

Algunos, como el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, parecieron no necesitar ese énfasis: "Debemos seguir los lineamientos del gobierno de Venezuela. No podemos hacer lo que nos dé la gana, meternos en cualquier sitio a conversar con quien sea. Estamos atendiendo un pedido de Venezuela".

La postura estuvo lejos de la de Colombia y Paraguay, quienes al menos sí han logrado abrir la agenda para conversar con opositores y con activistas de derechos humanos.

"Quiero que Unasur nos acompañe para que se sepa la verdad de estos hechos violentos. Las víctimas mortales, caso por caso, están vinculadas y son responsabilidad directa de las guarimbas [barricadas]", dijo el presidente, quien se apoyó en los tres últimos casos conocidos para difuminar los hechos con sus habituales cortinas de humo.

La realidad se insinúa muy distinta a la que Maduro vendió ayer a los ministros de Exteriores. Así lo confirma el asesinato de Adriana Urquiola, intérprete de señas en un noticiero local y embarazada de cinco meses, que conmovió al país. Según la investigación policial, un empleado público bajó de una camioneta y disparó más de diez balazos contra la gente que protestaba en Los Teques. Urquiola se encontraba allí porque bajaba del ómnibus en el que viajaba por culpa de una barricada.

Pese a las evidencias, Maduro acusó del crimen al opositor Henrique Capriles: "Pusilánime, cobarde, por su culpa está sucediendo precisamente buena parte de este golpe de Estado", dijo.

Incluso exhortó al Tribunal Superior de Justicia (lo que en Venezuela es una orden) para que "haga cumplir la ley al gobernador".

Los 11 cancilleres de la Unasur están experimentando una buena dosis de la Venezuela revolucionaria. Ayer sufrieron los cortes de energía eléctrica, provocados por un incendio en la montaña de El Ávila. Y hoy presenciarán el desfile programado por las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, chavistas acérrimos que celebran que su comandante supremo salió de la cárcel hace 20 años.

Venezuela ya lleva 49 días de protestas contra el gobierno de Maduro, con un saldo provisional de 36 asesinatos, cientos de heridos, casi 2000 detenidos y más de 50 casos de denuncias de torturas, avaladas por organismos de derechos humanos. A semejantes cifras hay que sumar el encarcelamiento de dos alcaldes y de Leopoldo López, dirigente radical de la oposición.

Mucho trabajo para los 11 cancilleres en sólo 48 horas de estancia en Caracas, donde hoy coincidirán con María Corina Machado a su vuelta de Lima. La diputada opositora fue "destituida" de su cargo parlamentario por decisión personal de Diosdado Cabello. Su escaño sufrió ayer las prisas oficialistas, hasta le arrancaron de malas formas el nombre de su puesto.

CONDENA DE 96 EX MANDATARIOS MUNDIALES

Mientras no cede la tensión política y social que sacude a Venezuela, 96 ex jefes de Estado y de gobierno condenaron "la represión desproporcionada, la escalada de violencia y el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos" en ese país y pidieron al gobierno de Nicolás Maduro que cese la criminalización de las protestas.

Entre los 96 firmantes se encuentran Oscar Arias, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Alejandro Toledo, Julio María Sanguinetti, Belisario Betancur, Thabo Mbeki, Fuad Siniora, Bill Clinton, Ernesto Zedillo, Yasuo Fukuda, Felipe González, Mikhail Gorbachov, Alain Juppé, Helmut Khol, Romano Prodi, Mary Robinson, José Luis Rodríguez Zapatero, Horst Köhler y Jean Chrétien..