Omar Gutiérrez tratará el primer tema con Rogelio Frigerio. Ya lo ha hablado con el ministro del Interior. Pero es posible que la conversación sea esta vez un poco más profunda y tal vez más determinante, porque algunas cosas han ocurrido en el medio. Por ejemplo, lo que Rodríguez Larreta consiguió para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, la posición crítica de los gobernadores justicialistas.

Gutiérrez se sentará a solas con Frigerio. Es algo que al MPN siempre le ha convenido, y le ha implicado además un áurea de independencia que suele se refulgente aún en la adversidad de las difíciles coyunturas argentinas. El planteo neuquino no irá dirigido a lo que puede ser en el futuro, sino a lo que tendría que ser ya, en este presente. El tema del decreto que fue y no fue por la magia negra de los cambios de gobierno (por aquel 15 por ciento que Cristina devolvió sin devolver, y que Macri anuló antes de que se hiciera efectivo) estará presente en el planteo, que será enérgico, demandante y con sabor a ultimátum, todo esto sin perder la compostura ni las buenas relaciones.

Apunta además el gobernador en las otras reuniones, con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, a que se concrete lo del sendero de precios para el gas. Es una cuestión urgente en el contexto de la crisis petrolera, vital para el autoabastecimiento, y muy importante para restablecer ingresos genuinos al Tesoro provincial.

El gobierno nacional ya decidió aumentar las tarifas, tanto en gas como en electricidad, quitando y modificando la política de subsidios. Esto se aplicará desde el 1 de febrero. Es el paso necesario para recomponer los precios del gas en boca de pozo, y obtener así el preciado promedio de 5,80 dólares el millón de BTU, que surge de ponderar los precios más bajos con el más alto, que es (seguirá siendo) el de 7,50 dólares para el gas “nuevo”, que se va incorporando a los gasoductos desde pozos recién inaugurados. Por eso lo de “sendero”, ya que el gas tiene diversidad de precios.

El promedio de 5,80 dólares el millón de BTU le servirá a Neuquén, vía regalías, para comenzar a recomponer ingresos y equilibrar el desfase de la Caja. Pero esto comenzará a verse gradualmente, entre marzo y abril, si no hay accidentes económicos de importancia en el medio. Por lo que el Tesoro neuquino se verá en dificultades todavía, especialmente teniendo en cuenta la demanda sindical estatal, que comenzará a negociarse el 15 de febrero, en paritarias.

En esa negociación salarial, el déficit del Tesoro será parte de los argumentos centrales que el gobierno pretende compartir con los sindicatos, por definición política del gobernador, que quiere protagonismo tanto para las buenas como para las malas. Especialmente el déficit del ISSN, que no es de la obra social, sino de la Caja de Jubilaciones. Este tema es clave y está inserto naturalmente en el proceso. ¿Qué se negocia? Un poco de todo. Desde la integración (o no) de un fondo de garantía estatal al estilo Noruega, hasta una rigurosamente planificada adecuación de los aportes que recibe la Caja. Sigue dando vueltas aquel decreto que Jorge Sapag anunció pero no firmó. Todo es parte de un complejo paquete, que el gobierno de Gutiérrez procura administrar en dosis políticas, con administración de un crudo realismo, pero al mismo tiempo cuidando  no romper el molde de las definiciones ya puestas sobre el tapete de una gestión que busca su propia identidad, su propia impronta.

En ese molde, el tema de cuidar el costo social de cada medida económica es absolutamente importante. No se admitirán ajustes que impliquen costo social elevado. Por eso hubo enojo gubernamental ante la decisión y la forma en que primero se transmitió desde el EPEN el incremento tarifario de la electricidad (21 por ciento de aquí a junio).  Gutiérrez libra en estas cuestiones una inevitable batalla contra la propia burocracia del Estado y su inercia exasperante.  Es parte de lo que se verá cada vez más claramente, y que forma parte también de la historia que el propio MPN ha construido. Una relación no siempre amable entre la conducción del Estado y el Estado mismo.