Alfonso Prat Gay anunció ayer que subirá el mínimo imponible de Ganancias entre un 15 y un 17%, una porcentaje similar a la inflación prevista en el presupuesto y por lo tanto inocuo al bolsillo de los trabajadores.

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Era de esperar: con el fracaso del tarifazo de gas, el déficit fiscal llegará a 4.2% del PBI en 2017, muy por encima de lo previsto. Y Ganancias, por su alcance, representa uno de los impuestos más voluminosos como para desecharlo.

 

Para aminorar el reclamo de los sindicatos, el Gobierno apuesta a la complicidad de los gobernadores, que sufren cualquier baja en la recaudación porque se traduce en una inmediata baja de la coparticipación.

 

 

 

Sin embargo, los mandatarios ya evalúan una estrategia para no quedar enfrentados a los sindicatos: junto a sus legisladores evalúan exigir que cualquier cambio en Ganancias sea financiado por el porcentaje de impuestos retenido por Nación.

 

 

El debate ya tuvo un episodio: cuando se bajó el IVA a alimentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales, el dictamen del diputado Pablo Kosiner (Bloque Justicialista) contemplaba una partida nacional para afrontarlo, pero no prosperó.

El diputado salteño Pablo Kosiner.

 

También lo exigió Adolfo Rodríguez Saá en el Senado, con la amenaza de elevar el reclamo a la Corte Suprema. “No se puede reducir coparticipación sin un acuerdo marco Nación-Provincias”, argumentó. Pero no fue tenido en cuenta.

 

 

 

El planteo volverá a escucharse cuando Prat Gay envíe la modificación de Ganancias, que hoy grava a solteros con salarios de 18800 pesos y casados con 25 mil.

 

 

Los cambios contemplarían una reducción de las escalas, con bajas de alícuotas para las categorías más bajas, las más defendidas por los sindicalistas.

 

 

 

En el PJ, representado por los senadores del FpV-PJ y el bloque justicialista, buscarán evitar enfrentar gremios con gobernadores, principales actores del espacio.

 

 

 

Pero las dificultades financieras de las provincias animarán el debate del presupuesto, que empieza el martes con la exposición de Prat Gay, el secretario de Hacienda Gustavo Marconato; y el de Finanzas, Luis Caputo.

 

 

Es que los gobernadores fueron golpeados por la recesión, que impactó sobre su recaudación de ingresos brutos; y las bajas de IVA, Ganancias y del 5% de la retención a la exportación de soja, coparticipables desde 2009.

 

 

Macri se comprometió a reducir otro 5% en 2017 pero aún duda en cumplir, temeroso de volver a amontonar gobernadores en la puerta de la Casa Rosada.

 

 

 

Las reformas tributarias y la recesión minimizaron el impacto de la devolución a las provincias del 3% de coparticipación, la primera de las 5 cuotas previstas para restituir la retención que hace Anses hace dos décadas.

 

 

 

Por resultar insuficiente, Macri amplió la ayuda con un adelanto de otro 6% de coparticipación, financiado por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, a una exigua tasa del 15%.

 

 

Pero el principal atajo fue habilitar emisiones de deuda externa en las provincias, una práctica que Prat Gay considera peligrosa e intentará limitar para el año que viene con una reforma a la ley de responsabilidad fiscal.

 

 

 

Para detenerlo, los gobernadores enviaron a sus legisladores a estudiar en detalle el endeudamiento que Nación tomó este año y el pautado para 2017, muy por encima del tomado por sus ministros.

 

 

Y exigen no reducir los giros de Nación, que esperan sean sobre una masa de recursos mucho más alta a la de este año, inmerso en una abrupta caída, de la que nadie salió ileso.