El juez federal Ariel Lijo, que quedó a cargo de la investigación de las denuncias contra el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, ordenó ayer un procedimiento en la sede de la cartera sanitaria en busca de información sobre las irregularidades denunciadas respecto del reparto de vacunas contra el coronavirus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Lo hizo a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que imputó a ambos funcionarios por una presunta maniobra de “privatización” del plan de vacunación en la Ciudad, al entregarles dosis de la vacuna “Sputnik V” a centros de salud privados. También fueron denunciados por la supuesta vacunación fuera de turno de afiliados radicales en locales partidarios.

Lijo libró además un oficio al Ministerio de Salud de la Nación para que le informe cuántas dosis de esa vacuna le entregó a CABA.

Como parte de la investigación, Lijo y Stornelli buscan saber cuántos lotes de vacunas recibió el gobierno porteño de parte de las autoridades nacionales, cómo se distribuyeron en los diferentes centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada y bajo qué criterios se suscribieron convenios y, por último, quiénes fueron inoculados contra el virus de la Covid-19.

Quirós había anunciado por la mañana que el gobierno de la Ciudad estaba dispuesto a “mostrar y explicar” a la Justicia los detalles del plan de vacunación y afirmó que se suscribieron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga, de la misma manera que se hace habitualmente con otras vacunas.