Enfatizó que nada más alejado de la realidad una afirmación en torno a que Formosa brinda impunidad a presuntos represores por cuanto “todas las denuncias que se han realizado encontraron eco en el ámbito judicial correspondiente”. En Formosa se avanzo mucho en juzgar la conducta de estos asesinos y se sigue avanzando en este sentido.

Lamentó que “desde un posicionamiento claramente político individual se pretende desvirtuar los hechos con imputaciones que solo aportan una lectura parcial y confusa que en nada contribuye” y enfatizó: “la verdad histórica no será tergiversada por esas subjetividades políticas”.

“Es el Poder Judicial, no otro, el que en un sistema republicano tiene la responsabilidad de actuar en las denuncias sobre aquel pasado que tanto dolor ha causado a Argentina”, recalcó Roble.

El abogado puso de relieve que el Ejecutivo “tiene una activa política de acompañamiento al Poder Judicial, del fuero federal como provincial” por eso “nada más alejado de la realidad la afirmación respecto a que existe una connivencia para la impunidad” de quienes están imputados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, apunto Roble.

“Los hechos marcan claramente que en Formosa, como sucede en otros puntos del país y a nivel nacional, se llevan adelante los juicios contra quienes están imputados de cometer delitos de lesa humanidad. Esto es consecuencia a que el gobernador Gildo Insfrán acompañó desde un primer momento el proyecto de país que se instauró con Néstor Kirchner y que continúa y se profundiza con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, dijo Roble.

Recordó el dirigente justicialista que “gracias a estas claras convicciones los delitos de lesa humanidad fueron declarados imprescriptibles, cayendo de esa forma los decretos de indulto y las leyes de punto final y obediencia debida”.

“Es por ello que los juicios por la verdad histórica se pueden realizar. Por una decisión política de Kirchner que fue acompañada por Insfrán. Mal se puede afirmar entonces que en Formosa se apaña a quienes pudieron haber cometido estos delitos en la última dictadura”, subrayó.

Precisó que “por derivaciones de las causas que se llevan adelante en la justicia federal fue condenado el ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo –quien ya ha fallecido- y ahora el Tribunal Oral Federal efectúa el juicio contra otras personas que están imputadas por la comisión de delitos similares”.

Afirmó Roble que “pretender recargar responsabilidades sobre el Ejecutivo provincial por la fuga de uno de los imputados –el capitán retirado Angel Spada- solamente se explica por una posición política maniquea”.

“Lo mismo que afirmar que el gobierno provincial mantiene a represores. Esa lectura de la realidad es parcial, interesada y desde el lugar político del oportunismo. No se le puede encontrar otra explicación a tamañas difamaciones”, concluyó Roble.