Asustado por el impacto inflacionario que tuvo el aumento de la luz en la Capital Federal, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, resolvió que para abril se utilice el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Luis, que en el último mes fue más bajo que el porteño.

Cuando Mauricio Macri decretó la emergencia estadística se discontinuó el IPC nacional, que era usado desde 2002 para actualizar el valor de bonos y depósitos en pesos. Por eso, en diciembre, enero y febrero Prat Gay estipuló que el coeficiente se actualizaría sobre la base del índice de precios porteño.

Curiosamente, tanto en diciembre como en enero la inflación de San Luis superó a la de la Capital. Sin embargo, esa tendencia se revirtió y a partir de febrero la suba de precios en la Ciudad superó a la de la provincia cuyana, lo que hubiera empeorado el resultado de abril, ya que el CER se construye en relación con la suba de precios que hubo en los dos meses anteriores.

En la resolución 100/2016 publicada ayer en el Boletín Oficial, Prat Gay argumentó que “los aumentos tarifarios registrados en el período fueron significativamente superiores en el área metropolitana del GBA que en el resto del país, ya que mientras que en el IPC-CABA el aumento en la electricidad es de 253,3%, en el de San Luis el aumento tarifario de electricidad promedio es de 99% para febrero”.

“El efecto diferencial del aumento tarifario en la Ciudad de Buenos Aires se refleja en la variación mensual del resto del IPC publicado por dicha jurisdicción, que alcanzó el 3%, y que resultó más aproximada a la variación del índice de San Luis, que registró 2,7%”, reza la resolución.

En el mercado, el manoseo de los indicadores generó inquietud ante el temor de que el Gobierno de Macri continúe la manipulación de datos oficiales que caracterizó al kirchnerismo.

En ese sentido, la resolución de Prat Gay no especifica qué indicador se utilizará a partir del 25 de abril, cuando la disposición emitida ayer cumpla su período de vigencia, ya que las últimas veces el funcionario la estuvo definiendo a su gusto a fin de cada mes.

“La lógica es razonable, pero demuestra cierta improvisación. ¿Por qué no utilizaron el IPC San Luis desde un principio, sabiendo que las tarifas de luz en la Capital eran las más atrasadas, y por ende donde iba a haber más ajuste?”, apuntó Rubén Pasquali, de Mayoral Sociedad de Bolsa.

En tanto, el director del Departamento de Economía de la Universidad del CEMA, Alejandro Rodríguez, estimó que, por esta vía, el Gobierno se ahorró unos $2.900 millones, teniendo en cuenta que la deuda ajustada por CER llega a 15.700 millones de dólares.

Los analistas también cuestionaron que se haya elegido para el mes próximo a San Luis, un distrito poco representativo en términos de población, más allá de que la “inflación subyacente” en la provincia cuyana sea menor que la de la Capital, en donde viven casi seis veces más personas.

Pasquali planteó que el ahorro del Gobierno por esta medida no es significativo en comparación con lo que tendrá que pagar por la devaluación que llevó el dólar oficial de $9 a $15 y que implicará un mayor pago por los bonos dollar linked que ajustan según la variación del tipo de cambio.