En la sede fabril de Avenida de Mayo, los industriales presentarán el "modelo de país" que imaginan para los próximos años, sea de un reelegido Mauricio Macri o para un eventual gobierno de Alberto Fernández. Pero, entre líneas, también comenzarán a mostrar las cartas para las condiciones necesarias -dicen en la entidad que conduce Miguel Acevedo- para establecer un posible acuerdo de precios y salarios.

El encuentro oficial, que servirá para difundir la "Agenda productiva 20/23. Propuestas para generar y exportar valor al mundo", se fundamenta en un documento de 300 páginas en que el trabajaron el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, y su equipo, y al que ayer pudieron echar una ojeada el candidato presidencial Roberto Lavagna y su eventual vicepresidente, Juan Manuel Urtubey.

Sin embargo, pese a las estrategias de largo plazo que difundirán ante los protagonistas de la carrera electoral, la urgencia está puesta en marcar la cancha con relación a las propuesta que generalizó el ganador de las PASO, Alberto Fernández, con quién el comité directivo de la UIA se reunió la semana pasada.

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un acuerdo de precios y salarios? Los industriales no dudan. Lo primero será un "reperfilamiento" o reprogramación de la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional ( FMI); volver a los mercados voluntarios con un riesgo país más bajo, y comenzar a acumular reservas a través de un agresivo "plan de exportaciones". Para que ese último plan exista, creen, habrá que discriminar el peso de las retenciones a los productos de valor agregado de aquellos que no lo tienen. Lo mismo pasará con la política de reintegros que pedirán impulsar los industriales. Es una política que Mauricio Macri minimizó.

Solo en ese contexto de mayor certidumbre, creen los empresarios, se podrá comenzar a trabajar en el segundo paso: dar previsibilidad a los "costos de producción" que sentarían las bases para instrumentar un acuerdo de precios y salarios como el que pretende Fernández y negociarán la UIA y los sindicatos.

Los costos de producción que necesitan prever los empresarios son tres: tipo de cambio, tasas de interés y tarifas de servicios públicos. Para el dólar pretenden un esquema de flotación sucia, con subas previsibles y secuenciales por debajo de la inflación en 2020. Como en el Gobierno, consideran que hay colchón, aunque para algunos productos para exportar esperan el restablecimiento de los reintegros.

La tasa de interés, creen, puede bajar (puede estar ocho o diez puntos por encima de la devaluación esperada) si se restablece la confianza tras un proceso de acumulación de reservas y baja del riesgo país, mientras que las tarifas de los servicios podrían comenzar a tener un precio que discrimine la producción (para cuidar Vaca Muerta) del transporte y la distribución. La fórmula no es clara.

Solo con previsibilidad sobre el tipo de cambio, las tarifas y las tasas de interés, creen los empresarios, se llega a la tercera etapa: negociar con los gremios aumentos de salarios inferiores a los que actualmente están previendo. En ese contexto, las compañías encontrarían incentivos en que sus precios, y la inflación en general, estén levemente por debajo de los sueldos. "Podemos tener un aumento de 30% de los sueldos y de 25% de la inflación", se esperanzó ayer un analista. Esa recuperación real de los salarios, indicaron, mejoraría el consumo interno.

Los acuerdos estratégicos y de precios y salarios, creen entre los industriales, deberían ser institucionalizados. En la entidad recuerdan el último que consideran "exitoso". No fue el de José Bel Gelbard (en 1973), recordado por Cristina Kirchner en su presentación del libro Sinceramente, sino el de Juan Vital Sourrouille, dicen, pero "ordenando el tema del gasto". Entre los empresarios consideran además que deberán pelear el relato en algunos espacios políticos en los que creen que la inflación se relaciona más con la concentración empresaria que con inconsistencias macroeconómicas. Miran de reojo, por ejemplo, los discursos enfocados en asociar la variación de precios mensual con una eventual proyecto de ley de góndolas (como ayer mismo lo dejó entrever Alberto Fernández).

El control de cambios a nivel mayorista y las obligaciones de liquidar divisas, estiman, llegaron para quedarse por lo menos por un tiempo. No prevén un pacto antidespidos ni una reforma laboral, pero sí una revisión en los convenios de diferentes sectores y el mantenimiento de la lucha contra la "industria del juicio".

La reforma tributaria de 2016 deberá "reenfocarse hacia las pymes", mientras que debería debatirse la "sustentabilidad" del sistema previsional. ¿Cierre de importaciones? "No", dicen entre los industriales. ¿Variantes? Con el actual tipo de cambio, valores criterio y medidas antidumping, por ahora, alcanza.