Por José Maldonado

La primera, en abril, golpeó duro al gobierno de Javier Milei con una foto multitudinaria. Ahora viene la segunda: este miércoles, estudiantes, docentes y gremios educativos protagonizarán una nueva marcha federal contra el ajuste del gobierno libertario. Buscan, también, lanzar una advertencia al veto presidencial que dejará sin efecto la recientemente sancionada ley de financiamiento universitario.

Como ocurrió meses atrás, el sector educativo no estará solo en las calles que rodean al Congreso: contará con el el respaldo de CGT, buena parte del arco opositor y el simbolismo de una parte de la clase media que fue derrumbada y vive en carne propia la terrible estadística oficial que reveló que el 53% de la Argentina vive por debajo de la línea de la pobreza.

Bajo el lema "La Universidad no es el problema, es parte de la solución", la convocatoria apunta a replicar lo que ocurrió en abril pasado, en lo que fue la primera gran marcha nacional de las casas de estudios y que obligó al gobierno libertario a retroceder en su enfrentamiento con la comunidad educativa. Esta vez, y con la amenaza del veto a la ley que garantizaría los fondos, la manifestación buscará enviar un mensaje a la oposición en el Congreso, que deberá revisar y refrendar esa decisión anunciada por Milei.

 

 

La foto de abril dejó moretones en un gobierno que, a diferencia del veto presidencial al aumento a las jubilaciones que fue promocionado apenas se votó la ley en el Congreso, esta vez la Casa Rosada se tomó su tiempo para intentar negociar con los rectores un control del daños para morigerar el impacto de esta segunda marcha.

La administración de Milei, por otro lado, admite que esta vez el panorama asoma más complicado para lograr blindar el rechazo presidencial en la Cámara de Diputados, tal como pudo hacer con el veto a la reforma previsional que fue respaldado por un grupo de radicales que se pintaron de violeta. Una de las banderas de la UCR es la educación universitaria pública.

En defensa de las universidades

El acto central será a las 17, pero la concentración comenzará pasado al mediodía en distintos puntos de las adyacencias del Congreso. Las columnas principales que avanzarán por las calles, con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich en modo stand by, serán las del Frente Sindical que agrupa a gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional. Acompañarán la CGT, las dos CTA, la UTEP, movimientos sociales, grupos piqueteros, organismos de derechos humanos.

Desde la política partidaria ya confirmaron su presencia integrantes de ambas cámaras, parte de la dirigencia de la UCR, del peronismo, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal, otrora aliado sistemático de La Libertad Avanza.

La organización espera, además, la asistencia de autoconvocados en defensa de la educación pública, que fueron un elemento clave en la masiva movilización de abril pasado. Para asegurar más impacto, la marcha en el epicentro porteño tendrá réplicas a la misma hora en casi todas las provincias. Además, los estatales de ATE llamaron a un paro de 24 horas para participar de la jornada de protesta.

Operativo en las calles

El Ministerio de Seguridad informó que no habrá implementación del protocolo antipiquetes porque la movilización cuenta con autorización del área de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, que dio luz verde para el uso del espacio público sobre la Plaza del Congreso para el acto. La cartera de Bullrich dispondrá de un doble vallado de contención sobre el edificio legislativo. Aunque la marcha universitaria de abril pasado se realizó sin incidentes y en forma pacífica, sobrevolará el fantasma de la represión a cargo de las fuerzas federales de las últimas movilizaciones de jubilados.

La defensa de la ley de Financiamiento Universitario que el Congreso sancionó semanas atrás es la consigna central de la protesta. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

La visión del Gobierno

A pesar de esos números, para el Gobierno la norma pone en peligro el equilibrio fiscal, por lo que anticipó que la vetaría por completo, si bien se tomó su tiempo. La medida fue confirmada por el vocero Manuel Adorni. En la previa de la marcha, el Gobierno salió al cruce de los gremios con una denuncia sobre supuestas maniobras de las universidades que "inventarían" alumnos inexistentes para cobrar más fondos, según dijo Carlos Torrendel, el secretario de Educación.

Adorni se sumó a esa acusación este martes. Durante su conferencia de prensa, apuntó contra la cantidad de estudiantes que, según el funcionario, “aprobaron solo una materia” o de los cuales “no hay ninguna información”; y contra los extranjeros que utilizan la universidad pública argentina: “El 21.8% de los estudiantes de medicina es extranjero. Otro costo exorbitante que en algún momento tenemos que debatir”, argumentó.

En tanto, Capital Humano, el ministerio que conduce Sandra Pettovello difundió un comunicado en contra de la movilización, a la que calificó de "política", al tiempo que señaló que el conflicto con el sector "responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo".