La compañía española Isolux quedó el viernes en el centro del caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, luego de que su principal ejecutivo en el país declarara como arrepentido en la causa judicial que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Pero la empresa, beneficiada con varios contratos de obra pública durante el kirchnerismo y socia de Iecsa, la empresa del  primo de Mauricio Macri, está en la mira de la AFIP por el desvío de dinero  desde hace un año. Isolux y la gestión de JuanCarlos De Goycoechea están en la mira por pagar unos $ 490 millones con facturas apócrifas entre 2012 y 2016. Algunas de esas facturas pertenecen a proveedores fantasma, pero otra parte fue emitida por lo que el fisco denomina “empresas mixtas”. Se trata de compañías con actividad comercial real pero que también simulan servicios falsos en su facturación.   Uno de los proveedores señalados por la AFIP es Juan Carlos Blúa. Figura como empleado del Ministerio de Justicia, con un salario mensual de $ 14.000 pero facturó servicios a Isolux por $ 85,2 millones. Al menos otros dos empresarios podrían declarar como arrepentidos ante el juez Bonadio La sospecha de la AFIP va más allá de una mega maniobra de evasión de impuesto de Isolux. Fuentes de la investigación aseguraron a PERFIL que gran parte de esa facturación trucha podría haberse utilizado para simular pagos a empresas falsas que en realidad era dinero desviado para pagar coimas a funcionarios del kirchenrismo. En la mira está la Central Termoeléctrica de Río Turbio, en Santa Cruz, la principal obra de Isolux en el país. La causa alcanza también a dos empresas “mixtas” de propietarios vinculados a la Unión Industrial Argentina (UIA). De acuerdo a la denuncia presentada en la Justicia en octubre de 2017, Prosetec SA y Termipol SA facturaron más de $ 317 millones a Isolux por servicios que no podrían justificar. La AFIP intentó dar con documentación que probará la prestación estos servicios o la compra efectiva de maquinaria, pero las empresas no habrían podido comprobarlos. Los cuadernos completan la ruta de las coimas de Techint La denuncia fue impulsada por Horacio Castagnola, titular de la Dirección General de Impuestos (DGI), una división clave de la AFIP. El organismo aún espera definiciones clave en la causa judicial, aseguraron fuentes del fisco a PERFIL. El expediente quedó a cargo del juez  Diego García Berro, en el fuero Penal Económico. Ahora, en la AFIP consideran que la causa de los cuadernos deberá cruzar información con su investigación.