La oposición salió a criticar con dureza la decisión del intendente Guillermo Montenegro de implementar las fotomultas en la ciudad sin el aval del Concejo Deliberante.

“Turbio”, “irregular” y “fuera de la ley” fueron algunos de los calificativos que usaron desde el Frente de Todos, Acción Marplatense y Crear para cuestionar la medida que retira el proyecto del debate legislativo y la contratación directa del sistema con la Universidad de San Martín.

Desde el kirchnerismo señalaron que “se debe llamar a licitación para garantizar la transparencia”. “Es un expediente muy polémico que afecta el bolsillo de las vecinas y los vecinos, y que esconde algo turbio de fondo; adulteraron el expediente, cambiaron el voto de un concejal y hoy deben recurrir a este procedimiento vergonzoso, porque están desesperados”, manifestaron la presidenta del bloque Marina Santoro y el concejal Vito Amalfitano.

En ese sentido, sostuvieron: “De cada 100 pesos que el vecino va a pagar, sólo 24 quedan en la ciudad: el resto se lo llevan afuera y no va a generar trabajo acá”. “Nos preocupa mucho esta avanzada del intendente Montenegro que en la desesperación por aprobar este convenio turbio, abre el paso a un negocio que va en contra de la ciudad y que nada tiene que ver con la seguridad vial”.

Por su parte, el bloque de concejales de Acción Marplatense también manifestó se rotundo cuestionamiento a la contratación directa realizada por el intendente. “Difícilmente se puede cuidar a los vecinos incumpliendo la ley. Una contratación de esta magnitud no puede hacerse en forma directa bajo la mascarada de una Universidad que no sabemos si sabe algo de tránsito pero si tenemos claro que no fabrica cámaras.” dijo el presidente del bloque, Horacio Taccone.

El concejal también refutó el argumento del cambio de la ley Orgánica de las Municipalidades que empleó el gobierno local para justificar la contratación directa. “La Ley Orgánica permite contratar en forma directa con organismos del estado aquello que auténticamente los organismos pueden brindar para un mejor servicio. Pero en este caso se contratan cámaras y la Universidad de San Martín no fabrica cámaras, sino que las compra a alguien que tendrá una renta, que saldrá del bolsillo de nuestros vecinos y vecinas y que para asegurarse el negocio no compite en una licitación transparente”, afirmó. Y, enseguida, disparó: “Hay una trampa“.

Además, Taccone anticipó que su bloque ingresará un pedido de informes que permita documentar cuál será el costo de esta iniciativa y cuánto quedará en las arcas del municipio. “Ya sabemos que muchos incautos pagarán multas altas que les cobrará una ciudad sin señalética visible, sin información clara y para una empresa que se esconde”, aseguró.

El concejal del bloque Crear, Alejandro Carrancio, también criticó con dureza la decisión del intendente y afirmó que es “un negocio para un tercero”. “Acá hay un expediente que plantea una serie de irregularidades. Se contrata de manera directa a una universidad para que instale cámaras cuando no fabrica cámaras”, criticó el concejal. Y, enseguida, cuestionó el porcentaje que le quedará al municipio de lo recaudado: “De cada 100 pesos, 76 se van afuera de la ciudad. Mienten cuando dice que el 100% de lo recaudado va a ser para cuestiones viales. Quiere confundir a los vecinos. El negocio es para un tercero porque se contrata a través de un artilugio una universidad que no fabrica cámaras. Siendo bien pensado es extraño”.

Carrancio además recordó que el tratamiento del expediente en el Concejo comenzó “de manera irregular con una hoja arrancada para cambiar los giros a comisiones”. “Como perdían la votación de las fotomultas, van a retirar el expediente e instalar las fotomultas de una manera poco clara incumpliendo la ley. Es un expediente que no transparenta los verdaderos objetivos que puede tener el municipio: hay una necesidad de instalar las cámaras”.