Ante la imposibilidad de apelar, el Gobierno nacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia que aclare algunos puntos del fallo que establece que la reducción del IVA y el Impuesto a las Ganancias deberán ser financiados con recursos del Estado nacional y fije una audiencia pública con los 15 gobernadores que cuestionaron ambas medidas con el objetivo de definir la modalidad y los tiempos para instrumentar la resolución del Alto Tribunal.

Aunque en la Casa Rosada creen que la próxima administración será la que deba hacerse cargo de costear lo dispuesto en los decretos 561/19 y 567/19 que firmó el presidente Mauricio Macri tras la derrota de las PASO, el procurador General del Tesoro Nacional, Bernardo Saravía Frías, se apuró a redactar el escrito en el que destaca que "la sentencia omite cualquier referencia al modo en que debe implementarse la cautelar impuesta" y señala que "no es posible acatar la voluntad jurisdiccional sin afectar el bienestar general". Para sortear esa situación, desde el Ejecutivo nacional piden "aclaraciones sobre la resolución dictada" y que "se fije audiencia pública (Acordada CSJN N° 30/07) con la comparecencia de todas las Provincias que cuestionaron las normas mencionadas en instancia originaria de esta Corte Suprema".

"La sentencia del 1° de octubre de 2019 no brinda al Estado Nacional herramientas mínimas para su ejecución. Media absoluta indeterminación en cuanto a los efectos fiscales sobre las jurisdicciones locales demandantes que debieran remediarse", señala el texto de 6 páginas y que lleva las firmas de Saravía Frías; el Director Nacional de Asuntos Judiciales, Carlos Gustavo Pistarini; y los ministros Hernán Lacunza, de Hacienda; y Dante Sica, de Producción.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia dispone que el costo fiscal de la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica y la suba del mínimo no imponible en Ganancias -que sería de 30 mil millones de pesos, según estimaciones de la administración central- sea asumido por la Nación. Desde Balcarce 50 reiteraron a BAE Negocios que las medidas seguirán vigentes y que están "dispuestos a discutir con las provincias" el modo de financiarlas.

En referencia a uno de los puntos salientes de la resolución del Alto Tribunal, que plantea que es necesario no afectar los fondos coparticipables, en la nota presentada por el Gobierno nacional señalan que "el Decreto N° 561/19 no afecta la masa coparticipable: sólo se produjo un diferimiento en la forma en que se ingresa el impuesto anual; por lo que no queda claro el modo de cumplimiento de la cautelar en este sentido".

Además de cuestionar la letra del fallo, desde el oficialismo criticaron el momento -en alusión a la campaña electoral- que los cortesanos escogieron para pronunciarse sobre una medida de gobierno. "Por último, no podemos concluir esta presentación sin señalar la oportunidad elegida por el Tribunal para expedirse", señalan en la ante última página del escrito.

Un rato antes, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo en declaraciones a la Red que "hay una historia, una tradición, que es no hacer fallos de este tipo en plena campaña electoral, a pocas semanas de una elección presidencial" y puntualizó que el gobierno va a "encontrarle la vuelta para que estas medidas de emergencia las podamos mantener en el tiempo".