Luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) suspenda mañana el juicio oral, la Corte no tiene plazos para decidir sobre los reclamos de Cristina Kirchner y aún debe decidir cómo salir técnicamente del atolladero jurídico en que se metió. Si hay consenso puede votar los reclamos K en el acuerdo del martes, sino se puede estirar una decisión hasta dos o tres meses lo que alargaría aún más el inicio del juicio oral por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.

Carlos Rosenkrantz, el único que se opuso a pedir toda la causa, seguramente querrá votar el próximo martes sobre estos incidentes, pero no se sabe qué posiciones tomarán el resto de sus colegas.

De todos modos, la inesperada decisión de pedir el expediente abrió un debate jurídico-político de intensidad que recién empieza.

El constitucionalista Gregorio Badeni dijo a Todo Noticias que aunque la Corte tomó una decisión “válida” desde el punto de vista del derecho, “no es usual porque su doctrina es que no interviene hasta que no haya una sentencia definitiva y aquí no la hay". Badeni agregó que lo “más razonable” sería que la Corte le pida al TOF 2 que decida los reclamos pendientes de Cristina Kirchner y otros procesados durante la marcha del juicio que se estima que durará más de un año.

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay, resaltó en su cuenta de Twitter que la decisión de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti "no tiene precedentes". "La Corte toma una causa de oficio, sin que exista una sentencia definitiva, es decir, en contradicción a su propia jurisprudencia, que tiene décadas, sin expresar argumentos razonables para ello", afirmó Sabsay, quien dijo que más allá del debate jurídico la medida "beneficia a Cristina".

Para el ex camarista y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra , "no es usual que la Corte pida el expediente en las proximidades de un juicio oral". "Pero es técnicamente posible. Llama la atención por la connotación política que tiene esta cuestión", agregó Gil Lavedra.

El debate apunta a la jurisprudencia de la Corte sobre su intervención cuando no hay una sentencia firme. El fallo más escandaloso fue cuando en el 2001 intervino sobre la prisión preventiva del ex presidente Carlos Menem en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y desguazó el expediente.

Abogados que apoyan la posición de Rosenkrantz y pidieron mantener su nombre en el anonimato afirman que “la Corte ha rechazado sistemáticamente este tipo de planteos desde el fallo sobre un pedido similar hecho del ex jefe de la Armada almirante Armando Lambruschini en los noventa. Lo hace en miles de causa al año y lo ha hecho respecto de planteos anteriores de la propia Cristina Kirchner”.

La razón de esa posición es que “cualquier irregularidad en el proceso del juicio oral puede ser totalmente conjetural (el imputado puede finalmente ser absuelto) y, en todo caso, puede repararse después por la Corte. No hay ninguna razón para no aplicar esa regla ahora” en la causa Vialidad.

Es un criterio, dice ese sector, que “no se puede sustentar en el tiempo porque es imposible y no corresponde que la Corte sustituya a los jueces de los tribunales orales o instancias inferiores en la evaluación de que prueba debe integrar un debate oral”, en alusión al pedido de Cristina de que realice una megapericia de toda la obra pública otorgado por el gobierno de Néstor y el suyo entre el 2003 y el 2015.

“El argumento de evitar las posibles nulidades en el futuro es una racionalización falsa porque si hay nulidades la Corte las dictará con la sentencia final cuando el condenado presente un recurso extraordinario”, comentó uno de esos letrados.

Desde el sector de abogados que apoya la posición de Lorenzetti y sus colegas, recuerdan que “hace 15 días se pidió el expediente “Vialidad” a la cámara de Casación Penal. Cuando llegó el expediente de Casación “se advierte que faltan muchos datos que sólo están” en la causa principal que tiene el TOF 2 y por eso se pidió.

El martes pasado durante el acuerdo de la Corte se discutió el problema que, para este sector “era esperar al final del proceso que puede ser declarado nulo (como ocurrió con varios, especialmente el de De La Rúa y Pontaquarto en la causa de las coimas del Senado) o corregir ahora. Se optó por esto último con la opinión de todos”.

Para esta línea interna de la Corte, “es probable que se pida (en el acuerdo del martes próximo) a Casación que solucione el problema de la negativa a dar todas las pruebas que pide Cristina, Julio De Vido y otros y le permita hacer algunas y así se reanude el juicio”. Para este sector, “todo depende de una gestión rápida de la presidencia de la Corte: mover el expediente, hablar en Casación y sacarlo para que el juicio se reanude en enseguida”. Pero desde la posición que apoya a Rosenkrantz se sostiene que “el presidente de la Corte no tiene que hacer ninguna gestión. Ahora se debe votar si se aceptan o rechazan, parcial o totalmente los reclamos de los procesados”.