Fuertemente custodiado por la policía, con cara de preocupación y visiblemente cansado luego de pasar una tensa noche en vela. En esas condiciones abandonó ayer a la tarde la Municipalidad de Concepción el intendente Roberto Sánchez (Cambiemos). Había permanecido durante más de 12 horas atrincherado en su despacho junto a una decena de funcionarios, rehenes de un grupo de personas que mantenía sitiado el edificio desde anteanoche.

Los protagonistas de la violenta protesta, que incluyó la quema de cubiertas, disparos al aire y amenazas de muerte contra el jefe comunal, fueron militantes kirchneristas que habían sido designados en la planta permanente por el intendente saliente, Osvaldo Morelli, días antes de abandonar el cargo, y que Sánchez resolvió cesantear.

Sánchez, quien asumió el pasado 31 de octubre poniéndole fin a una gestión de 12 años del kirchnerista Morelli, denunció que antes de irse su antecesor firmó 470 nombramientos en la planta permanente del municipio, que pasó de 650 empleados que había antes de los comicios provinciales de agosto a más de 1100.

"Ésta es una bomba que nos dejó activada el arquitecto Morelli y ahora nosotros tenemos que desactivarla", resumió Sánchez para graficar la crítica situación que atraviesa su flamante gestión en Concepción, ciudad distante 80 kilómetros al sur de esta capital y que cuenta con poco más de 70.000 habitantes.

Según el intendente opositor, las designaciones de Morelli dejaron a la comuna en una situación deficitaria, por lo que decidió suspender los nombramientos para revisar caso por caso. En la intención de destrabar el conflicto, Sánchez se comprometió a respetar las designaciones de unas 160 personas, que son las de mayor antigüedad, mientras que a otras tantas se les permitiría seguir con los contratos que tenían antes del decreto de Morelli. Las negociaciones se encaminaban anoche a algún tipo de acuerdo.

"A los que realmente venían trabajando se los va a dejar en las mismas condiciones que estaban antes de octubre. No queremos dejar sin trabajo a nadie", argumentó. Sin embargo, Sánchez aseguró que pudieron constatar que "más de 80 personas de las que fueron designadas no tienen ningún antecedente laboral en la municipalidad, sino que se trata de punteros políticos de Morelli". El dirigente opositor justificó su decisión de despedir a esos empleados "porque era injusto que pasen a planta permanente cuando hay otros trabajadores que están contratados desde hace años".

Pedidos de detención

Al cierre de esta edición, la policía se disponía a cumplir con una orden judicial para proceder a la detención de 11 personas que participaron de las protestas en la municipalidad, cuyos accesos permanecieron bloqueados durante 12 horas, y al frente del domicilio particular de Sánchez, donde quemaron cubiertas y lanzaron amenazas.

Los manifestantes enfrentan cargos por los delitos de sedición, amenazas y daños, en una investigación que lleva adelante el fiscal Jorge Echayde, a instancias del ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, quien ayer viajó al lugar de los hechos.

Sánchez denunció a las personas que participaron de la protesta por "privación ilegítima de la libertad" y amenazas de muerte. "Fueron a mi casa, amenazaron a mi familia, arrojaron bombas de estruendo e hicieron tiros. Es lamentable lo que está pasando", expresó el dirigente radical, quien en los comicios del 23 de agosto venció a Franco Morelli, hijo del intendente saliente, con el 51% de los votos.

Por su parte, el gobernador Juan Manzur dijo que lo ocurrido en Concepción "es un hecho gremial y no político", aunque aseguró que ordenó a las fuerzas de seguridad que adopten las medidas necesarias "para garantizar la seguridad" de todos los habitantes de esa localidad. "No vamos a tolerar ningún hecho sedicioso o violento. Vamos a llegar a una solución dentro del marco del consenso, el diálogo y el respeto por las instituciones democráticas", agregó el mandatario kirchnerista.

En tanto, el diputado nacional y principal referente local de Cambiemos José Cano, quien ayer se trasladó a Concepción para solidarizarse con Sánchez, responsabilizó a Manzur por lo ocurrido. "La conducta casi delictiva de Morelli es avalada por Manzur y por una Justicia cómplice que permite que el municipio esté sitiado durante horas. Una vergüenza", sostuvo el diputado radical, quien mantuvo un fuerte entredicho con las personas que protestaban frente a la intendencia.

El referente opositor también apuntó dardos al candidato presidencial del kirchnerismo. "Daniel Scioli avala, con su silencio cómplice, este tipo de maniobras. Está pasando en los municipios de Buenos Aires donde perdieron y ocurre aquí en Tucumán. Se tiene que terminar con este tipo de conductas que violentan la Constitución y las normas", concluyó Cano.