Por Daniel Lozano

CARACAS.- Nicolás Maduro lo repite desde hace semanas: no va a refrendar la ley de amnistía y reconciliación nacional, aprobada anteanoche en segunda discusión por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tras siete horas de debate.

"Tengan la seguridad de que esa ley por aquí no pasa, caballero, hagan lo que hagan... Es la ley más criminal que se haya aprobado en el país -insistió ayer el presidente. Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas. Es inconstitucional en todas sus partes."

La iniciativa legislativa, que beneficiaría a 115 presos políticos, más de 2000 personas sometidas a procesos penales y a los empleados públicos amenazados por el oficialismo, ha chocado desde el primer día con el muro revolucionario, que la califica de "ley de amnesia criminal" y de estar impuesta por la "agenda de la burguesía".

El artículo 4 de la reforma, trabajada durante tres meses por distintos equipos de juristas y de constitucionalistas, propone amnistiar los hechos considerados delitos o faltas "que se hayan cometido en la participación, organización o convocatoria de manifestaciones, protestas o reuniones con finalidad política" desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999.

"Maduro tiene 10 días para firmar la ley", puntualizó Lilian Tintori, mujer deLeopoldo López, el preso más emblemático del chavismo. Precisamente el líder de Voluntad Popular fue trasladado ayer al Hospital Militar de Caracas y sometido a distintas pruebas médicas.

Otros políticos de alto perfil que se beneficiarían con la medida son el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está acusado de conspiración, y el ex candidato presidencial Manuel Rosales, procesado por enriquecimiento ilícito.

"La Asamblea está ejerciendo su competencia y Maduro no tiene el poder de veto sobre ninguna ley. Eso no existe. Sería bueno que Nicolás se lea la Constitución", subrayó el gobernador Henrique Capriles, uno de los principales líderes de la oposición.

Una de las grandes paradojas de esta ley es que también beneficiaría a los tres diputados suplentes de la Unidad Democrática, encarcelados pese a que gozan de inmunidad parlamentaria. Los tribunales llevan dos meses sin despachar los casos de Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto "tratando de aplazar una decisión que tomó el pueblo el 6 de diciembre [en las elecciones parlamentarias]", según protestó Juan Guaidó, parlamentario de Voluntad Popular. "Les exigimos a los jueces que cumplan con su deber y liberen a nuestros diputados", agregó.

El propio Guaidó, ante la campaña oficialista que apoya a las llamadas "víctimas de la guarimba [piquetes]", insistió en que esta ley "no beneficia a los verdaderos responsables de la muerte de 43 personas en 2014".

Los autores de estos asesinatos, en su mayoría, fueron policías, militares y miembros de los colectivos revolucionarios, según las denuncias de familiares y organismos de derechos humanos.

La oposición ha retomado con fuerza la pulseada política tras Semana Santa, y propuso una batería de leyes que se le atragantan al oficialismo. Fue aprobado, en primera discusión, el proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que contempla el incremento del número de magistrados. Con esta iniciativa, la Unidad Democrática pretende balancear la sala constitucional del Supremo, que ejerce como brazo armado judicial de la revolución y que pasaría de contar con siete magistrados a 15 si culmina la reforma.

En lista de espera también están la ley de producción nacional, la del Banco Central de Venezuela (BCV) y la ley del Cestaticket (bonos de alimentación).

"Bufete inconstitucional malandro reunido de emergencia hasta madrugada preparando anular leyes", denunció ayer Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea, que también había advertido previamente que el TSJ "cocina" una nueva sentencia oficialista.

La gran pregunta es si alguna de estas leyes podrá saltarse el bloqueo revolucionario. En principio, la oposición va a continuar su esfuerzo legislativo, pero sin perder de vista su hoja de ruta para sacar a Maduro: dimisión, revocatorio y enmienda para reducir el mandato presidencial de seis años a cuatro años.

La nueva pelea entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ocurre cuando sólo faltan dos semanas para el Congreso de la Patria, con el que el chavismo planea recuperarse de su fracaso electoral de diciembre y en el que Maduro ha movido a sus partidarios para controlar el aparato.

Lo que no esperaba el presidente es la irrupción pública del general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y compañero de armas de Chávez durante el golpe de Estado de 1992. "El chavismo necesita un reavivamiento, siente una falta de liderazgo", subrayó en una entrevista televisada el militar con mayor prestigio dentro de las fuerzas armadas.

Para el ex jefe de la policía, que salió del gobierno tras la muerte de cinco paramilitares chavistas tras un enfrentamiento con la fuerza pública, la revolución debería gobernar para todos los venezolanos y "no solamente para los chavistas".

Al borde del colapso energético

La principal hidroeléctrica podría apagarse por la sequía

Advertencia

Venezuela, uno de los países más ricos de la región en recursos energéticos, enfrenta la posibilidad de quedarse a oscuras por una severa sequía, advierten los expertos

Apagón

Sólo faltan 89 centímetros para llegar al nivel de agua que provocaría un apagón de las turbinas hidroeléctricas de la represa de Guri, que abastece el 70% de la electricidad del país

Las voces opositoras silenciadas

Leopoldo López

Líder de Voluntad Popular

Encabeza el sector más radical de la oposición venezolana que llamó al derrocamiento de Maduro en las protestas de 2014. Fue condenado a 14 años de cárcel en 2015

Antonio Ledezma

Ex alcalde Caracas

Junto con López y Corina Machado, exigió la salida de Maduro del poder durante las violentas marchas de 2014. Se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de conspiración

Manuel Rosales

Ex gobernador de Zulia

El ex candidato presidencial opositor que enfrentó a Hugo Chávez en 2006 se exilió en Perú tras una embestida judicial del chavismo. A su retorno al país, en 2015, fue detenido

Daniel Ceballos

Ex alcalde de San Cristóbal

La ciudad que gobernaba fue el epicentro de las protestas de 2014 contra el gobierno de Maduro. Fue destituido y encarcelado. Hoy está bajo detención domiciliaria en Caracas

Del editor: qué significa. Con el kirchnerismo fuera del poder y el PT tambaleando, a Maduro se le hará más difícil justificar en el exterior la negativa a la amnistía.