El primer tramo de la cuarentena disparó la imagen de la mayoría de los gobernantes. La medida fue percibida como una atinada decisión política para proteger la vida de los argentinos. Ello sumó un gran capital político para figuras como Alberto Fernández, Axel Kicillof y el propio Guillermo Montenegro. Pero la debacle económica y la administración de la salida de la cuarentena para dar respuestas a los múltiples reclamos comienzan a sembrar interrogantes.

En el plano local se encaró una nueva etapa de reactivación económica con la apertura de los comercios minoristas de bienes no esenciales y el regreso de otras más de 60 actividades. Además empezaron a ganar protagonismo las peticiones por los movimientos recreativos. Un proceso que no está exento de fricciones para el intendente de General Pueyrredón, quien deberá desplegar sus credenciales de conductor para encontrar un punto de mediana armonía.

La situación epidemiológica ha tensado la relación con una oposición que se mostró más conciliatoria en la primera etapa de la cuarentena y para votaciones claves, como la del Presupuesto. Es que el reflejo de Villa Azul llegó hasta la Comuna, donde 8.560 familias viven en las 114 villas y asentamientos que se extienden en el territorio. Desde el kirchnerismo se habló de falta de previsión y de una desarticulación del sistema de atención primario de salud municipal con el provincial y nacional ante un posible brote.

La cautela fue la respuesta desde el entorno de Montenegro, quien descarta desplegar un operativo especial en zonas vulnerables, donde no hay indicios de casos de COVID-19. “Salir a testear indefinidamente, sin tener motivos o un patrón de búsqueda, no te va a dar la información precisa. Hay que buscar un criterio”, remarcó el alcalde.

Por su parte, la negativa inicial del Gobernador para habilitar los protocolos de los comercios minoristas marcó un nuevo hito en la relación entre el intendente de La Feliz y Kicillof. “Necesitamos una explicación para entender el motivo”, afirmó el jefe comunal en conferencia de prensa. La equiparación con el Conurbano por el solo hecho de tener una población mayor de 500 mil habitantes no era suficiente elemento para el intendente, que enfatizó que la “foto sanitaria” luce controlada.

Finalmente, los dos contactos entre Montenegro y el Presidente aportaron para la definición del conflicto: desde el 26 de mayo, los comerciantes pudieron abrir sus puertas. “No vamos a confrontar más de lo necesario y, si es así, será siempre para pelear por lo que creemos que favorece a Mar del Plata. No es tiempo de especulaciones políticas”, plantean desde el Ejecutivo.

En este marco, las arcas municipales también emergen como un frente a atender, en coordinación con Provincia. Hubo una reducción de los ingresos no tributarios del 60% y el panorama económico es por demás complejo: la asistencia desde La Plata será clave para sobrellevar los próximos compromisos. En mayo ya se recibieron $190 millones para afrontar los sueldos de abril. A raíz de ello, Montenegro se mantiene ajeno a las confrontaciones subidas de tono, mientras que referentes del PRO salieron al cruce por los dardos que Kicillof lanzó a Vidal en la conferencia junto a Rodríguez Larreta el sábado 23 de mayo. Precisamente, los dos referentes en los que se recuesta el jefe comunal en la propia interna que transita el partido amarillo.

En paralelo, otros conflictos avanzan por estos días. Uno de ellos es el de los recicladores del predio del basural, con sucesivos bloqueos en reclamo de subsidios y la vuelta al trabajo en las últimas dos semanas. Por fuera de este grupo, otro gran número de sectores se manifestaron en busca de respuestas: abogados y gastronómicos fueron algunos de los más notorios en los últimos días. Cada uno con su protocolo bajo el brazo demanda una urgente habilitación. La respuesta del gobierno local es la misma: “Lo vamos a analizar y, en caso de avanzar, define Provincia y Nación”.

 

Crisis y “plan de austeridad”

La proyección de los ingresos para el 2020 que el secretario de Hacienda, Germán Blanco, le  presentó a Montenegro causó alarma y preocupación. La caída sería de un 28% y se percibirían $5 mil millones menos de los $17,7 mil millones previstos en el Presupuesto.

“Plan de austeridad” es la expresión que utilizan en el gobierno como eufemismo de un ajuste fiscal que deberá afrontar. El Ejecutivo ya bocetó los ítems a readecuar. Por un lado se evalúa una reducción en las horas extras en torno al 50%, junto a algunas bonificaciones, además de jubilar a aquellos empleados que cumplan las condiciones. También se analizó una reducción salarial del 10%. Los gastos en personal representan el 58% de todo el presupuesto de gastos. Pero la respuesta del Sindicato de Municipales fue contundente y se daría marcha atrás.

Otro aspecto que se considera es renegociar diversos contratos con empresas prestadoras de servicios.

 

Crece la demanda de alimentos

Los Comités Barriales de Emergencia (CBE) estiman que hay un incremento de la demanda alimentaria cercano al 30% desde que comenzó la cuarentena. En total existen alrededor de 300  comedores y merenderos en Mar del Plata. Como respuesta, Montenegro se comprometió a reforzar la ayuda alimentaria. El acuerdo es que el Municipio proporcione los víveres frescos a los barrios mientras Provincia se encarga de los secos. Desde el gobierno local se entregarán 3.000 kilos de comida esta semana, llegando a un total de 13.000 desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Otro eje de las demandas de los sectores populares es el control sanitario del Municipio ante un posible brote de COVID en los asentamientos.

 

El conflicto con los recicladores

De los principales conflictos con sectores que reclaman flexibilización en el aislamiento, uno en particular amenaza a la gobernabilidad. Los recicladores del predio de residuos ya impulsaron tres etapas de corte total en los accesos, que dejaron al distrito sin el sistema de recolección de residuos. La más extensa, durante cuatro noches. Pese a la aprobación del protocolo por Nación, la situación, aún no pudo regularizarse.

El acuerdo firmado pautaba que los desechos secos permanezcan 72 horas -para que en ese lapso muera el virus, en caso de existir- en un playón del predio, al cual podrían acceder los recicladores. No obstante, ese aspecto nunca se cumplió. Los manifestantes apuntan contra la CEAMSE, y la empresa, contra la Municipalidad.

 

La situación de los gastronómicos

Un grupo de 200 propietarios gastronómicos exige el regreso a la actividad. Plantean que se está trabajando al 30% de la capacidad, y que el 90% de los locales permanecen cerrados. Algunos se han manifestado esgrimiendo que están facturando tan sólo un 10% de lo habitual. Al respecto, Montenegro señaló que es un “rubro importante” para la ciudad y que se están haciendo protocolos específicos dentro de los locales para que puedan volver.

 

Los abogados y un recurso de amparo sin efecto

El Colegio de Abogados presentó un recurso de amparo para lograr por vía judicial la habilitación para el funcionamiento de la entidad y sus integrantes. La demanda estaba dirigida contra la Municipalidad y la Provincia.

Con el reclamo de fondo del levantamiento de la feria judicial, los letrados sostuvieron que se comete una violación de garantías constitucionales, como el derecho al trabajo y la igualdad ante  la ley: plantearon que se autorizaron profesiones similares. Sin embargo, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 9 no dio lugar a la petición.