La prohibición de abrir nuevas salas de bingos en la provincia de Buenos Aires convirtió el traslado de estos salones ya existentes en una pelea constante entre intendentes, funcionarios bonaerenses y empresarios. Uno de los jefes comunales que lucha desde hace años por el juego en su distrito es el flamante ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados.

Un mes atrás, el gobernador Daniel Scioli, a través de su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, decidió retomar la discusión que Granados había planteado tiempo atrás sin éxito: la posibilidad de que el bingo de Villa Gesell sea trasladado a Ezeiza. El ahora ministro de Seguridad ya eligió el espacio para el funcionamiento de esta sala, que estaría en el subsuelo de Las Toscas Canning Shopping. Este paseo de compras, ubicado a sólo diez minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, terminó de construirlo en 2008 el empresario amigo de Granados, Walter Pérez, ya previendo que allí podría funcionar un bingo.

Las conversaciones para que el intendente de Ezeiza se transforme en ministro lograron que la familia Granados pueda tener la sala de bingo funcionando a fin de año en su distrito. El salón de Villa Gesell que funcionaría en Ezeiza es uno de los bingos que el empresario, Aurelio Sierra, le traspasó a Federico de Achával, socio de Cristóbal López en el negocio del juego. Una vez en movimiento en este distrito del Conurbano, se estima que el bingo podría generar entre 400 y 500 millones de pesos al año, y el municipio obtendría el 6% de su recaudación.

Pero éste no sería el único beneficio que recibiría la familia Granados. Según pudo reconstruir PERFIL, en la negociación con el gobierno provincial, el flamante ministro propuso que la institución beneficiaria –que por ley recibe ingresos derivados de los juegos de azar en el distrito donde funcione la sala– sea el club de fútbol Tristán Suárez, cuyo presidente es el hijo del funcionario, Gastón Granados.

La instalación de esta sala volvería a chocar con una cláusula de exclusión que logró la empresa Boldt, que explota el casino de Tigre, y que dice que no se pueden instalar otros salones de juego en 150 kilómetros a la redonda. Sin embargo, Boldt ya llevó esta batalla a la Justicia por la violación de esta cláusula con la autorización de explotación de otras salas por parte del gobierno de Scioli, y ahora espera que el Estado reponga económicamente la pérdida de la “exclusividad”.

En la provincia existen 46 licencias de bingos. El gobernador bonaerense intentó tiempo atrás crear nuevas salas, pero el proyecto de ley nunca avanzó. Por ello, la única manera de que un municipio logre la instalación de una sala es con el traslado de una ya existente