En medio del drama de la crisis habitacional que en los últimos días se evidenció con la usurpación de terrenos en el barrio Pirayuí, el Gobierno provincial renovó el reclamo a Nación por los fondos que aseguran adeuda en materia de construcción de viviendas. Ayer fue el ministro de Hacienda de Corrientes, Enrique Vaz Torres, quien reiteró el pedido para que el Gobierno nacional envíe los recursos.

“Los recursos de Yacyretá y Salto Grande le pertenecen a Corrientes. Esto tiene que ser atendido por Nación y remitido a la Provincia, como también los fondos para las viviendas”, dijo el funcionario en declaraciones a LT7.

“Estamos reclamando lo que por legítimo derecho nos pertenece”, agregó el titular de la cartera económica, con los números en la mano. En la administración radical calculan que son, aproximadamente, 450 millones de pesos que en los últimos cuatro años y medio la Nación debió enviar al Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico). Es decir, unos 100 millones por año.

En tanto, según el último informe del Consejo Nacional de la Vivienda, en el 2007 Corrientes recibió $87 millones; $70 millones en 2008 y bajó a $7 millones en 2009; se redujo a $3.8 millones en 2010 y llegó a 5.3 millones el año pasado.

Es que según el Gobierno de la Provincia, los fondos del Plan Federal comenzaron a cortarse en 2008, cuando el entonces gobernador Arturo Colombi, primo del actual mandatario, se enfrentó con la Nación en medio del conflicto con el campo y se inclinó por el espacio político opositor que liderada el ex vicepresidente Julio Cobos. “Hasta 2008 se recibió lo comprometido, pero después del conflicto por la 125, a Corrientes la castigaron”, aseguró a El Litoral, el titular de Invico, Bernardo Rodríguez.

“Hay una decisión política de Nación de no enviar los fondos que corresponden, y ello coincidió con el conflicto con el campo”, analizan en administración provincial que no descarta ir a la Justicia. “No queremos llegar a la Justicia, pero no nos queda otra”, expresó días atrás Ricardo Colombi. “No queremos pero lo estamos analizando y no nos quedará otra que manejarnos así”, agregó.

Pero, por ahora, la provincia prefiere mantener las relaciones institucionales con el Estado nacional y continuará gestionando por la vía administrativa estos fondos. “Por instrucción del Gobernador, somos mesurados y pacientes. Apostamos a lo que establecen las normas y las relaciones institucionales y vamos a seguir en esta línea”, aseguró Vaz Torres.

No obstante, consideró que “discutir esto en la Justicia por parte de la Nación ya ronda los más altos niveles de anticonstitucionalidad, porque están ante claros incumplimientos de deberes de funcionario público”, desatcó el ministro de Hacienda, y consideró que “cuando la Justicia tiene que intervenir, las soluciones son más remotas”.