La Sala II de ese tribunal, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anuló así una decisión del juez federal Luis Rodríguez que había sido impugnada por el fiscal Carlos Stornelli.

Así se habilitó el llamado a indagatoria y detención de Pochetti (viuda de Muñoz) y sus testaferros o socios, los empresarios marplatenses Sergio Todisco y Elizabeth Municoy. También a Carlos A. Gellert, Perla A Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez. Ahora el juez Rodríguez deberá decidir si implementa las detenciones.

En su resolución, el tribunal sostuvo que los elementos de la causa, a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico, permiten sospechar que los imputados “habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada” en la causa de los cuadernos de las coimas”.

A partir de 2013 pero principalmente entre 2015 y 2017, aquellos fueron vendidos obteniéndose una suma cercana a los US$ 73.406.300. Una parte fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras de otros estados de ese país, así como a México (capital) y China (Hong Kong).

También se presumen envíos de dinero a Andorra, concretamente a cuentas a nombre de diferentes empresas y personas.

En su resolución de este jueves, la Cámara afirmó: “Con todo, se insiste: si previamente existió base suficiente para la disposición de medidas cautelares patrimoniales en torno a una hipótesis de lo acontecido que se mantiene en pie, resulta infundado no sostener lo propio aquí, cuando se está aludiendo al destino de los fondos en el exterior, donde en estos momentos estarían depositados y, en algunos supuestos, siendo movilizados”.

En este contexto, los datos ─provenientes justamente del país en que están radicadas las cuentas─ “dan la pauta sobre un peligro en la demora elevado y la negativa a proceder como se requiere pone seriamente en riesgo objetivos propios de la instrucción”, agregó.

Además, “existen fuertes motivos de que sumas de dinero podría rastrearse en la actividad que, según versiones directas, llevara adelante el fallecido y ex funcionario público Daniel Muñoz (que era esposo de Pochetti) en el marco de los delitos presuntamente cometidos por una asociación ilícita conformada en el seno del poder político y empresarial, tendiente a percibir dinero ilegítimamente a través de sistemas de recaudación en que el nombrado pudo haber tenido un rol importante”.

Para la Cámara, hay “que atender así en toda su dimensión las obligaciones que asumió el Estado ante la comunidad internacional de perseguir el recupero de fondos vinculados a delitos de corrupción institucional y el lavado de activos de esa procedencia como la Convención Interamericana Contra la Corrupción”.

Muñoz aparece nombrado varias veces en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, como llevando y trayendo bolsos con dinero a la residencia presidencial de Olivos y al departamento de la calle Uruguay de los Kirchner y haciendo operaciones financieras.

La UIF entregó “el mapeo” hace varias semanas atrás al juez federal Luis Rodríguez, que tiene una causa por enriquecimiento ilícito contra Muñoz desde hace años y ahora entregó cuatro informes con esos datos al juez federal Claudio Bonadio.

Muñoz, directamente o a través de terceros, había creado 13 empresas en Miami y en el estado de Delaware, que funciona como un paraíso fiscal dentro de EE.UU y también fue usado por Lázaro Báez.

El total de inversiones hechas a través de unos amigos marplatenses llega a unos 65 millones de dólares.

Por esta razón, la UIF quiere ahora desde su rol de querellante pedir el embargo de las cuentas de estas offshore y empresas norteamericanas vinculadas a Muñoz para tratar de recuperar parte del dinero robado al Estado.

En un exhorto enviado a EE.UU., el juez federal Luis Rodríguez pidió a la Justicia de ese país todos los datos de 13 empresas constituidas en Miami y Delaware por los socios marplatenses de Daniel Muñoz, Sergio Todisco y María Ortiz Municoy.

El magistrado requirió, además, los antecedentes de las siguiente empresas: Ocean Silver Inc., Ocean Silver Of South Florida Inc., Municoy International Properties Inc, Harbon Golden Inc., North Golden Inc., Free Experience Inc., Drean Limited, Golden Enterprises Inc., Mother Queen Inc, Successful Ideas Inc., First Alla Inclusive Inc., South Golden Inc., y Ocean Golden Inc.

Estas firmas son dueñas de edificios completos o centros comerciales en el sur de Miami.

Muñoz tenía tres causas abiertas por una denuncia del diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, y otra del abogado Ricardo Monner Sans, entre otros, que ahora seguramente se unificarán en una para ir por detrás de los bienes del ex funcionario K que, hasta ahora, se descubrió tenía la segunda estructura financiera oculta, después de Lázaro Báez.

En Tribunales, trascendió que una nueva pista de Muñoz llevaría a un conocido banquero argentino.

Parte de los inmuebles de los socios de Muñoz podrían ser propiedad él mismo, mientras otros los traspasó a nombres de testaferros cuando cuando el gobierno en el 2015.

En su denuncia, Carrió había señalado que Muñoz y Pochetti “conforman un complejo entramado de sociedades y negocios millonarios”.

La mujer integra las sociedades Patagon Adventure SRL; Patagon Experience SRL; Tabacalera del Norte S.A; Banana Ski Show y Cayuques y tendría a su nombre un departamento en Mar del Plata; una casa en Villa La Angostura, Neuquén, y otra en esta capital. A su vez, Muñoz, según surge de su declaración jurada de bienes decía tener en 2010 solo un terreno en El Calafate, una inversión por 240 mil pesos y 170 mil pesos en efectivo, así como en participación en las empresas petroleras Ds Majer SA y Proxy SRL. Pero, pese a que lo obliga la ley, nada declaró sobre cuentas bancarias y bienes en el exterior.

LA RAMIFICACIÓN EN MAR DEL PLATA

Sin embargo, el fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani confirmó que le pidió a la UIF que investigue a María Ortiz Munico y y Sergio Todisco, dueños de una inmobiliaria de esa ciudad llamada Ortiz Liz Mar Propiedades por sus relaciones con Muñoz.

En la investigación de Panama Papers -realizada por el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés)- se descubrió que Muñoz pidió al estudio panameño Mossack Fonseca la creación de la offshore que resultó ser Gold Black Limited con sede legal en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas.

En principio, Todisco y Ortiz Municoy figuraron como administradores de esa empresa fantasma. Todisco era amigo de Muñoz, quien incluso llevó a Cristina Kirchner a Mar del Plata en un acto de campaña.

El diario Miami Herald estimó que esas propiedades en su conjuntovalen unos 65 millones de dólares.

Según una investigación de este diario, entre 2010 y 2015, esas empresas registradas a nombre de Todisco y su ahora ex esposa, Elizabeth Ortiz Municoy, gastaron alrededor de $ 21 de millones de dólares en condominios de lujo como Icon Brickell, St. Regis, Colonia Océano Turnberry, Apogee Beach y 900 Biscayne.