Gas: llamarán a audiencias por el aumento en tarifas

Gas: llamarán a audiencias por el aumento en tarifas

Antes el gobierno debe resolver cuál será el valor en boca de pozo y laudar sobre la deuda que las distribuidoras tienen con las petroleras.

 

El Gobierno convocará a audiencias públicas para tratar los aumentos en tarifas de gas que se aplicarán desde el 1 de octubre y que, según el ministro Javier Iguacel, no superarán el 25%. Las audiencias se realizarán entre el 3 y el 6 de septiembre en distintos lugares del país, incluyendo Capital Federal.

Con anterioridad a la primera semana de septiembre, entonces, el Ministerio de Energía deberá laudar entre las petroleras que extraen el gas y las distribuidoras para fijar el nuevo valor en boca de pozo que regirá desde octubre. En la misma fecha se trasladará a las tarifas el ajuste por precios mayoristas (IPIM) sobre los ingresos de transportistas y distribuidoras del producto, considerando el semestre marzo-agosto.

Sobre este último aspecto, las empresas gasíferas ya tienen asumido que se repetirá el mismo esquema utilizado en los casos de Edenor y Edesur. Esto significa que se les autorizará la mitad del ajuste que les correspondería y que rondaría el 15%, y que la parte pendiente se aplicará en seis cuotas a partir de abril de 2019.

El problema se centraliza en el precio del gas en boca de pozo y en la deuda que las petroleras reclaman a las distribuidoras, porque éstas les están pagando a un tipo de cambio de $20,65, tal como estableció el Enargas al fijar el cuadro tarifario que está vigente desde el 1 de abril.

En las tarifas de hogares, pymes y comercio, el valor del gas está fijado desde abril en u$s4,68 a un tipo de cambio de $20,65, o sea $96,4548 por unidad. Si se considera un tipo de cambio de $28, las distribuidoras están pagando el producto a las petroleras a u$s3,44. 

Deuda acumulada

La diferencia es una deuda que las distribuidoras vienen acumulando, sobre la que el Gobierno debe definir cómo se saldará, es decir, cuánto de la diferencia sea absorbida por las productoras, cuánto por las que distribuyen el gas y cuánto los usuarios.

Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, está presionando para una rebaja en el valor en boca de pozo a partir de octubre. Ya está el antecedente de la disminución del gas para Cammesa de u$s5,20 a u$s4,20 que se resolvió por resolución en agosto para atenuar el aumento en el precio mayorista de la energía.

Así, mientras la tablita de precios ascendentes diseñada por el exministro Juan José Aranguren establecía que a partir de octubre el valor del gas para residenciales y pymes pasaría a u$s5,26, ahora se habla de que se fijará en u$s 3,60 o menos.

Según la visión oficial, el aumento en la producción de gas de los últimos meses justificaría la rebaja. Pero las petroleras reclaman el cumplimiento de los contratos firmados con las distribuidoras siguiendo la escala ascendente de Aranguren.

Se afirma que el Gobierno apelaría al cambio de las condiciones macroeconómicas para modificar los precios a las petroleras. Pero por el momento lo que sucede con los combustibles líquidos está indicando que esas empresas buscan que se mantengan las reglas de juego. En el caso de naftas y gasoil, es la libertad de mercado, aunque el traslado al público sea gradual y en cuotas.

Con el gas también buscarían asegurarse un esquema de precios ascendentes, relacionados con los valores de importación, aunque no puedan aplicarlo en octubre y recién puedan hacerlo en 2020.

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