El Gobierno justificó ayer la polémica jugada de divulgar, a través de la agencia Télam, el boleto de avión del periodista Damián Pachter, quien había dado la primicia de la muerte del fiscal Alberto Nisman y se fue del país el sábado pasado porque se sentía perseguido y con miedo.

"El artículo 10 de la ley de datos personales dice con claridad que se pueden hacer conocer por decisión judicial y cuando medien razones fundadas de preocupación pública", sostuvo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, en una temprana rueda de prensa matinal, al justificar la publicación del detalle del vuelo.

El cronista, que trabaja en el diario Buenos Aires Herald y también en Ámbito.com, pasó por Uruguay -como reflejaba el ticket comprado en Aerolíneas Argentinas- y finalmente terminó su viaje en Israel, donde vivió e incluso cumplió con los tres años de servicio militar obligatorio.

La intención oficial de difundir el recorrido respondió a que, según el registro de la compañía aérea, tenía como fecha de regreso de Montevideo a Buenos Aires el 2 de febrero. Eso, en teoría, quitaba fuerza a la hipótesis de un "exilio" y podría quedar enmarcado, siempre en la versión gubernamental, como una semana de vacaciones. Lo que no sabían era que, para despistar, Pachter había comprado pasajes en otra firma destino a Tel Aviv, con escala en Madrid.

En el Gobierno advirtieron "mala intención" en el periodista cuando en declaraciones realizadas el fin de semana dio a entender que la mano kirchnerista estaba detrás del seguimiento que aseguró padecer. Eso lo llevó a afirmar que quizá no volvería al país durante los once meses que faltan de gestión.

En una entrevista vía Skype con el portal Infobae, ayer se mostró dispuesto a dialogar con la Casa Rosada. "No creo que tenga mucho sentido, pero si quieren hablar conmigo, voy a atender el teléfono", lanzó.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sembró dudas sobre el relato que esbozó Pachter y la fotografía que el periodista tomó a un supuesto espía. "Lo que tiene que hacer es publicarla, para que se tomen cartas en el asunto y verificar si efectivamente es o no un agente", sostuvo.

En un terreno más fangoso se metió el jefe de Gabinete cuando dijo que "previamente el mismo periodista había publicado el billete", hecho que no ocurrió, para justificar la divulgación por parte de organismos del Estado.

Si bien en los despachos oficiales, por lo bajo, reconocían el "costo" que puede significar publicar información privada de un trabajador de prensa, la apuesta comunicacional y política está centrada en abrumar con datos y elementos con el objetivo de dar batalla en la opinión pública. "Había que desbaratar una operación que se orientaba a generar un clima de persecución a periodistas", explicó a LA NACION un funcionario, sobre el insólito intento para desmentir a Pachter.

La maniobra ya tuvo impacto. Ayer, el diputado bonaerense Mauricio D'Alessandro, del Frente Renovador, presentó una denuncia por violación de secretos y datos confidenciales contra Aerolíneas Argentinas, presidida por Mariano Recalde, que recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos.

"Por la gravedad de todo lo que rodea la muerte de Nisman, la difusión de datos confidenciales y privados se torna más sensible que en los casos comunes", declaró D'Alessandro.

LA SIP PIDIÓ PROTECCIÓN

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó ayer que el periodista Damián Pachter se haya visto obligado a abandonar el país "por temor a ser víctima de represalias", y pidió al gobierno argentino que garantice su seguridad."Revelar datos personales a través de órganos estatales es un acto de irresponsabilidad e ilícito, que debe ser investigado y sancionado con urgencia", dijo el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo.