La la titular de la Fundación LED, Silvana Giudici, confirmó hoy en InfobaeTV que presentó una denuncia en la Justicia para que investigue si desde organismos del Estado funcionan "redes deespionaje y persecución política".

La acción responde a una causa iniciada en la Justicia contravencional que presentó la reemplazante del fiscal José María Campagnoli, Cristina Caamaño, por supuestas amenazas recibidas a través de las redes sociales, luego paralizada por la presentación legal que realizó una abogada que patrocina a los denunciados.

Según expresó la fiscal, era la época de los linchamientos, y varias personas a través de Twitter le avisaron que iban a lincharla y a matarla, entre otras intimidaciones.

No obstante, trascendió que la Policía Federal solicitó la cooperación del Homeland Security de los EEUU (equivalente al Ministerio del Interior) para recopilar datos de tuiteros que apoyan a Campagnoli, el fiscal que investigó a Lázaro Báez y ahora afronta un jury. 

"Queremos saber si hay una suerte de asociación ilícita en el Estado que se dedica a perseguir ciudadanos, llegando al extremo de pedir colaboración en el extranjero", indicó Giudici esta mañana.

La especialista en libertad de expresión confirmó que su denuncia fue presentada en el juzgado Federal Penal N°11, a cargo del Juez Claudio Bonadío. "Veremos cómo avanza. A nosotros nos parece muy importante que la Justicia argentina establezca si hay algún funcionario, ya sea judicial, de la Cancillería o del gobierno nacional, que haya convertido una investigación contravencional en un pedido de cooperación internacional", manifestó la ex diputada radical, quien en un comunicado sostuvo que "intentan restablecer los delitos de opinión en la Argentina".

Según Giudici: "La fiscal Caamaño impulsa una denuncia que constituye una grave violación a la libertad de expresión. Ella, como ex secretaria de Seguridad, es plenamente consciente de las implicancias que tiene el hecho de involucrar la Policía Federal para que se dedique a investigar ciudadanos de nuestro país solo porque hacen públicas sus ideas", dijo.

Además, se refirió a la fallida desmentida que el canciller Héctor Timerman emitió en un comunicado, en el que, consideró, "lo único que hizo fue agredir a los políticos que estábamos denunciando esta irregularidad". Y remarcó que "no pudo aclarar sobre el facsímil que se dispone desde la empresa Twitter que le comunica a los tuiteros sobre el cierre de la investigación por parte del Homeland Security, que es el organismo más importante de Estados Unidos en temas de seguridad".

"Nos parece que esto debe ser investigado porque porque no es la primera vez que este gobierno apela a estas redes de espionaje, de persecución al disenso, a la opinión o a la crítica, recuerden el hackeo a cuentas de periodistas, o el Proyecto X, que tampoco fue explicado".

"Yo supongo que la abogada de los tuiteros en esta causa contravencional estará pidiendo las medidas necesarias para la protección y la intimidad y la seguridad de sus defendidos. Nosotros, desde la fundación LED, queremos ir más allá y pedirle a la justicia argentina que intervenga, que investigue dónde están ancladas estas redes", manifestó.

Y recordó que la fiscal Caamaño, "fue la secretaria de Seguridad". Para Giudici, la fiscal no es una persona ajena ni para los organismos judiciales, ni para la Policía Federal, a donde se había enviado el oficio, ni tampoco la Cancillería. "Si Timerman dice que no tiene nada que ver, entonces ¿quién dio la orden? ¿cómo salió ese pedido?", se preguntó.

"¿Hay, como suponemos desde hace diez años, una organización montada en los organismos oficiales involucrados en la persecución a ciudadanos, a políticos, a periodistas que opinan distinto?", dijo. Y sentenció: "Los ciudadanos que opinan por Twiter, o en los diarios, o en cualquier otro ámbito, no pueden ser cuestionados. Si un juez o un fiscal puede creer que el Estado se puede utilizar para perseguir la opinión y la crítica estamos en un momento muy complicado de la democracia".