“Me parece que se terminó la República, como dice Lilita Carrió, realmente”. Con ironía, así respondió Alfredo Carlos Dato, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y ex diputado nacional por el justicialismo, la consulta de LA GACETA sobre la designación de veedores nacionales para que observen 33 causas judiciales en el ámbito provincial. “No conocemos esta veeduría ni en función de qué acto administrativo se la dispuso. No se conoce si realmente hay una resolución del Ministerio de Justicia (de la Nación) o si aparentemente se trata de la decisión de un funcionario cuyo rango no se puede descubrir con la información periodística”, señaló.

“El aceptar una veeduría sobre causas que están fuera de la jurisdicción del Gobierno federal, por un lado, y del juez natural de cada uno de los imputados, me parece que afecta a la República”, reiteró el ex magistrado.

En ese marco planteó: “entonces, ¿cuál es el movimiento siguiente? ¿Las conclusiones son para tramitar una intervención federal? Esto es lo único que tendría raigambre constitucional y que la debería dictar el Congreso”. Y siguió reflexionando con otra pregunta sobre el papel de los dos veedores: “¿es para sugerir medidas o modificaciones en el curso de las causas que se tramitan?”. Al respecto indicó que las partes involucradas en los trámites judiciales tienen instrumentos procesales, políticos y constitucionales para conseguir que las causas se muevan o para que eventualmente se apuren las decisiones.

Según Dato, las causas judiciales escogidas para que sean analizadas por los veedores Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, “pareciera que fueron quirúrgicamente elegidas porque involucran a actores importantes de la política y desde ese punto de vista cabría la sospecha de que es parte de un operativo que se está haciendo con los jueces de Comodoro Py a los funcionarios que tienen proceso”. “Como la mano de Comodoro Py no llega a Tucumán, quieren entrar por la ventana de una veeduría del Gobierno nacional, que me parece de absoluta ilegalidad y de desconocido objetivo”, finalizó.