Hoy, los asambleístas de Gualeguaychú marcharán hacia Uruguay a través del puente internacional General San Martín en protesta por la autorización del gobierno de José Mujica a UPM-Botnia para aumentar su producción y, en consecuencia, incrementar el daño ambiental.

Aunque en un primer momento se suponía que una multitud iba a cruzar hacia la localidad uruguaya de Fray Bentos para entregar un petitorio en manos del intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf, desde el vecino país se anticipó que se impedirá el ingreso de la manifestación.

El cierre de una frontera que diariamente es atravesada por argentinos y uruguayos por motivos familiares, turísticos, de trabajo y demás, constituye una determinación diplomática de relieve que, de producirse, ratificaría la postura del gobierno de José Mujica en favor de la empresa de capitales finlandeses y su desinterés en preservar las relaciones bilaterales.

Fue el intendente de Río Negro quien se comunicó con su par de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, para hacerle saber que sólo se permitirá el acceso al país del propio Bahillo y de cinco asambleístas. El colectivo ambiental recibió mal el requerimiento uruguayo y ratificaron la convocatoria para la hora 15.

EL FALLO. En el Senado se tratará una declaración de apoyo a la decisión de Cancillería de recurrir a La Haya impulsada por el entrerriano Pedro Guastavino. La iniciativa se debatirá en comisión mañana con el objetivo de que sea aprobada al día siguiente, en la sesión convocada para tratar el Presupuesto 2014. Y es probable que cuestiones semejantes surjan en las cámaras provinciales.

Vale la pena repasar los puntos salientes del fallo que hoy está en boca de todos y también evocar cómo se llegó a esa instancia. La decisión del tribunal internacional se conoció el 20 de abril de 2010. El cuerpo consideró que Uruguay había violado el Estatuto del Río Uruguay al permitir la instalación de la planta de manera inconsulta, pero evaluó que no se había podido establecer entonces que la pastera hubiera contaminado el río, por lo que no encontró motivos para que no siguiera funcionando.

Uruguay había autorizado la construcción de la planta en febrero de 2005 y dos meses después comenzó a construirse. En Gualeguaychú, la asamblea de vecinos reaccionó bloqueando el puente, en enero del año siguiente, por un lapso de 45 días. La demanda argentina ante La Haya fue presentada ese mismo verano, cuando también el entonces presidente Néstor Kirchner afirmó que el tema constituía “una causa nacional”.

Uno de los argumentos de la demanda fue la violación del Estatuto del Río Uruguay. En ese tratado binacional suscripto en 1975 se establecen acuerdos para el uso del curso de agua común, entre ellos el acuerdo frente a cualquier obra que pueda afectar la calidad del río, el compromiso de prevenir la contaminación y la jurisdicción de La Haya ante cualquier conflicto.

En noviembre de 2006 comenzó el bloqueo al puente por tiempo indeterminado y exactamente un año más tarde, Uruguay habilitó la planta. Un mes después del fallo de La Haya, el Estado nacional denunció a los asambleístas por el corte del paso fronterizo que ya llevaba más de cinco años y, con la llegada de Mujica a la Presidencia, se acercaron posiciones y el corte se levantó. Ambas naciones lograron un acuerdo para el control conjunto de la planta y para llevar adelante un monitoreo común.

CONTAMINACIÓN. “La República Oriental del Uruguay ha fallado en sus obligaciones vinculadas a los procedimientos que se establecen en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay”, definió la Corte de La Haya en su escrito de 282 páginas, cuya lectura pudo ser seguida en directo por la televisión argentina. Sobre ese punto, votaron a favor de la posición argentina 13 de los 14 jueces que integran el cuerpo.

La sensación de victoria se terminó cuando los jueces se expresaron acerca de la contaminación. La corte evaluó que las pruebas aportadas por Argentina mostraron algunos episodios en los que Botnia había superado los niveles aceptables de contaminación, pero opinaron que eso no podía tomarse como un patrón.

“Uruguay no ha fallado en sus obligaciones vinculadas a los artículos 35, 36 y 41 del Estatuto”, consideraron los jueces. Esos artículos son los referidos a los cuidados ambientales que debe tener el río. La Corte concluyó que “los elementos de prueba volcados en el expediente no permiten establecer de manera concluyente que Uruguay no haya actuado con la diligencia requerida o que los efluentes de Botnia hayan tenido efectos nocivos a los recursos biológicos, la calidad de las aguas o al equilibrio ecológico del río”. En ese capítulo, la votación de los jueces de La Haya fue de 11 votos a favor de la posición uruguaya contra tres.

En enero de 2011 Argentina difundió su primer informe sobre la planta y manifestó preocupación por el uso del “método de dilución” para tratar efluentes. Desde entonces, se sucedieron las presentaciones y advertencias ante los organismos pertinentes. Esta semana, Timerman reveló que UPM vuelca efluentes a 32 grados, mientras que la temperatura del río no debe superar su promedio de 20 grados. Esos efluentes contienen 0,9 miligramos de fósforo por litro (lo permitido por la legislación uruguaya es un máximo de 0,025 miligramos), pesticidas y endosulfán (químico prohibido durante el gobierno de Mujica). También los muestreos detectaron que el cromo y los fenoles están presentes en efluentes y pluviales un 400% por encima de lo permitido.

La crisis en torno de la pastera comenzó a recrudecer el mes pasado, cuando Lafluf informó que UPM-Botnia había advertido que debería frenar temporalmente su actividad si no obtenía respuesta favorable al pedido de aumentar la producción. Cada año desde su puesta en marcha, la planta completa su ciclo de producción en octubre, mes en el que alcanza el máximo anual permitido. En 2013, aceleró el ritmo y llegó a ese punto en agosto, lo que derivó en que numerosos trabajadores quedaran sin funciones.

Así se forzó la decisión del gobierno uruguayo de autorizar la ampliación de la producción. La semana que viene, anticipó el ministro de Relaciones Exteriores, se dará a conocer un informe completo.

La Prefectura uruguaya dispuso un alerta el jueves y diseñó un operativo especial para hoy: habrá un refuerzo importante del personal que habitualmente custodia el paso fronterizo con hombres de otros distritos uruguayos y, además, se desplegarán embarcaciones en el lado oriental del río.