Hace veinte días, el ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, y el gobernador Oscar Mario Jorge firmaron un convenio por el cual el gobierno central financiará obras municipales por 96 millones de pesos. Sin embargo, esa obligación de Nación podría ser relativa según se desprende de la cláusula sexta del acuerdo.
¿Por qué? De acuerdo a jefes comunales y dirigentes del vernismo, porque el texto dice que los fondos serían girados "en función de la disponibilidad presupuestaria".
El convenio rubricado por las partes en la Casa Rosada -en realidad uno por municipio- se enmarcó dentro del plan nacional "Más cerca: más municipios, mejor país, mejor patria". Por eso en el acto hubo alrededor de sesenta intendentes acompañando a Jorge. En el acto se anunció que a través de él se canalizarían obras de infraestructura rápidas con beneficios directos para la generación de empleo local.
Ayer LA ARENA accedió a una copia del "Convenio único de colaboración y transferencia Provincia de La Pampa" y allí puede leerse en más de un artículo que el giro de la plata dependerá de la disponibilidad que tenga la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Públicos y Servicios de la Nación.
Mientras la cláusula sexta indica que ese organismo "se compromete a financiar la ejecución de las obras en función de la disponibilidad presupuestaria", la octava añade que "efectuará los desembolsos contra la presentación de las correspondientes solicitudes de pagos, en función de los recursos existentes".
Esta situación ha generado inquietud en algunos intendentes y dirigentes del vernismo, según trascendió ayer en fuentes oficiales. "La palabra exacta es incertidumbre", agregaron. Y explicaron que esa incertidumbre se generó a partir de que las propias comunas deberían hacerse cargo de eventuales intereses y mayores costos en caso de que los fondos nacionales no lleguen a tiempo.
Uno de los argumentos que arguyen esos sectores políticos es que la misma cláusula sexta detalla montos máximos para cada obra, por lo que si hubiera una redeterminación de precios, las propias municipalidades deberían tener que afrontarla.
También una fuente legislativa cercana al vernismo recordó que el convenio todavía debe pasar por la Cámara de Diputados para aprobarlo. E inmediatamente recordaron que "en 2006 también se aprobó por ley otro convenio por 60 millones para asfaltado. Sin embargo, las obras no se hicieron porque ese dinero nunca llegó".


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