"Un análisis exhaustivo del proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación permite asegurar que su aprobación significará para los pampeanos un grave perjuicio económico y un claro avasallamiento a nuestros derechos constitucionales, reconocidos por la Reforma Constitucional del año 1994", expresó el exgobernador.

El legislador dijo que, en contraposición a los perjuicios a los pampeanos, "busca beneficiar sobremanera a los grandes grupos económicos" que hoy explotan los yacimientos petroleros y que aportarán mucho menos dinero que hasta ahora.

Este proyecto fue acordado recientemente por la presidenta Cristina Fernández y los 10 gobernadores de las provincias petroleras, entre ellos el gobernador Oscar Jorge. Este martes comenzará a analizarse en el Senado.

Las principales características de esta nueva ley, según Verna, son las siguientes:

•Pretende avasallar en forma absoluta los derechos de las provincias sobre sus recursos hidrocarburíferos, ya que declara la aplicabilidad en forma directa de la Ley Nacional n° 17.319, quitando así facultades propias que la provincia de La Pampa ostenta a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

•Busca disimular la ineficiencia y torpeza en la planificación y ejecución de la política energética nacional, transformando un país superavitario en materia energética a un país deficitario. Los miles de millones de pesos que hoy debemos pagar todos los argentinos por importar combustible son una clara muestra de esa mala gestión.

•Intenta soslayar la eficacia y eficiencia demostrada por los estados provinciales en la administración de los recursos hidrocarburíferos.

•En particular, La Pampa en los últimos 10 años puede mostrar una clara política de estado cuyo objetivo es un desarrollo constante de la actividad hidrocarburífera, lo que no solo ha provocado un aumento sin precedentes en los volúmenes de extracción de petróleo, sino también un amento de las regalías que deben abonar las empresas petroleras que llegan a niveles de entre 18,5 % y 41%. Como dato saliente, y a modo de ejemplo de la eficiencia de la política hidrocarburífera pampeana, podemos destacar que la empresa nacional Enarsa participa en la explotación del yacimiento Medanito Sur y paga actualmente regalías del 16,5% y al llegar al 7° año de explotación pagará el 41%.

•A contramano, el gobierno nacional pretende ponerles un techo del 15%, colocando como únicos beneficiados a los grandes grupos económicos –actuales titulares de los contratos de concesión- quienes, a partir de la vigencia de la pretendida reforma, realizarán un aporte económico significativamente menor –como se expresó anteriormente-. Además el nuevo marco normativo prevé la prórroga indefinida de las concesiones hasta el agotamiento del yacimiento y sin ninguna posibilidad de aumento de regalías.

•Si se aprobara este proyecto de ley La Pampa perderá su facultad de fijar la política petrolera provincial como ocurre actualmente, y los ingresos que reciben el Gobierno Provincial y los municipios se reducirán drásticamente.

•Los topes máximos para las regalías que pretende imponer el proyecto de Ley, significarán un perjuicio para la provincia de La Pampa de, cómo mínimo, $ 180 millones por año, de los cuales $ 45 millones ingresarán de menos en las arcas municipales, ya que se tratan de recursos coparticipables. (Es necesario aclarar que, de ninguna manera, este perjuicio podrá ser compensado por el pago del "bono" que prevé la nueva legislación, ya que el valor del mismo se calcula sobre las "reservas comprobadas" y "producción de los últimos dos años del yacimiento", variables ambas que no son objetivas y cuya determinación e información dependen exclusivamente de las empresas. A su vez, el valor del bono ofrecido por Petrobras S.A. a la provincia para renovar su concesión, cubre menos del 50% de la expectativa de fijación de nuevas regalías ya que, de acuerdo a los antecedentes y productividad petrolera de los yacimientos pampeanos, la actual regalía del 12 % -que hoy paga Petrobras SA- se debiera elevar a valores –normales para la actual consolidada política hidrocarburífera provincial- de entre el 25 % y el 35 % al momento de renovar el contrato.).

• Pretende avasallar las autonomías provinciales, en lo que respecta a sus facultades impositivas, y municipales, pues les impone la adhesión de éstas a normas en materia propia y reservada a las mismas.

Así, pretenden imponer un tope del tres por ciento (3%) para la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad de extracción de hidrocarburos y proyectan que "las provincias y municipalidades no gravarán las concesiones o permisos con nuevos tributos ni aumentar los existentes, al igual que a no incrementar las alícuotas efectivas del impuesto de sellos que se encuentren en vigencia a la fecha (...)".

• Implica una colisión con la legislación dictada en la provincia de La Pampa, en especial la Ley Provincial de Hidrocarburos nº 2.675, y por ende, elimina la prioridad que la misma le otorga a PAMPETROL, en su objetivo de participar en la renta petrolera a favor de los pampeanos, ya que la Ley 2675 le otorga una participación del 20 % en los nuevos contratos; extremo que derivará en que el Gobierno de la Provincia de La Pampa no tenga otra alternativa que defender sus derechos constitucionales en los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.