En Mar del Plata, el Juzgado Federal Número 2, a cargo de Santiago Marín, rechazó la medida cautelar que había presentado la Fundación Greenpeace Argentina en la que solicitaba suspender las actividades de exploración offshore en las aguas del Mar Argentino que bañan esa ciudad costera. De cualquier manera, el reclamo no quedó definitivamente resuelto: el magistrado solicitó informes sobre el proyecto "Argerich-1" que inicialmente fue cuestionado en el expediente y refiere al proyecto de exploración sísmica en la zona. Respecto de los riesgos ambientales aducidos por la fundación, el juez informó al Estado nacional que en los informes sucesivos deberá "referirse especialmente al cumplimiento por parte de la Argentina del deber de información derivado del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, así como del Convenio de Cooperación sobre Preparación y Respuesta a Incidentes de Contaminación del Medio Marino por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas, respecto de la República Oriental del Uruguay". 

En lo vinculado al posible impacto en el cambio climático, el funcionario resolvió que el Estado nacional deberá "proveer toda la información con que cuente referida a las metas comprometidas por el Estado Argentino en relación a las emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI), sobre la compatibilidad de éstas con los proyectos de exploración y explotación petrolera cuestionados".

El pasado 20 octubre, una embarcación de Greenpeace intentó acercarse a un buque que realizaba estudios sísmicos y que, tras la intervención de la Prefectura, se vio obligado a regresar al puerto de Piriápolis, en Uruguay. El incidente ocurrió días después de que la Corte Suprema hubiera rechazado los planteos de las organizaciones ambientalistas que buscaban frenar trabajos que denunciaban por un eventual daño ambiental. Esa denuncia que la Corte rechazó en noviembre y que hasta entonces mantuvo trabado el proyecto comenzó sobre el final del año 2021 cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el el comienzo de los trabajos. La razón esgrimida entonces fue que la iniciativa podría afectar el ecosistema marino. Ese litigio había llegado a la Cámara Federal de Apelaciones y cuando se presentó un recurso extraordinario de queja, éste quedó en manos de la Corte, que por entonces resolvió desestimar los planteos.