El diferendo con el grupo Clarín fue por cuatro artículos, que abordan los límites a la propiedad de las licencias (45), la imposibilidad de transferirlas (41), las prácticas de concentración indebidas (48) y los tiempos de adecuación de las empresas de medios a la normativa (161).

El Máximo Tribunal dictaminó la constitucionalidad de la ley y por eso aquellos que buscan democratizar las voces deberían garantizar ahora la aplicación total de la normativa, que es mucho más amplia que los artículos objetados por el multimedio.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que comanda Martín Sabbatella, tiene en sus manos la gran oportunidad de revolucionar el sistema de medios de la Argentina.

No existen razones para justificar nuevas demoras en la puesta en marcha de una ley impulsada por el Poder Ejecutivo, sancionada mayoritariamente por el Poder Legislativo y confirmada por el Poder Judicial.

La principal asignatura pendiente, y que nada tiene que ver con la pulseada gobierno-Clarín, es un Plan Técnico para el sistema radioeléctrico.

La AFSCA, en coordinación con la Secretaría de Comunicación del Ministerio de Planificación, debió haber confeccionado ese Plan Técnico 180 días después de aprobada la ley.

¿El objetivo principal de ese plan? Ordenar y distribuir los espacios del sistema radioeléctrico, que es finito.

Para que se entienda se puede hacer un parangón entre el sistema radioeléctrico y el sistema de rutas del país. El Plan Técnico debe decidir qué medio se hace cargo de cada ruta o, eventualmente, qué medios se hacen cargo de distintos tramos de una misma ruta, y qué extensión le corresponde a cada uno.

Del por ahora inexistente Plan Técnico dependen las radios que ya contaban con permisos precarios y provisorios, a las que el COMFER –antecesor de la AFSCA– les otorgó algún grado de legalidad. Esas radios hace cuatro años que esperan una respuesta oficial a su situación, ya contemplada en el artículo 159 de la ley.

La carencia de un Plan Técnico afecta la adjudicación de licencias para las radios de todo el sistema educativo. Y cuando hay un gesto en ese sentido, muchas veces es en detrimento de una radio comunitaria. ¿Un ejemplo? La AFSCA le quitó una licencia a FM La Mosquitera, en Mendoza, para asignársela a una escuela.

Otra tarea pendiente es la de graduar las potencias de cada frecuencia, lo que permitiría ordenar varias radios en distintos segmentos de una misma frecuencia, como ya ocurre de hecho con la AM 750 –la de los encargados de edificios– y una radio de Mar del Plata.

Si se asigna mucha potencia a una sola radio, se reducen las posibilidades de que esa frecuencia pueda ser utilizada por otras emisoras. Esto sucede con Radio 10, que en los años del menemismo adquirió una enorme potencia (de 100Kv).

Sin un Plan Técnico los canales de televisión de las universidades –unos 50, aproximadamente– tampoco podrán mantener sus frecuencias, básicamente por la ofensiva de las compañías de telefonía celular, que les compiten el espectro.

De hecho, los últimos concursos para canales de televisión en Argentina datan de 1960. Hubo un intento, años atrás, cuando Gabriel Mariotto fue titular del AFSCA, pero fracasaron.

En aquella oportunidad se llamó a concurso para 220 canales con un espíritu poco democratizador, ya que los pliegos se vendían a un costo de entre 70 mil y 150 mil pesos, lo que acotaba las posibilidades a los actores de grandes recursos.

¿Qué entidad sin fines de lucro podría erogar semejante dinero sin certeza de ganar? ¿Qué garantías había para que este tipo de organizaciones acceda al 33% de los medios existentes, como establece uno de los artículos más transformadores de la ley?

Los problemas de accesibilidad también están en boca de actores provinciales de la comunicación. Estos manifiestan una franca desigualdad con empresas y productores del sistema monopólico a la hora de acceder a los subsidios entregados por los ministerios de Trabajo, Planificación y Desarrollo Social, las secretarías de Medios y la de Cultura, el INCAA, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la AFSCA.

No se cumple, en consecuencia, el artículo 153 de la ley, que establece "líneas de acción destinadas a fortalecer el desarrollo sustentable del sector audiovisual" y que busca garantizar la capacitación de los sectores involucrados: léase micro y medianas empresas de arraigo local: comunitarias, cooperativas, sindicales y de pueblos originarios.

Por otro lado, el artículo 152 establece que los pueblos originarios deben recibir financiamiento por A) asignaciones del presupuesto nacional, B) venta de publicidad, C) donaciones, legados, D) venta de contenidos de producción propia, auspicios o patrocinios, y recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Sin embargo, nada de eso sucede y las pocas radios y canales –como por ejemplo Wall Kintum, de Bariloche– están sometidos a las decisiones del mercado y transitan en crisis permanentes.

Finalmente, una asignatura pendiente no menor es la demorada activación del Fondo Concursable, que según el inciso F del artículo 97, debe respaldar con dinero a diversos proyectos especiales, comunitarios, de frontera, de pueblos originarios y también a personas con discapacidad.

El Fondo Concursable administra el 10% de lo recaudado por la AFSCA. El resto se distribuye de la siguiente manera: 25% va al INCAA; 10% al Instituto Nacional del Teatro; 20% a RTA; 28 % al propio AFSCA; 5% a la Defensoría del Público; y 2% al Instituto de la Música.

El Fondo Concursable recién se puso en marcha este año, disponiendo de apenas 3 millones de pesos para radios comunitarias, cuando debería haber contado para ese propósito con muchos, pero muchos, millones más.