Por Daniel Lozano

RACAS.- Las vejaciones sufridas por la madre y por la mujer de Leopoldo López el pasado fin de semana en la cárcel militar de Ramo Verde volvieron a situar en la primera línea informativa el drama de los presos políticos, precisamente cuando la Asamblea empezó los trámites del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional.

El relato de Lilian Tintori es estremecedor: "Me metieron en un cuartico, me quitaron toda la ropa: sostén, pantaleta y el modes [toalla sanitaria]. Desnuda completamente, me pidieron que abriera las piernas varias veces y revisaron hasta el modes que me quitaron. A la mamá de Leopoldo le hicieron lo mismo, pero en el cuartico con ella estaban mis hijos. ¡Manuela [de 6 años] y Leopoldo Santiago [de 3] vieron todo!". Ambas mujeres han denunciado en reiteradas ocasiones los maltratos que sufren al acceder a las prisiones. Y no sólo ellas dos, también las familiares de otros presos políticos, 76 actualmente en Venezuela.

"Mis nietos tienen derecho a visitar a su padre sin ser víctimas de esta violencia malintencionada. No vamos a permitir que además de la tortura cotidiana le quiten la visita", reclamó Antonieta Mendoza, la madre del prisionero político más emblemático del chavismo.

Las dos mujeres hicieron responsables a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello de cualquier venganza contra López o contra su familia. "Solicitamos medidas de protección al Ministerio Público", reclamó Tintori

El líder de Voluntad Popular se encuentra en prisión desde el 18 de febrero de 2014. Fue sentenciado a casi 14 años de cárcel, acusado de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Posteriormente, el fiscal Franklin Nieves reconoció que el 100% de las pruebas fueron inventadas por el oficialismo.

El repudio y el espanto de buena parte de la oposición se unieron a las quejas y denuncias llegadas incluso desde fuera del país. "Condenamos atentado a la dignidad humana que revela falta de ética política", subrayó Luis Almagro, secretario general de la OEA fuertemente criticado por el chavismo.

"Dolor y mucha rabia. ¿Hay que desnudar a una madre y a una abuela delante de sus hijos y nietos? ¿Precio a pagar por visitar a un preso político?", destacó Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea.

María Corina Machado, ex diputada conservadora, fue más allá al reclamar a la bancada de la Unidad que presione al general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, para que destituya al coronel José Viloria Sosa, "responsable de estos hechos infames". Este militar amenazó a Tintori con quitarle la visita durante seis meses; incluso, según los testimonios de las dos mujeres, presenció parte de la requisa. La ley obliga a que ésta se lleve a cabo exclusivamente por funcionarias femeninas.

El gobierno suele responder a estas denuncias con la emisión de videos en sus canales donde intenta demostrar que nada ha ocurrido durante la visita carcelaria. Esta misma semana se conocieron las denuncias de Joselyn Prato, joven detenida en agosto por abuchear en la playa a Marlenys Contreras, ministra de Turismo y mujer de Cabello. "En los dos meses que estuve detenida me hicieron comer alimentos descompuestos. Es inconcebible que sigan los atropellos contra presos políticos", precisó.

La ley de amnistía dio sus primeros pasos en la Asamblea, a la espera de pasar a primera discusión. El siguiente trámite se prolongará durante 30 días, durante los cuales será redondeada en comisión antes de pasar a segunda discusión y debate. Cada uno de sus artículos debe ser aprobado por la mayoría de la cámara. Una vez cumplido el procedimiento será remitida a Maduro.

Lo que suceda desde entonces es una incógnita, ante el anunciado veto del primer mandatario.

Maduro ha propuesto como alternativa la creación de una Comisión de la Verdad que estudie los hechos violentos de 2014, en un intento de ralentizar el proceso.

Piden detalles de un decreto

• La mayoría opositora en el Parlamento venezolano anunció ayer que convocará a funcionarios del gobierno para que expliquen el alcance de un decreto de emergencia económica, que requiere su aprobación. El polémico texto firmado por el presidente Nicolás Maduro contempla la posibilidad de disponer de bienes del sector privado.
• "La comisión va a invitar para que comparezcan todos los que tienen que ver con el área económica y nos expliquen cuál es la verdadera situación", señaló el diputado José Guerra, titular de la comisión legislativa que estudia el decreto.