La decisión de declarar el estado de emergencia en seguridad en Tucumán había sido anunciada inesperadamente a principios de abril en la Casa de Gobierno. La firma del documento mediante el que el gobernador, Juan Manzur, adheriría al decreto presidencial N°228/2016 era entonces inminente, según las autoridades. Cuatro meses después, sin embargo, la iniciativa se diluyó hasta desaparecer. 

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, confirmó ayer a LA GACETA que la declaración de emergencia no se concretará. Explicó que se debe a que, cuando enviaron el texto a la Fiscalía de Estado para la revisión legal, esa oficina advirtió que existía una ley provincial vigente desde 2006 que preveía el estado excepcional para la “infraestructura edilicia y sus servicios” en varias áreas, entre ellas, la de seguridad. 

“La norma nacional es muy amplia, incluye cuestiones federales, de fronteras y de aduana por ejemplo. La local es más específica y nos permite gestionar ante la Nación lo que necesitamos”, puntualizó Amado. 

Aseguró que, amparándose en la ley, gestionan en el Ministerio de Seguridad de la Nación equipamiento como chalecos antibalas y armas; cámaras de vigilancia y centros de monitoreo y camionetas y motos. Así también como dinero para mejorar las instalaciones En paralelo, requieren ante el Ministerio de Justicia una nueva cárcel para reemplazar a la de Villa Urquiza y una alcaldía. 

“Si la Nación cree que tenemos que llegar a firmar el decreto, no habría problema de hacerlo”, relativizó Amado sobre la relación con la Nación. El presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura, Javier Pucharras, se mostró de acuerdo con que el Gobierno provincial haya desistido. “Seguramente las áreas competentes del Ejecutivo hicieron una valoración y, como son los que delinean las políticas, si definieron eso me parece lo correcto” , opinó. El 19 de enero, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, rubricó el decreto 228/2016, que declara la emergencia de seguridad pública en el país para “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”. 

En el extenso texto se incluyen desde operativos en puertos hasta la polémica ley de “derribo” de aeronaves sospechosas. En paralelo, creó también un fondo de $ 800 millones para distribuir entre los distritos. 

Amado, miembro del Consejo Federal de Seguridad (está integrado por los funcionarios provinciales y nacionales del área), había firmado tiempo después un compromiso con la ministra de la Nación, Patricia Bullrich, para adoptar el decreto en los puntos inherentes a la jurisdicción provincial. 

El 5 de abril, el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman -en ejercicio del Ejecutivo porque Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo estaban en Buenos Aires- anunció la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y su posterior tratamiento en la Legislatura. 

Tres motivaciones habían impulsado a la Provincia a emprender el camino hacia la emergencia. La primera era política: la Casa Rosada había pedido explícitamente a las provincias que dictaran instrumentos en consonancia con el de la Nación. La segunda era la necesidad de dinero para mejorar el estado de algunas comisarías y de la cárcel y de contar con más equipamiento para la Policía. La tercera fue la demanda social por los problemas de inseguridad. 

En los últimos meses, sí adhirieron las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Misiones, Mendoza y Chubut.