Cuando llegó a la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó se rodeó de gente de confianza. Entre ellos se encuentra Carlos Gonella, a quien Gils Carbó -aún sin tener el acuerdo del Senado como fiscal- puso al frente de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Omar Orsi, que fue nombrado como coordinador del área de ese organismo en lo referido a Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, también está entre los cercanos a Gils Carbó.

En 2013, a partir de revelaciones del programa Periodismo para Todos, explotó el escándalo de lavado de dinero que involucra al empresario y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez, Gonella y Orsi tuvieron una intervención en el inicio del expediente.

El caso cayó en el juzgado de Sebastián Casanello. El fiscal era Guillermo Marijuán. Cuando enviaron el expediente a la fiscalía, Marijuán estaba de licencia y fue reemplazado por Ramiro González. Gonella y Orsi -se cree que por indicación de Gils Carbó- monitorearon el impulso inicial de la causa a punto tal de evitar que el empresario Báez fuera imputado, ni tampoco nombrado en la carátula del caso. La imputación original se dirigió apenas a los valijeros Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

Unos días después llegó Marijuán de su viaje y corrigió la imputación que había sido “intervenida”. A partir de ese momento, Báez quedó imputado. Aquel escrito de Marijuán en el que manifestaba “enorme sorpresa y desagrado” con el contenido del requerimiento de instrucción, fue muy duro con Gonella y Orsi.

El fiscal había señalado: “no logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etc., e, igualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas –ROS– que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad”. Marijuán dijo que “parece que las reuniones y cursos en el exterior de estos funcionarios, supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no han resultado suficientes todavía para ilustrarlos sobre lo que es una pesquisa de esta naturaleza".

"Espero igual que este no sea el destino de las causas que estén bajo su órbita si acceden, alguna vez, a la magistratura, pues es obvio que el horizonte de un fiscal es centrar su atención sobre todos los hechos denunciados y no parcializar la investigación, vaya a saber con qué propósito. En todo caso, esto último quizás sea una estrategia válida o adecuada para un defensor particular u oficial, pero no para un fiscal, que representa los intereses de la sociedad toda en pos de esclarecer los sucesos presuntamente delictuales”, continuó.

A partir de la actuación de Gonella y Orsi en el inicio de la investigación sobre Lázaro Báez se hicieron varias denuncias. Entre ellas las de Elisa Carrió y Julio Raffo. Se unificaron en un expediente que recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

El juez citó a indagatoria a Gonella y Orsi por el delito de prevaricato. Según fuentes judiciales el juez tomó la decisión de indagar a Gonella y Orsi al conocer que en la Procelac se había hecho una investigación interna que involucraba a Báez y sus empresas. Pero cuando intervinieron en el requerimiento de instrucción no apuntaron al empresario de la construcción.

La conducta de Gonella y Orsi puede ser encuadrada en el artículo 272 del Código Penal en función del artículo 271 que dice: "Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada". El artículo 272 señala que "La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades".

Desde qué surgió el caso, el fiscal Gonella -que luego obtuvo acuerdo del Senado como fiscal general federal en Formosa- negó, ante publicaciones periodísticas que hablaban del caso, haber cometido alguna irregularidad.

Los fiscales de Gils Carbó fueron citados para el 7 y 8 de octubre. Allí darán sus explicaciones. Como indagados en una causa penal.