En un tibio dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso concluyó que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, debió actuar de forma "prudente" y "no consentir" la contratación de la empleada doméstica de su familia, Sandra Heredia, en la delegación San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Esta resolución elaborada por la secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción -con fecha el pasado 25 de abril y difundida este martes- fue la respuesta de la OA al escándalo que se desató cuando se supo que el ministro designó a su empleada en el SOMU.

El dictamen desató enseguida duras críticas de la oposición, que desde hace tiempo apunta a Alonso por funcionar como una suerte de "operadora judicial" del Gobierno, ya que -le cuestionan- en lugar de ocuparse de analizar casos de corrupción que atañen a la gestión de Mauricio Macri, se dedica a pedir que metan presos a dirigentes del kirchnerismo o empresarios como Jorge Brito.

La oposición asegura que Alonso busca avanzar contra funcionarios de la gestión anterior pero es bastante menos dura a la hora de opinar sobre casos -al menos poco éticos- relacionados a funcionarios de Cambiemos, como el que reveló LPO sobre el ministro Luis Miguel Etchevehere o ahora el escándalo de Triaca.

Según el texto, la OA resolvió "hacer saber" al ministro Triaca que debió actuar "en forma prudente" y no consentir la contratación de Sandra Heredia en el SOMU. Por eso transmitió al entonces interventor su oposición en atención a las implicancias del caso, dispuestas en el artículo 9 del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99.  

Sin embargo, en las redes se encargaron de remarcarle a Alonso que la OA se olvidó de aplicar la parte sancionatoria del régimen legal del Código y que sólo se dedicó a opinar sobre la falta de prudencia del ministro de Jorge Triaca. 

La resolución también indica que el ministro "en lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción".

"El caso ha sido analizado administrativamente a la luz de la Ley y el Código de Ética Pública del Poder Ejecutivo Nacional", explicó hoy Laura Alonso en su cuenta de Twitter y buscó refutar las críticas al afirmar que la OA "no tiene atribuciones legales para sancionar a funcionarios políticos y, en el caso de empleados, puede solicitar el inicio de un sumario administrativo".

"Este tipo de dictámenes buscan generar estándares de conducta ética alineada a los principios generales y la promoción de una cultura de integridad en el sector público", sostuvo Alonso.

La polémica surgió en enero de este año cuando se conoció que Heredia, que trabajaba como casera en la quinta bonaerense de Boulogne de la familia Triaca, había sido designada por el ministro en la sede de San Fernando de la intervención del sindicato de marítimos.

El 24 de enero pasado el detenido ex titular del SOMU, Omar "Caballo" Suarez, ratificó una denuncia en la justicia contra Triaca, al acusarlo de montar una "agencia de empleos" en el intervenido gremio.